Fiscalía quiere llevar a juicio a exfuncionario de Sapag

Quien fuera subsecretario de Tierras está imputado por ceder terrenos sin licitación. Es un caso de Rincón de los Sauces. Sus ocupantes tenían el permiso por decreto siete años atrás.



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Eduardo Ferraresso (a la derecha) y Alejandro Alessi (izquierda) podrían ser llevados a juicio oral.(Foto: gentileza )

El fiscal de Delitos Patrimoniales, Marcelo Jara, solicitó a la jueza Ana Malvido que la causa abierta en contra del exsubsecretario de Tierras de la provincia, Eduardo Ferraresso y Alejandro Alessi, el productor beneficiado por la cesión otorgada sin licitación previa, sea elevada a juicio.

Si bien la fiscalía fue la que solicitó la audiencia de elevación a juicio, se suspendió hasta luego de la feria judicial ya que en la misma el defensor de Alessi ofreció una reparación económica como parte de un acuerdo que permita eludir el juicio.

Desde marzo pasado Ferraresso y Alessi están imputados de los delitos de abuso de autoridad y usurpación, respectivamente, cargos por los que la semana pasada el fiscal Jara había solicitado que sean llevados a juicio.

Alambrado

Según detalló el fiscal en su acusación, en mayo de 2014 Alessi ingresó clandestinamente a un predio ubicado en la zona de Rincón de los Sauces en donde la familia Salazar Alcaide posee una explotación minera. Lo alambró y cerró el camino de acceso, según documentó la policía.

Mientras los adjudicatarios de la explotación minera radicaron varias denuncias y alertaron incluso a provincia, el productor -que posee las tierras linderas a ese desarrollo minero- inició un pedido ante la subsecretaría de Tierras para que se le otorguen las mismas.

Es así que en agosto de 2014 Ferraresso le otorgó un permiso precario de ocupación mediante la disposición 175/14 por lo que está acusado de abusar de su autoridad ya que la adjudicación minera había sido legalmente otorgada siete años antes, por medio de un decreto de febrero de 2007.

La resolución de Ferraresso violaría además la ley 2141 y el decreto reglamentario 2029 de 2010 que fijan que toda cesión de tierras públicas debe realizarse mediante una licitación.

Una ley que se dio al calor del escándalo generado cuando se conoció que el intendente de Villa Pehuenia, Mauro del Castillo, había sido beneficiado con la entrega directa de terrenos en la zona mientras se encontraba a cargo de la comuna. La denuncia la había efectuado el diputado Rodolfo Canini.

La autolimitación

luego de Villa Pehuenia

2029/12 es el decreto del gobernador Jorge Sapag donde se prohibió la entrega directa de terrenos fiscales.

2141 es el número de la ley de administración financiera por la que debe llamarse a licitación.

1964 fue el año en que se sancionó la ley que permitía la entrega de tierras fiscales sorteando la licitación.


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