Fijaron en 600 los «golondrinas» que irán a España

Ayer se firmó el convenio entre representantes neuquinos y empresarios españoles para el envío de obreros de la fruta para que trabajen en la cosecha peninsular en contratemporada. Todavía no está claro cuánto ganarán los trabajadores ni quién se hará cargo del traslado desde Neuquén. No obstante, existe un antecedente: los empresarios catalanes ya han pagado la mitad del pasaje a los obreros colombianos que hacen la misma tarea.

BARCELONA, España (Enviado especial).- Serán por lo menos 600 los trabajadores de la fruta neuquinos que tendrán dónde «pasar el invierno» el año próximo. Ayer se terminó de pulir el acuerdo entre el gobierno neuquino con empresarios y el municipio de Alcarrás para que los obreros de la fruta puedan tomar un avión y trabajar una contratemporada en esta región de Cataluña.

Finalmente, se fijó un piso mínimo de 600 trabajadores «golondrinas» para el año próximo aunque se dejó constancia de que se incrementaría a 1.000 obreros para 2002. La llegada de obreros de la fruta argentinos será progresiva para no generar un conflicto social con los trabajadores africanos que levantan la cosecha actualmente en esta región.

Estos aspectos quedaron contenidos en la letra chica de un convenio que ya habían firmado el 1 de julio también en la localidad de Alcarrás (a 160 kilómetros de Barcelona) el gobernador Jorge Sobisch y el vice alcalde de esta localidad, Luis Pastells Ferrer. El acuerdo de ayer avanzó en algunos detalles e incorporó dos importantes firmas: la de los dirigentes de la Unión de Payeses (que agrupa a los productores catalanes) y los sindicatos de empacadores y trabajadores rurales argentinos.

Las conversaciones se iniciaron anteayer con la municipalidad de Alcarrás y por la noche con la Unión de Payeses, una organización de fuerte incidencia en la estructura productiva de esta región que representa a los futuros empleadores de los trabajadores argentinos. Ayer a la mañana, se redactaron los detalles finos de un acuerdo de ocho cláusulas, que se presentó al mediodía en el municipio.

Tanto el subsecretario de Planificación de Neuquén, Marcelo Fernández Dotzel, como los sindicalistas Julio Aliaga (Empacadores de la Fruta de Río Negro y Neuquén) y Juan Angiorama (apoderado de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales) expresaron su satisfacción por el acuerdo alcanzado.

De todos modos quedaron algunos puntos importantes para resolver como el salario que efectivamente cobrarán los obreros (aunque todos descuentan que sería mejor que el que ganan en la Argentina), y quién absorberá los costos del traslado. Ya están resueltas en cambio cuestiones como el alojamiento, la asistencia sanitaria, la selección de los obreros y la legislación laboral que regirá.

Estos son los principales aspectos que incluye el acuerdo:

-Cantidad de trabajadores: la provincia de Neuquén preseleccionará 600 obreros temporarios para tareas de campo (trabajadores rurales) y de embalaje (empaque) para la temporada de fruta del 2001. «Esta primera experiencia permitirá verificar todos los mecanismos referentes a inmigración, ambientación e integración social, proyectando un aumento progresivo a futuras temporadas y estimando se incrementará hasta mil obreros para el año 2002», dice el convenio. La cantidad exacta, en más o en menos, está supeditada al resultado de los eventos climáticos que puedan afectar a la producción (heladas, granizos, torrentes, etc). El municipio de Alcarrás y la Unión de Payeses se encargarán de hacer sus previsiones de mano de obra con antelación suficiente así como proveer los adecuados alojamientos de sus propios trabajadores.

-Alojamiento: el municipio de Alcarrás se comprometió a facilitar «alojamiento comunitario», de forma complementaria al que tengan que proveer los agricultores en sus relaciones laborales con los temporeros. Este es uno de los aspectos que dejó más conformes a los sindicalistas argentinos, después de visitar distintos lugares.

-Selección de los obreros: será realizada por la subsecretaría de Trabajo de Neuquén con la efectiva participación de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores; el Sindicato General de la Fruta y la CGT Neuquén, quienes proveerán la nómina de trabajadores por especialidad que se requiera priorizando la mano de obra calificada para cada una de las demandas de trabajo.

-Cobertura social: los trabajadores tendrán cobertura gratuita del Instituto Catalán de la Salud, independientemente de la cobertura obligatoria que se dé mediante la contratación.

-Salario: las relaciones laborales se regirán por la legislación y los convenios existentes en España.

La municipalidad asumió el compromiso de entregar copias de estos convenios y escalas salariales vigentes a los sindicatos neuquinos. El Sindicato Unión de Payeses, en representación de los empresarios agrícolas, y el sector sindical argentino intercambiarán información para el aseguramiento de las condiciones laborales (salario, jornada laboral, pasajes, etc).

-Movilidad: es uno de los aspectos que resta pulir. El acuerdo señala de todos modos que la provincia de Neuquén se va a encargar de realizar gestiones ante el gobierno argentino y español para lograr «que se faciliten los trámites de traslado temporal de los obreros interesados, justificadas por causas sociales, de cooperación recíprocas y como respuesta a los múltiples antecedentes de solidaridad de la Argentina a la emigración española en épocas pasadas». D

e todos modos, existe el antecedente de que los empresarios catalanes han pagado la mitad del pasaje a los obreros colombianos que a partir de este año comenzaron a llegar a estas tierras.

Una comitiva catalana visitará Neuquén

Una comitiva integrada por representantes de la municipalidad de Alcarrás, empresarios locales y del sindicato Unión de Payeses (productores catalanes) visitará la provincia de Neuquén para «retribuir las atenciones recibidas» en estas tierras.

La invitación quedó formalmente incorporada en el acuerdo firmado ayer y era uno de los puntos en el que más expectativas había depositado la comitiva neuquina para intentar de esta forma profundizar aún más la relación. La fecha del viaje no quedó fijada aunque se habló de febrero del año próximo.

Por otro lado, se dejó constancia de que se va a propiciar la declaración de hermandad de una localidad de la provincia de Neuquén con Alcarrás, localidad que está ubicada a unos 160 kilómetros al noroeste de Barcelona y a ocho kilómetros de Lérida, una ciudad de 110.000 habitantes.

El convenio se firmó en la sala de sesiones del Centro Cultural Municipal de Alcarrás.

La comitiva neuquina continuará hoy las visitas a establecimientos productivos y jugueras de la región de Cataluña y por la tarde llegarán a Barcelona. (EE)

Los reparos a la instalación de salas de juego empezaron en el «96

NEUQUEN (AN).- La inconstitucionalidad de las ordenanzas que autorizan la apertura de casas de juegos de azar ya fue planteada en 1996 por un ex diputado ante el Tribunal Superior de Justicia. La corte neuquina no tomó ninguna decisión respecto de este planteo y envió la solicitud del legislador a la justicia de Cutral Co.

El caso se originó cuando Plaza Huincul se transformó en la primera municipalidad en autorizar el juego en el interior a través de la sanción de la ordenanza 431 de 1993.

El 5 de agosto de 1996, el entonces diputado Horacio Forni, envió una nota al vocal Fernando Macome para que el TSJ, en uso de las facultades constitucionales, investigue si la municipalidad de Plaza Huincul, al aprobar la aludida ordenanza, no violaba el artículo 101 de la Constitución Provincial que permite sólo a los legisladores, con el respaldo de los dos tercios de sus integrantes, aprobar este tipo de negocios en la provincia.

Actualmente la fiscalía de Estado está analizando si recurre al TSJ con un recurso de inconstitucionalidad por el mismo motivo que lo hizo Forni en su momento.

Cuando el actual intendente de Plaza Huincul Alberto Pérez presidía el Concejo de esa ciudad en 1993 se aprobó la ordenanza 431. El juego sólo estaba permitido para entidades deportivas, culturales o de beneficencia.

Ya al frente de la intendencia, el jefe comunal promovió otra ordenanza, la 745 de 1996, permitiendo la instalación del juego a las empresas privadas.

Precisamente desde Huincul se trasladó un problema político y social a Zapala con la oferta para la instalación de una nueva sala de juegos que llegó a través de Video Drome SA, una empresa que en la provincia inició sus negocios en la ciudad que gobierna Pérez.

En Zapala la justicia ordenó el cierre de las salas de juegos de azar y la de otras tres localidades del interior.

El fin de semana último, en Zapala se realizó una reunión, con asado incluido, en un domicilio particular al que asistieron los empresarios del juego para decidir qué pasos van a seguir frente a la decisión judicial.


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