Ex funcionaria de Roca deberá restituir 20.000 pesos

ROCA (AR).- La ex directora de Recursos Humanos del municipio roquense, Samantha Piucill, fue condenada a pagar algo más de 20.000 pesos a la comuna, para reparar el perjuicio provocado al erario público cuando decidió aumentarle el sueldo a seis empleados sin haber respetado los pasos administrativos correspondientes. La decisión fue adoptada por los miembros del Tribunal de Cuentas que terminaron su mandato en diciembre de 2003, pero trascendió recién ahora, cuando los nuevos contralores ordenaron a la Asesoría Legal ejecutar la sentencia. En este sentido, se supo que la ex funcionaria aceptó su responsabilidad y padecerá un embargo del 20 por ciento del sueldo que percibe actualmente como directora en la Secretaría de Comunicación de la provincia. Piucill se desempeñó al frente de Recursos Humanos hasta agosto del año pasado, durante la administración del radical Ricardo Sarandría. De acuerdo a los informes oficiales, el caso investigado se remonta a octubre de 2002, cuando se detectó que seis agentes se encontraban subrogando categorías superiores sin que existieran las obligatorias resoluciones para oficializar los incrementos salariales. Así fue que el 20 de noviembre de ese año el Tribunal de Cuentas inició un sumario de investigación, que concluyó el 18 de noviembre de 2003 con la condena a la ex funcionaria y la decisión de hacerla ingresar al municipio la suma de 15.448,11 pesos (el monto pagado en forma indebida) más los intereses correspondientes, una cifra que actualmente supera los 20.000 pesos. En su defensa, la ex directora de Recursos Humanos alegó que contaba con la autorización verbal para disponer los aumentos, pero el Tribunal de Cuentas consideró que “la única garantía para los administrados de que la cosa pública se maneje con mediana responsabilidad, es según Manuel García Diez, la que impone en el derecho administrativo la forma escrita”. El órgano contralor agregó que “se considera de interpretación restrictiva la admisibilidad de la forma verbal, vinculándola asimismo a la urgencia o a la calidad de cuestiones ordinarias”. En tanto, la resolución del Tribunal de Cuentas contiene durísimas conclusiones sobre la intervención del ex intendente Sarandría en el caso. El entonces jefe comunal se presentó y avaló la decisión de la funcionaria, repitiendo que hubo una autorización verbal. Sin embargo, los contralores descalificaron su actitud, recordándole que “no es parte en este proceso, y carece de legitimación para intervenir en un juicio en el cual se imputa responsabilidad a uno de sus funcionarios”. Más tarde se refirieron a la división de poderes y consideraron que “parece no ha terminado de ser entendido todavía por nuestros gobernantes, en especial por los titulares del Poder Ejecutivo, quienes, en el orden nacional, municipal, o provincial, continúan actuando con la mentalidad típica del “patrón de estancia”, dando o pretendiendo dar órdenes a diestra y siniestra”. Además de la condena a Piucill, se aplicó una multa a la jefa del Departamento de Liquidación de Haberes, Ana María Pérez, equivalente al 10 por ciento de su haber habitual, “por permitir que el acto dañoso se haya producido”. Por su parte, la entonces jefa del Departamento de Recursos Humanos, Stefanía La Vaccara, recibió un “severo llamado de atención por omitir comunicar la irregularidad de la que tenía conocimiento”. Fuentes del gabinete comentaron ayer que el caso de Piucill no es el primero que se produce puertas adentro del municipio, ya que otros ex funcionarios todavía afrontan embargos por acciones irregulares.