Exigen a bancos que «asuman su responsabilidad»

La "mesa del diálogo argentino", amparada por obispos de la Iglesia Católica, difundió un extenso comunicado con propuestas concretas para combatir la crisis. Las ideas tienen relación con los campos de la política, la economía, la ética, las instituciones, el trabajo y la realidad social. Duros con los banqueros.

Los coordinadores del «diálogo argentino» llamaron a los bancos a «asumir su responsabilidad» por la crisis del país, bregaron por el fin de las restricciones en el circuito financiero y pidieron a los beneficiarios de «altas rentas monopólicas» que se adapten a una «economía deprimida».

Pidieron además que se realice una reforma política tendiente a garantizar los principios de «representatividad, legitimidad, proximidad y austeridad».

También reclamaron que se lancen «medidas urgentes de reactivación económica y generación de empleo, poniendo énfasis en el rol de las Pymes», y se establezcan «severas sanciones para quien desvíe los fondos destinados a la ayuda social o a quien prometa o condicione la ayuda social a cambio de apoyo político».

Efectuó, además, una «convocatoria patriótica» para que los ciudadanos que tengan ahorros depositados en el exterior los retornen al país.

En un documento titulado «Bases para el diálogo argentino», exhortó a los bancos a «asumir su responsabilidad en este momento de crisis aguda», e insistió en la necesidad de que se implementen «cuanto antes medidas tendientes a liberar las restricciones financieras».

Solicitó que se establezca «un justo equilibrio entre el derecho de los depositantes a disponer de sus ahorros y la necesidad que tiene todo el país de contar con un sistema bancario responsable que atienda con seguridad, celeridad y respeto a sus clientes».

El grupo dialoguista -que integran representantes gubernamentales, episcopales y de las Naciones Unidas- instó a las empresas privatizadas y a otros sectores que se «beneficiaron con altas rentas monopólicas» a que se adapten a «una economía deprimida, que necesita sus servicios para reencontrar la senda del crecimiento, definiendo nuevas reglas de juego y espacios de regulación, en beneficio de usuarios y consumidores».

«Con la paz social recobrada y un plan económico creíble y sostenible, será posible en el corto plazo la reconstrucción del mercado nacional, la recuperación del potencial exportador y la generación de un clima de confianza para la inversión», aseguraron los miembros de la mesa en el texto de nueva carillas. Al delinear las propuestas para el plano político, pusieron especial énfasis en que urge «abolir todas las jubilaciones de privilegio» y determinar que ningún funcionario político «pueda tener cuentas o fondos en el exterior, a su nombre o al de familiares directos».

Tras considerar que debe «equipararse a los jueces al resto de la ciudadanía en su obligación de pago de impuesto a las ganancias y bienes personales», el grupo bregó por «la libertad de los presos detenidos por reclamos sociales no violentos, en función de la paz social y la preservación de sus familias».

A los legisladores le pidieron que «traten y sancionen las leyes que reglamenten las campañas y el financiamiento de los partidos políticos».

En el plano institucional exigieron una reforma del Estado que establezca los cargos de conducción de la administración mediante «concursos transparentes» y la renovación de «todos» los organismos y entes regulares y de control de servicios».

Las propuestas

Entre las propuestas más importantes dadas a conocer ayer por la mesa de concertación figuran:

Abolir todas las jubilaciones de privilegio.

Impulsar la reforma política para asegurar los principios de representatividad.

Acordar con las provincias la fijación de un tope a los sueldos de los intendentes y funcionarios ejecutivos proporcional a cada presupuesto.

Promover la habilitación legal a candidaturas de ciudadanos por fuera de los partidos políticos.

Bregar por la libertad de los presos detenidos por reclamos sociales no violentos.

Equiparación de los jueces al resto de la ciudadanía en su obligación de pago del impuesto a las ganancias y bienes personales.

Atender prioritariamente los requerimientos financieros del PAMI.

Incorporar al presupuesto 2002 los recursos que garanticen un ingreso social con criterio universal para todas las familias pobres e indigentes.

Cancelar las deudas por salarios, aguinaldos, jubilaciones y pensiones del Estado Nacional o Provinciales.

Respetar los derechos de los ciudadanos afectados por la crisis financiera, debiendo los responsables de las entidades financieras asegurar el cumplimiento de los contratos con los ahorristas y deudores, y su derechos a la propiedad, tomando en cuenta su capacidad económica.

Comprometer a los sectores beneficiados por la devaluación cambiaria a que destinen esa renta a la inversión productiva.

Efectuar una convocatoria patriótica a los ciudadanos que tengan ahorros depositados en el exterior, para que los retornen al país.

Establecer que todos los carará el gobierno en los próximas horas».

Con la invitación a los sectores de la producción a acordar medidas de acción concretas para revertir la crisis y poner en marcha el aparato productivo el gobierno intenta dar una vuelta de tuerca al diálogo argentino en el marco de una situación económica «muy delicada».

Gobernadores de la Alianza aceptan una baja en la coparticipación

Los gobernadores de la Alianza acordaron ayer con el Gobierno aceptar un recorte de la plata de la coparticipación federal a cambio de que se coparticipe también el impuesto al cheque y se les permita dejar de pagar las deudas a la Nación.

La postura de los mandatarios de Chubut, Río Negro, Mendoza, San Juan, Catamarca, Chaco, Corrientes, Entre Ríos y del intendente porteño fue acordada en una reunión del Consejo Federal de Inversiones, previa a la reunión que al cierre de esta edición mantenían con el presidente Duhalde y Remes Lenicov por el tema.

Los gobernadores de la Alianza mantuvieron extensas reuniones para definir una postura común ante el complicado escenario de recortes que presenta la coparticipación, como correlato del desmoronamiento de la actividad económica.

«No es justo que las Provincias sigan pagando sus deudas a la Nación cuando ésta se declaró en default», planteó el chaqueño Angel Rozas, al adelantar los temas que discutirán con Duhalde. Precisó que dentro del tema específico de la coparticipación si el Gobierno piensa recortarles los 1.364 millones acordados «que coparticipe el impuesto al cheque que por ahora lo cobra la Nación pero lo pagamos todos». Los gobernadores habían firmado con el gobierno de De la Rúa y Cavallo un compromiso por el cual se reducía un 13 por ciento de los montos coparticipables, a cambio de que las provincias pudieran pagar sus deudas con un interés del 7 por ciento (las habían contraído a porcentajes mucho mayores) y no pagar el capital.

«En estos momentos, no se cumple el piso pero tenemos conocimiento de que Duhalde ha manifestado a un conjunto de gobernadores que garantizara por 90 días el piso de fondos coparticipables, lo que considero una buena decisión política», manifestó Rozas.

Por su parte, el rionegrino Pablo Verani apuntó que junto a sus colegas plantearán «que si la coparticipación es a suerte y verdad de lo que se recauda, que sea sobre la coparticipación que nos corresponde».

De otra forma, señaló que las provincias presionarán para «convenir un nuevo piso (del monto coparticipable) y un tratamiento de la deuda que nos permita un desenvolvimiento que nos permita el pago de las obligaciones esenciales y mantenimiento del presupuesto de salud, educación y seguridad».

Verani: «¿Qué marcha y qué plan?»

BUENOS AIRES (ABA) – El gobernador rionegrino, Pablo Verani, no esquivó las definiciones políticas al retirarse ayer del CFI, donde se reunió con sus pares radicales.

Sostuvo que hay una curiosa unión de la izquierda y la derecha que insiste con el pedido de elecciones presidenciales. Verani se mostró contrario a ese reclamo (entre otros de Elisa Carrió y Ricardo López Murphy), sosteniendo que «existe un proceso institucional en marcha que debe respetarse».

Verani manifestó un moderado apoyo a la gestión de Duhalde, aunque se negó a afirmar que exista una alianza entre el alfonsinismo y el actual presidente. Empero, tomando cierta distancia del veterano líder radical, señaló que si bien los gobernadores también fueron oídos por De la Rúa, «una cosa es ser oídos y otra escuchados».

El mandatario provincial afirmó que se cumplió con dos aspectos que eran prioritarios como «la suspensión (sin negarla) del pago de la deuda, y de los intereses», al tiempo que consideró que existen varias cuestiones pendientes que van desde la salida del corralito, hasta la definición sobre que se va a hacer con la coparticipación.

«¿Qué marcha y qué plan?», respondió con ingenio Verani cuando se lo consultó sobre la marcha del actual plan económico.

Añadió que todavía se está buscando el camino. «Es perentorio encontrarlo porque de las tres etapas: estancamiento, retroceso y anarquía, está el peligro de deslizarnos hacia la última».

En relación a los temas que los mandatarios de la Alianza se aprestaban a tocar anoche en Olivos con Duhalde, destacó «el presupuesto y el rol de las provincias en la negociación de la deuda internacional».

En cuanto al planteo de su provincia, Verani adelantó que advertirá que si la coparticipación se va a reducir se distribuya todo lo que ingresa: impuesto al cheque, lo proporcional del impuesto a los combustibles, 3 % de IVA y el 15 % de previsional.


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