Fiscal pide un nuevo juicio para Luis Castillo

CENTENARIO (ACE).- La absolución del exintendente Luis Castillo y sus secretarios fue apelada y se tramita en el Tribunal Superior de Justicia la posibilidad de un nuevo juicio por la causa de los subsidios de Centenario.

La fiscal de Cámara María Dolores Finochietti planteó la casación de la sentencia absolutoria del exintendente Castillo y de sus secretarios Patricia Gutiérrez (de Gobierno y Acción Social) y Roberto Contreras (de Hacienda).

El pedido se tramitó esta semana en la Cámara Criminal I y se elevó al TSJ: si el máximo tribunal lo rechaza la absolución quedará en firme, y si le da la razón a la fiscal llamará a un nuevo juicio.

La apelación sólo alcanzará a Castillo, Contreras y Gutiérrez, ya que la fiscal no estaba habilitada para apelar la sentencia por el resto del gabinete debido a que en el juicio había solicitado penas de tres años o menos, por lo que la absolución quedará en firme para quienes fueron directores de Acción Social, de Compras o el encargado del corralón.

En el caso de Héctor “Zapallito” Molina y Samuel Bustos que solicitaron probation “sus casos aún no se resuelven”, dijo la fiscal. Aún no se realiza la audiencia para que decidan las condiciones del juicio a prueba y sus casos no están absueltos.

En el planteo de casación de la sentencia, Finochietti sostuvo que los jueces echaron mano a un criterio de prescripción por “secuela de juicio” que fue descartado por del Tribunal Superior de Justicia neuquino en sus fallos y que “nunca fue adoptado ni por los tribunales nacionales ni los locales”.

Insistió que el término solamente se conoce “para los claustros académicos, sin ninguna incidencia real en la resolución de los casos penales sometidos a juicio”.

Finochietti reafirmó que la causa por la apropiación de los fondos del municipio nunca estuvo prescrita porque desde la investigación en 2002, la fiscalía “aportó todas las pruebas al juzgado y en forma casi inmediata, se pudo indagar a los imputados, dictar los procesamientos” y luego elevar a juicio en abril de 2006.

Tras una catarata de recursos de apelación de las defensas, el 12 de abril de 2010 se elevó a juicio y luego se realizó la audiencia preliminar el 8 de julio de 2011 y “más allá que haya fracasado la posibilidad de llegar a un acuerdo”, se hizo el juicio abreviado en esa fecha. La casación de la sentencia fue por “aplicación incorrecta del instituto de la prescripción”.

La fiscal retrucó el argumento de que no hubo prueba suficiente para condenar, e insistió en que durante las audiencias hubo constatación de los delitos cometidos por los funcionarios a través de testimonios que no fueron valoradas por los jueces. (Ver recuadro aparte)