Expertos creen que la disputa terminará en la Corte

BUENOS AIRES (ABA).- Los constitucionalistas Gregorio Badeni y Daniel Sabsay coincidieron en que hay que esperar el texto de la ley que resulte aprobado por el Congreso Nacional sobre estatización de las AFJP para saber en qué medida proceden presentaciones ante la Corte Suprema.

De todos modos, Badeni adelantó que es muy probable que queden afectados derechos de propiedad, especialmente de las más de 9 millones de personas que habían optado por el régimen de capitalización y ahora serán obligadas a pasarse al de reparto.

“Es un retroceso, pues se reiterará lo que viene ocurriendo con los jubilados que por no poder cobrar los reajustes que le correspondían accionaban ante el Estado, y cuando obtenían sentencia la respuesta del funcionario era: ‘es que el dinero no está’”.

Además, Badeni destacó el caso de los 12.000 empleados de las AFJP que van a quedar cesantes de los cuales al 10 % se les resguardaría las fuentes de trabajo, mientras al resto se los pretende compensar con una indemnización. También aludió al daño que pudieran sufrir aquellos obligados a comprar bonos públicos que han perdido su valor.

Asociaciones de jubilados ya han anunciado que recurrirán a la justicia, en tanto la magistrada de la Corte Suprema, Carmen Argibay, ya adelantó la posibilidad de que pronto lleguen casos ante el máximo tribunal.

Por su parte, Sabsay centralizó su argumento en el mandato constitucional que exige al Estado una “jubilación razonable”.

Sobre el proyecto de ley que el Ejecutivo ha presentado al Congreso, indicó que el mismo “no contempla las herramientas mínimamente aptas para conseguir la intangibilidad de los aportes.

“Sólo se prevé la creación de una Comisión Bicameral de Seguimiento, instituto conocido en otras materias por su total ineficacia, y que siempre tienen mayoría de legisladores oficialistas”.

Como solución para impedir lesionar los derechos Sabsay considera necesario modificar la estructura delAnses, tanto en su naturaleza jurídica de manera de dotarla de la mayor autonomía del poder político, como así también en lo que hace a su integración. “La Anses no goza de ese estatus jurídico y su directorio está sólo formado por representantes estatales, es decir sin que estén presentes los de los jubilados y los de los trabajadores”, concluyó Sabsay.

Estatismo “condicionado”

En tanto, entre los representantes de la región el bloque de diputados nacionales del Movimiento Popular Neuquino (MPN) adelantó que apoyará la estatización de todas las jubilaciones, tal como lo impulsa el gobierno de Cristina Kirchner, aunque condicionado a que se introduzcan mecanismos de garantía sobre los aportes.

Así lo adelantó la legisladora Alicia Comelli, quien defendió la implementación de un consejo tripartito integrado por representantes de los trabajadores, del sector pasivo y de la administración nacional. Un “organismo similar al que existe en Neuquén”, señaló Comelli. La legisladora subrayó el carácter “estatista” de su partido evidenciado por el carácter público del sistema previsional en su provincia.