Expolio

Redacción

Por Redacción

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El diario “El País”, prestigioso medio español, ha caracterizado como “expolio” la acción de expropiación del 51 % de las acciones de YPF dispuesta por el gobierno argentino. El expolio, según la definición del Diccionario de la Real Academia Española (DRAE), consiste en la “apropiación de algo que pertenece a otra persona de forma violenta e injusta”. Conviene conocer cuál es el razonamiento que lleva a utilizar este calificativo a un medio que, a diferencia de otros, se caracteriza por su mesura y circunspección. La crítica del diario español, que no difiere mayormente de la posición del gobierno español, va dirigida a impugnar el procedimiento utilizado para apropiarse de las acciones de una compañía privada. No cuestiona el derecho de Argentina de tener una empresa pública que lleve a efectos la política energética diseñada por las autoridades ni que se haya elegido a YPF para cumplir ese cometido. Lo que señala es que el gobierno argentino debió utilizar la vía legal para alcanzar ese objetivo. Atendiendo a la ley argentina, que en esto no difiere del resto de países, y lo previsto en el estatuto de la compañía, el procedimiento legal previsto para la compra de un paquete de acciones de YPF superior al 15 % consistía en efectuar una oferta pública de acciones (OPA) por el total de las acciones de la compañía. A esa oferta acuden los interesados en aceptar el precio ofrecido que puede luego ser objeto de negociación. Obviamente, esa vía obliga a efectuar el pago en forma previa a la cesión de las acciones. La utilización de la vía de la intervención de la compañía dispuesta por un DNU sin cumplir tampoco con lo dispuesto por la ley de expropiación –que obligaba a esperar el dictado de la ley y el pago previo de la indemnización según el artículo 17 de la Constitución Nacional- conforman un modo de actuación ilegal que se ha utilizado como modo de obviar el pago de cualquier indemnización previa o del precio fruto de un acuerdo. Esta actuación ilegal difícilmente será convalidada por la empresa Repsol. Ya ha anunciado que tampoco aceptará la asignación de valor que efectúe el Tribunal de Tasación de la Nación. El precio final de la expropiación, con toda probabilidad, lo establecerá el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones entre Estados (Ciadi). Pero como ese procedimiento demandará varios años, lo tendrá que afrontar el próximo gobierno argentino.


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