Fijan precio para la fruta, sin empresarios

ALLEN (AR).- Un precio mínimo de 15 centavos de dólar regirá esta temporada para la fruta de pepita destinada a la industria. Así lo estableció ayer la Mesa de Contractualización Frutícola que sesionó, en medio del clima generalizado de protestas rurales y piquetes en el Alto Valle, y aprobó este valor en base a una solicitud de la Federación de Productores de Río Negro y Neuquén.

Carlos Colavita, secretario de Fruticultura rionegrino, explicó que el precio mínimo fue fijado en base al estudio de costos realizado por la Universidad Nacional del Comahue. «La Mesa resolvió dar curso al pedido de la Federación para la fijación de un valor de 15 centavos de dólar para la fruta de industria, que surgió en función del costo de producción aprobado sin los ítems de cosecha, como raleo, seguro y otros costos», informó el funcionario.

El encuentro se realizó en la sede de la secretaría de Fruticultura, ubicada en Allen, comenzó sobre el filo del mediodía y concluyó alrededor de las 15:30.

Sin la presencia de los empresarios, que no avalan la conformación de esta Mesa con las atribuciones que le otorga la ley provincial, los productores debatieron largamente las necesidades del sector con los legisladores provinciales que la integran y las autoridades de Fruticultura.

Manuel Mendoza, presidente de la Federación de Productores, sostuvo que se esperaba un costo superior al 22 por ciento por sobre los valores «muy dispares» que se obtuvieron durante la temporada anterior, que rondaron entre los 6 y los 12 centavos de dólar, dados los aumentos en los costos de producción que afectaron a la nueva temporada.

«En esto, a la hora de fijar los precios, existen muchas posturas distintas pero hay que coincidir en que cuando se trabaja con la fruta siempre se hace para llegar a cosecha con la mejor calidad, por lo cual los costos, tanto para la fruta que se vende en fresco para afuera, son los mismos que para aquella que por distintas razones debe ser mandada a la industria», explicó.

La Mesa de Contractualización estableció a través de un acta lo acordado que comenzará a regir en breve. Se trata de un precio referencial o mínimo que deberá ser contenido por las empresas para la adhesión a la Ley de Transparencia.