Fatalidad y recurrencia

LA SEMANA EN BARILOCHE

La trágica caída de un transformador que le costó la vida a un joven operario de la Cooperativa de Electricidad (CEB) y diversas heridas a otros cuatro llenó de dolor a sus compañeros, a sus familiares y a la comunidad toda.

Con el correr de los días habrá más claridad sobre las causas. Pero lo ocurrido el último jueves no debe hacer olvidar que sólo tres días antes la conducción de la CEB había decidido echar mano una vez más al bolsillo de los clientes/asociados para recomponer su economía.

Desde la próxima factura todos recibirán una sección izquierda con la tarifa homologada por el Ente Regulador provincial (que permanece sin cambios desde hace más de un año) y en la derecha, junto a otros servicios e impuestos, un aporte “excepcional” equivalente al 15% del valor del consumo eléctrico. El nuevo mecanismo de “capitalización” fue aprobado por unanimidad en una asamblea a la que asistieron menos de la mitad de los delegados habilitados (38 sobre 79).

La justificación es irreprochable. La metodología de revisión tarifaria prevista por el marco regulatorio eléctrico fue desvirtuada hasta el ridículo por el gobierno provincial, que obligó a la CEB a presentar su pretensión tarifaria quinquenal, la sometió a audiencia pública el pasado 10 de septiembre, se tomó varios meses para su análisis, pero el esperado veredicto nunca llegó.

La prestadora había solicitado un incremento promedio del 28% para atender su “aumento generalizado de costos”.

En aquella audiencia pública los directivos de la CEB defendieron su propuesta y dijeron ajustarse al modelo de “empresa adaptada”. El Defensor del Usuario, Héctor Pistonesi, advirtió sobre la “regresividad” de la tarifa vigente y propuso que los grandes paguen un Kw/h más caro. Dijo también que si los costos de cualquier servicio público no son reflejados en la tarifa “a la larga lo paga el sistema”.

Pero todas esas consideraciones terminaron en el cesto cuando el poder político provincial decidió firmar con la Nación un acuerdo para congelar por un año la tarifa eléctrica, a cambio de otros beneficios e “inversiones” que nunca nadie precisó.

Cuando el abordaje del tema se destendiende de lo técnico hasta ese punto, termina por dejar en ridículo a los que elaboran cuadros y proyecciones, al propio defensor del Usuario -rentado con dineros públicos y contratado ex profeso- y a los pocos vecinos que confiaron en la importancia de anotarse y participar de una audiencia pública.

En ese cónclave surgió justamente una intensa polémica sobre las contribuciones especiales que la CEB impone cada tanto para equilibrar sus números. Carlos Aristegui, del barrio Pájaro Azul, había pedido por ejemplo que el EPRE “utilice su poder de policía” para obligar a la CEB a desdoblar ese cobro con código de barras diferenciado.

Martín Aguilera, del barrio Las Victorias, recordó que la prestadora usó impuso el primer aporte de ese tipo en 2006, con el compromiso de eliminarlo en 2011 y distribuir dividendos desde 2013, “pero nada de eso ocurrió”. Pistonesi, había señalado que esos cargos extra tarifa llegaron a representar para algunos usuarios hasta el 35 a 40% del precio total, y calificó a ese mecanismo como “poco transparente”.

Ahora llega otro “aporte” del 15%, para resolver el déficit que genera la “falta de tarifa”, según lo señalado por el presidente de la CEB Rodolfo Rodrigo.

Si la Cooperativa está realmente en situación crítica debería hacer mucho más por comunicar, difundir y convencer a sus asociados sobre esa realidad. Y si hay que convalidar un salvataje como el de la última asamblea, no basta que los delegados se encolumnen con lo que les dicta el Consejo de Administración.

Cada uno de ellos tiene una representación territorial y sería lógico que ante una decisión así de crucial convoquen a una asamblea de barrio y sean los propios vecinos quienes discutan el problema y les otorguen mandato.

Nada de esto ocurre en la realidad, con lo cual la impronta participativa y horizontal de las empresas de economía social vuelve a quedar en la pura declamación.

El gobierno municipal -a todo esto- también luce llamativamente ajeno. No participó de la audiencia pública de septiembre y nada tuvo para decir hasta ahora sobre la continua recurrencia a los “aportes extraordinarios” que recaen sobre los más de 40 mil usuarios eléctricos de Bariloche.

Vendría bien entonces una discusión accesoria sobre el rol que debería asumir el poder político local frente a la crisis del servicio eléctrico. Por lo pronto, la intendente María Martini sólo se ha involucrado a través del inexplicable y fallido intento de desplazar a Rodrigo de la presidencia de la CEB. En relación a las prestaciones de esa empresa hay otros temas, unos cuantos, que demandan por lo menos la misma atención.

dmarzal@rionegro.com.ar

Daniel Marzal