Fallidos en cadena

la semana en bariloche

Primero fue una preocupación al pasar, luego una sospecha más seria, hasta que aparecieron los reclamos airados e incluso los planteos judiciales. La secuencia de reacciones que siguieron a la confirmación de que la CEB alberga unos 3.500 litros de aceite contaminado con PCB en un depósito de puerto Moreno demuestran que la inquietud por las cuestiones ambientales llegó para quedarse. En realidad no es ninguna novedad que el interés comunitario por la pureza del agua, la tierra y el aire creció sin pausa en las últimas décadas. Pero tal vez sí lo sea que cada vez más gente le otorga máxima prioridad y que está dispuesta a definir su voto a partir de esa cuestión. Como suele ocurrir, las autoridades de control, los prestadores de servicios y las empresas que trabajan con materiales riesgosos toman nota tarde y mal de la nueva cultura. La política comunicacional de la CEB en relación al acopio del PCB fue un muestrario de fallidos. Pero no sólo hubo problemas de comunicación, ya que a lo largo de varias gestiones (desde 2001 hasta hoy) las autoridades de la empresa minimizaron el tema y sólo se ocuparon a partir de las molestas preguntas de una ONG y de la intervención de la Justicia. Fue entonces cuando los vecinos de Puerto Moreno, los padres, docentes y alumnos de la escuela 44 (ubicada a pocos metros del depósito) se enteraron de que no todo el PCB de la provincia estaba resguardado en Sierra Grande, como aseguró durante años el gobierno provincial. Aunque reconoce desde hace una década que tiene tambores y transformadores con la peligrosa sustancia, la Cooperativa nunca se inscribió en el registro obligatorio y tampoco planteó un plan de remediación’. Sus directivos actuales se empeñaron en asegurar primero que nunca usaron el refrigerante prohibido (es decir que no saben cómo llegó a sus equipos), luego que la concentración detectada es mínima (entre 50 y 500 partes por millón) y finalmente que ya estaba “en marcha” el proceso de descontaminación. Las expresiones públicas, por lo confusas, no hicieron más que retroalimentar el enojo. Los vecinos exigen ahora que el PCB sea neutralizado y que los tambores sean retirados cuanto antes del precario galpón vecino a la escuela. Su pretensión suena por completo atendible, no tanto por la peligrosidad puntual existente, sino por la sensación de que fueron víctimas de un engaño y una dilación para nada tranquilizadoras. Esa actitud de la prestadora eléctrica no hubiera llegado lejos con una fiscalización más exigente. El organismo provincial de Medio Ambiente (antes el Codema, hoy la secretaría) parece actuar sin protocolo alguno. Y sólo inspecciona, emplaza y advierte al calor de la publicidad del caso. Cierto es que el recelo popular sobre el manejo del PCB no surge de la nada, sino que es hijo de una percepción acumulada con lentitud geológica por los silencios, la desidia y el ocultamiento que rodearon durante largo tiempo a la actividad nuclear, la megaminería, los derrames cloacales y el vertido de sustancias contaminantes de todo tipo en los espejos de agua. En resumen, la desconfianza como resabio y como actitud automática tiene un por qué. Ese modo de atender desde el poder las inquietudes de la comunidad relacionadas con el medio ambiente se forjó a puro autoritarismo y condescendencia. Gobernar y administrar es también interpretar a los ciudadanos en sus intereses más puntuales. No sólo por respeto a las buenas reglas de la representación, sino también como reaseguro práctico para evitar que cualquier hecho menor derive en un conflicto de proporciones. La comunidad informada alza la voz con todo derecho y necesita respuestas. No espera gran cosa, después de todo. Apenas que los funcionarios y los prestadores de servicios (los que saben, los que mandan, los que controlan) hagan bien su trabajo.

daniel marzal dmarzal@rionegro.com.ar