Ex directores del ENIM rechazaron denuncia

CUTRAL CO (ACC) – El ex directorio del Ente Intermunicipal -ENIM- y los síndicos durante esa gestión respondieron ayer la denuncia formulada por su participación en el proceso de pesificación del dinero del organismo. Desmintieron que la pesificación haya sido voluntaria y aclararon que el denunciante fue apoderado y asesor legal del ente y no objetó ninguna decisión del proceso.

Ayer, los ex directores Gabriel Cancio, Néstor Cañupán, Fernando Quezada, Daniel Méndez, y los ex síndicos Manuel Hugo Castro y Oscar Ordóñez, respondieron los dichos del abogado Ignacio Di Maggio y el diputado Carlos Moraña (FAEN). Calificaron las declaraciones como de «mala fe» e inexactas. Enseguida aclararon que «los fondos del ENIM depositados en dólares al mes de diciembre 2001 en el BPN y el Banco Credicoop nunca fueron pesificados voluntariamente».

Dijeron que tal lo dispuesto por el decreto 214/02 del gobierno nacional, todos los depósitos en dólares fueron pesificados por el Estado en la relación 1 dólar igual a 1,40 pesos en febrero de ese año. Su validez fue confirmada por la Corte Suprema de Justicia.

Agregaron que el proceso llevado a cabo no mereció «objeción alguna» por part del Tribunal de Cuentas de la provincia. Los ex funcionarios del ente criticaron el accionar de Di Maggio, quien durante el cuestionado proceso de pesificación, «se desempeñó como apoderado y asesor legal del ENIM participando como tal de todas las decisiones adoptadas por el directorio, no emitiendo en tal carácter objeción alguna».

Los datos que, según los ex directores son tergiversados por Di Maggio para fundamentar la denuncia, «fueron obtenidos en su calidad de abogado del ENIM». Esto llevará a iniciarle acciones legales en su contra por «abuso de confianza, violación de secretos y violación de correspondencia».

Los ex directores aludieron a cuestiones éticas porque el abogado «sin haber renunciado al poder otorgado por el ENIM el que se encuentra vigente simultáneamente se desempeñó como abogado de empresas beneficiarias de créditos», otorgados por el organismo. Entre ellas Pehuén Fund S.A. y Petrolera Argentina S.A., que actualmente está en juicio contra el ente.

Luego expresaron que estas declaraciones las formulan para informar a «la comunidad correctamente» y no encierran «pretensiones políticas como sí lo hace quien busca en la exposición mediática la forma de figuración ante la falta de ideas». Finalmente, reiteraron su disposición de colaborar con la justicia.

La fiscalía formuló una acusación por el presunto delito de defraudación a la administración pública.