Eximen de prisión al encargado de registro
Prohíben salir del país a Romero, acusado de malversación de fondos
JUNÍN DE LOS ANDES (ASM) – El juez de Instrucción Penal Federico Sommer concedió la eximición de prisión de Fernando Romero, el suspendido encargado del Registro del Automotor de San Martín de los Andes que está imputado por presunta malversación de fondos, pero al mismo tiempo le impuso una caución real de 100.000 pesos y la prohibición de ausentarse del país sin consentimiento judicial previo. De este modo, el magistrado de la Cuarta Circunscripción resolvió el pedido de la defensa del hasta ahora único imputado en la causa. Romero aparece involucrado en una supuesta maniobra consistente en retener a los contribuyentes el importe del impuesto de Sellos por sus distintas operaciones en el Registro del Automotor, pero depositando luego una cifra inferior a la realmente percibida. La diferencia podría alcanzar casi los dos millones de pesos, a lo largo de los últimos dos años. La Dirección Provincial de Rentas detectó la maniobra y dio cuenta a la Fiscalía de Estado, que a su vez dio curso a la denuncia ante los tribunales de Junín de los Andes, cuya jurisdicción para el fuero penal alcanza a San Martín de los Andes. Uno de los aspectos cruciales a dilucidar en la investigación es si Romero efectivamente fue responsable de los hechos que en esta etapa del proceso se le imputan, y/o si eventualmente hubo algún otro funcionario o empleado involucrado. Mientras tanto, el ministerio de Justicia de la Nación dispuso la intervención de las oficinas locales del Registro Automotor, enviando una funcionaria para hacerse cargo de esa misión, y a varios inspectores para realizar una las pericias administrativas, sin perjuicio de las actuaciones que disponga la justicia Penal. Como se apuntó, luego del pedido de la Defensa de Romero, que se concretó el pasado lunes, el juez Sommer resolvió la “exención de prisión” para el imputado, pero le impuso, durante la sustanciación del proceso, la prohibición de ausentarse del país sin previo autorización judicial y con oficio de la Dirección Nacional de Migraciones.
JUNÍN DE LOS ANDES (ASM) - El juez de Instrucción Penal Federico Sommer concedió la eximición de prisión de Fernando Romero, el suspendido encargado del Registro del Automotor de San Martín de los Andes que está imputado por presunta malversación de fondos, pero al mismo tiempo le impuso una caución real de 100.000 pesos y la prohibición de ausentarse del país sin consentimiento judicial previo. De este modo, el magistrado de la Cuarta Circunscripción resolvió el pedido de la defensa del hasta ahora único imputado en la causa. Romero aparece involucrado en una supuesta maniobra consistente en retener a los contribuyentes el importe del impuesto de Sellos por sus distintas operaciones en el Registro del Automotor, pero depositando luego una cifra inferior a la realmente percibida. La diferencia podría alcanzar casi los dos millones de pesos, a lo largo de los últimos dos años. La Dirección Provincial de Rentas detectó la maniobra y dio cuenta a la Fiscalía de Estado, que a su vez dio curso a la denuncia ante los tribunales de Junín de los Andes, cuya jurisdicción para el fuero penal alcanza a San Martín de los Andes. Uno de los aspectos cruciales a dilucidar en la investigación es si Romero efectivamente fue responsable de los hechos que en esta etapa del proceso se le imputan, y/o si eventualmente hubo algún otro funcionario o empleado involucrado. Mientras tanto, el ministerio de Justicia de la Nación dispuso la intervención de las oficinas locales del Registro Automotor, enviando una funcionaria para hacerse cargo de esa misión, y a varios inspectores para realizar una las pericias administrativas, sin perjuicio de las actuaciones que disponga la justicia Penal. Como se apuntó, luego del pedido de la Defensa de Romero, que se concretó el pasado lunes, el juez Sommer resolvió la “exención de prisión” para el imputado, pero le impuso, durante la sustanciación del proceso, la prohibición de ausentarse del país sin previo autorización judicial y con oficio de la Dirección Nacional de Migraciones.
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