Exigen intervenir el Colegio de Agrimensores

VIEDMA / ROCA (AV / AR).- El Consejo Profesional de Ingenieros, Agrimensores y Técnicos de la Ingeniería y Arquitectura de Río Negro vive días convulsionados.

Unos 15 matriculados de Viedma presentaron una denuncia por presuntas irregularidades contra el titular de la entidad, Roberto Fieg, reclamando a la Inspectoría General de Personas Jurídicas que intervenga la organización.

Las acusaciones se orientan al manejo administrativo de la entidad y el contable de la Caja Previsional, que concentra los aportes jubilatorios de los casi 900 profesionales afiliados de la provincia.

Como respuesta, Fieg indicó que ya puso a disposición del organismo provincial toda la documentación que acredita cómo se maneja el Consejo y la Caja. Además vinculó las denuncias con el proceso electoral que vive la entidad en la capital rionegrina, que en un futuro cercano debe renovar sus tres representantes en la Comisión Directiva.

Según la palabra de los matriculados viedmenses, el malestar comenzó luego de reclamarse copias de las actas de reuniones de Comisión Directiva, porque el pedido fue respondido con dos juegos distintos, que presentan discrepancias y reflejan supuestas graves anormalidades.

Víctor Stangen y Marcelo Lupiano, entre otros, pusieron como ejemplo faltas de foliaturas e incongruencias con las firmas. Indicaron que en algunos casos no está la firma del Tesorero pero figura como presente y en otras oportunidades se incluyó la firma de un consejero en constancias de votaciones y/o deliberaciones pero estaba ausente con aviso.

Fieg explicó que efectivamente hay ausencias en las reuniones y las firmas «son posteriores», teniendo como sentido el de refrendar lo decidido en las reuniones.

Los denunciantes también señalaron que un delegado visador determinó sin autorización un aumento de sueldo para sí mismo. Esto fue admitido por el presidente del Consejo, afirmando que «nadie puede prever una irregularidad de este tipo hasta que se concreta y por eso una vez que fue detectada se ordenó dar marcha atrás y se sancionó al delegado».

Los matriculados fundamentaron su pedido de intervención con otros elementos, como las demoras en la aprobación del balance 2003 -que se discutió hasta diciembre de 2004-, mencionando que en una de las actas Fieg explicó al consejo reunido en pleno sus dudas manifestadas por correo electrónico, donde se observaba que en el balance existe una diferencia entre los valores pactados en un acuerdo judicial celebrado con arquitectos de la provincia y los registrados en el mencionado cálculo de gastos y recursos.

«Los consejeros vivimos a 500 kilómetros de distancia, entonces nos tenemos que comunicar por mail. Puede ser que de allí surja alguna desprolijidad en la confección de una resolución, pero no hay nada ilegal. Además, las demoras en la aprobación del balance se dieron porque no había total acuerdo y nadie iba a firmar algo sobre lo que no coincidía», respondió Fieg.

Sobre el acuerdo con los arquitectos, dijo que «es absolutamente legal y para eso se le entregaron las constancias a Personas Jurídicas».

Respecto del manejo de la Caja Previsional, los matriculados criticaron la utilización discrecional de los fondos pertenecientes a la entidad, un tema sensible ya que habría nueve millones de pesos en aportes de los matriculados depositados en plazo fijo.

También hablaron de presuntas anormalidades, ya que se facultó a firmar en nombre de la caja al contador Víctor Lapuente y a la gerente Liliana Cristóbal, pero en las resoluciones «se autodesigna Fieg, contradiciendo la voluntad e instrucciones de la comisión directiva» cuando «la caja debe tener autoridad propia».