Extraños en el paraíso



Ya hay miradas extrañas en aquel "paraíso" que fue Altec para los sucesivos gobiernos provinciales.

Paraíso, en razón de que allí las sucesivas gestiones disfrutaron de las condiciones salariales de ejecutivos de una empresa privada, pero con las condiciones laborales laxas de un ente estatal alejado de miradas indiscretas, y que en más de una ocasión fue señalado como herramienta para operaciones financiero-políticas reñidas con las pautas de una sana administración y por ello "impresentables" en un organismo convencional.

Pero los extraños entraron con una venda que les tapa parte de la visión. O al menos así lo pretende el gobernador Miguel Saiz y su secretario de Empresas Públicas, Alberto Croceri, que han dispuesto que la auditoría externa debe limitarse a analizar el balance iniciado en agosto del 2003 y cerrado hace unos días.

Tal recorte implica ni más ni menos que una presunción en contra de la transparencia de lo actuado anteriormente.

Si Saiz sabe que en el balance 2002-2003 hay cifras "inmostrables" que no resistirían un "control de calidad", lo único que legalmente debe hacer es abrir las puertas para que una auditoría externa lo evalúe.

Lo contrario -es decir, lo que ha hecho- no ayuda a Altec, no ayuda a su propia imagen de mandatario y se pone muy cerca del límite externo de la legalidad.

En todo caso, lo muestra dubitativo y todavía muy ligado a presuntas "lealtades" en las que se invoca a la política, pero que en realidad parecen ligadas a un fundamento menos institucional que personal.

Así lo advirtió ya el legislador de Encuentro, Fabián Gatti, al señalar que "por mucho menos" que las limitaciones que le impuso el gobierno a Di Biase se fue antes de Altec el ex titular Adrián Brussino. Anticipó que "si la orden es no investigar para atrás, la designación no sirve de nada" y que, por lo tanto, el bloque parlamentario le quitará el apoyo a la novel funcionaria.

El tema de Altec reviste gravedad porque la tolerancia ética del ciudadano medio rionegrino ya conoce largamente de la conformación de estas "zonas grises" o cotos cerrados en el Estado provincial, blindadas al control público.

En realidad, llama la atención que el Tribunal de Cuentas no haya solicitado copia de aquel balance tan rodeado de misterio y de sospechas y que ningún fiscal lo haya reclamado para sí. Sobre todo, con las experiencias recientes (y no tanto) acerca de misteriosos drenajes de dinero del Estado, que los gobiernos no se han apurado en investigar y mucho menos en sancionar.

Ejemplo inmejorable es el de Aeronor, ese mal negocio disfrazado de utopía mediante el cual Verani y sus laderos Horacio Jouliá y Roberto Aymale prometían el súper-desarrollo aerocomercial sin evaluación de rentabilidad del proyecto, sin conocimientos en el ramo, sin responsabilidad ninguna en la asignación de partidas y avales, pero con una empresa "fantasma" y con -eso sí- dinero del Estado. Por esta causa se aprestan a iniciarles a Aymale y a sus colaboradores en Aeronor un juicio de responsabilidad que, en el peor de los casos, les ocasionará un poco de mala prensa y una multa. Todo esto, por gastar 500.000 pesos invocando un trabajo nunca realizado.

Pero esto sucede recién seis años después de la denuncia efectuada por el entonces legislador Carlos Larreguy. ¡Seis años...! Sólo para que uno de los tantos organismos de control que tiene la provincia de Río Negro evalúe si la denuncia tiene asidero y lo pase a... otro organismo de control... para que éste inicie el juicio de responsabilidad... juicio que, a su vez, demorará un par de añitos... y así sucesivamente.

No es el único caso que anda dando vueltas por allí, por los laberintos de una estructura grande y cara de control que, en realidad, nunca le ahorra dinero al Estado ni tampoco le ayuda a recuperar el dinero público que se fue por donde no debía.

Otro ejemplo es el de aquellos 500.000 pesos que debían ir a becas de estudiantes universitarios y que Griselda Gorriarán no rindió debidamente. Los expedientes han ido y venido innumerables veces, y aquella suma es actualizada a una mucho mayor, pero la estructura de control nada ha hecho para reintegrarla al erario público.

Y ni qué decir de las cerca de quince condenas por cobro indebido de jubilaciones de privilegio obtenidas por falsificación ideal de documentos públicos.

En estos días, el actual gobierno recibe quejas por la demora en la compra de elementos de primera necesidad para hospitales, escuelas y planes sociales.

La urgencia que expresan los operadores directos, aquellos que en cada ciudad de la provincia atienden cara a cara a las personas enfermas o carenciadas, recibe como respuesta que es necesario cumplir con los numerosos trámites que exige la ley.

En resumen: las partidas de dinero están, pero autorizar cada gasto es comparable a los trabajos que debió realizar Hércules.

Estos farragosos trámites son justificados precisamente como controles para evitar irregularidades y excesos.

Pero aquí las cosas vuelven a lo anterior: los controles no evitan las irregularidades y los desmanejos, sobre todo cuando grandísimos gastos son definidos como "cuestión de Estado" por las máximas autoridades de un poder o por sus funcionarios de confianza.

En fin, la gestión Di Biase en Altec tiene una oportunidad y un peligro, y la dirigente de Bariloche lo sabe. Si logra transparentar las cuentas de la empresa de informática podrá aspirar a tener futuro en la política, sea volviendo a su partido de origen, sea integrándose al radicalismo definitivamente.

De lo contrario, ella habrá perdido. Pero no será la única: la ciudadanía habrá recibido otro golpe a la altura de la confianza.

Alicia Miller

amiller@rionegro.com.ar


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