Ex trabajadores de YPF vuelven al estado de alerta

NEUQUEN (AN).- Los ex trabajadores de YPF que demandan su parte de acciones del programa de propiedad participada se declararon en estado de alerta y movilización ante posibles maniobras que distorsionen el proyecto de ley que tiene media sanción de Diputados e interponga nuevos obstáculos a la liquidación de esos valores.

Angel Garro, vicepresidente de la Coordinadora Nacional de ex empleados de la petrolera estatal, dijo que la mesa nacional está acéfala porque Roberto González, representante de Salta, debió dejar su cargo por irregularidades con el manejo de un subsidio, y ahora está provisoriamente el representante mendocino, Hernán Gutiérrez.

El reclamo de los ex obreros, ante la inminencia del tratamiento de la ley en el Senado, apunta a garantizar que la liquidación se comunique a los beneficiarios «dentro de los 60 días hábiles» de sancionada la ley. Garro recordó que el diputado Arturo Lafalla insinuó la posibilidad de que la deuda reclamada sea pagada «por los privados», esto es, por Repsol YPF, que en varias oportunidades negó entidad a esa demanda.

La coordinadora «observa con atención el proceso» mientras junta firmas para arrancarle al Ejecutivo nacional la promulgación al corto plazo una vez que se sancione la ley.

El jueves pasado, la Cámara baja reconoció la deuda que se mantiene con los ex agentes de YPF.

El texto que tiene media sanción indica que los ex empleados de la petrolera estatal que en su momento no recibieron las acciones de propiedad participada clase D que les correspondían, podrán percibir el valor de las mismas en bonos.

Con esa votación mayoritaria, los diputados rechazaron el veto con el que el ex presidente Fernando de la Rúa anuló en noviembre una norma que los habilitaba para cobrar sus indemnizaciones.

La ley beneficiará a unos 5.000 ex trabajadores de la petrolera residentes en Neuquén -hay más de 3.600 de las localidades de Plaza Huincul y Cutral Co-.

El gobierno nacional, a través del ministerio de Economía, es el encargado de informar de la liquidación que le corresponde a cada uno de los beneficiarios detallando cuándo y cómo cobrarán los montos que se les adeudan.

El texto legal deja en mano de los ex operarios que estaban en relación de dependencia a partir de comienzos de 1991 y que le iniciaron juicio al Estado, a «optar» por la vía judicial o por las herramientas que les otorga la ley.