Fracasó un intento de acuerdo en Parque Industrial
Anoche levantaron el corte, pero hoy volverán a la multitrocha.
Las negociaciones a lo largo del día fueron tan intensas como infructuosas. Los funcionarios, tanto municipales como provinciales, transitaron varias veces la multitrocha para acordar alguna solución. Pero por más promesas que hicieron no lograron torcer la voluntad de los manifestantes y todo sigue casi igual.
«Las necesidades son reales, no puede ser que la gente se quede sin la única entrada que tenía. Por otro lado, se han elaborado propuestas de trabajo, ya sea de limpieza del barrio u otras tareas, que justifiquen la reincorporación a los planes», dijo en la tarde de ayer una joven, cuando los manifestantes estaban a la espera de una propuesta de solución que le habían prometido los funcionarios.
A la noche un enviado del ministro Jorge Lara fue hasta el piquete a buscar un listado de desocupados, pero no llevaba ninguna propuesta que colmara las expectativas de la gente. «Para llevar el petitorio lo llevamos nosotros, acá solución es que nos den los 200 puestos de trabajo. No hay otra», dijo uno de los desocupados y dio por terminada la charla.
Ahí fue cuando se decidió levantar momentáneamente el piquete hasta hoy y «bajar» a casa de Gobierno para hablar directamente con el ministro Lara, sin intermediarios.
El director de Capacitación e Información del municipio neuquino, Juan Zaldarriaga, y Alberto «Beto» Durán, un colaborador del ministro Lara, fueron los negociadores. Los desocupados los recibieron con una sola frase: «si recuperamos los 200 subsidios, levantamos el corte».
Zaldarriaga llegó al piquete poco después del mediodía, con algunos colaboradores. Ofreció incorporar entre 70 u 80 familias del barrio al programa municipal «Comer en Casa», y entregar 100 bonos de gas.
«Vamos a hacer una evaluación de cada familia para determinar que módulos alimentarios que entregaremos», dijo el funcionario. Adelantó que a partir de la próxima semana el municipio comenzará a proveer las cajas de alimentos comprometidas.
El programa «Comer en Casa», es un plan con el que se asiste con alimentos a familias de escasos recursos en la capital. De acuerdo a los integrantes que tenga cada una, varía la cantidad que se entrega. A mayor número familiar, más alimentos.
Respecto a los bonos de gas, Zaldarriaga indicó que los gestionó ante el ministro Jorge Lara. «Son muchos los vecinos que no tiene el servicio de gas por eso decidimos gestionar estos bonos», explicó.
Hubo momentos en que los decibeles de la discusión subieron entre funcionarios y vecinos. Pero no pasaron a mayores ya que la intervención del padre Juan San Sebastián sirvió para calmar los ánimos de los jóvenes.
«Hace falta crear trabajo genuino»
NEUQUEN (AN).- «Estas soluciones del gobierno son parches que estructuralmente no resuelven absolutamente nada. No hay mentalidad de cambio, y las mentes de quienes nos gobiernan están muy lejos de generar este cambio estructural que necesitamos en todo el país».
Con esta frase el cura del barrio Ciudad Industrial, Juan San Sebastián, dejó en claro su postura ante la solución que ofreció el gobierno para que los jóvenes del barrio levanten el corte sobre la ruta provincial 7 de esta ciudad.
«Nada se soluciona con asistencialismo de parte del Estado», agregó. «Es necesario crear trabajo genuino porque estos planes que da el gobierno tampoco son de trabajo, y el pan que se gana sin trabajo lamentablemente no es digno», aseguró.
Asimismo destacó que «los pibes del barrio saben que esto planes no son dignos, pero lamentablemente, ante la situación que se vive, no les queda otra que resignarse y aceptarlos».
Se manifestó en contra de la metodología de cortar rutas para realizar los distintas protestas sociales, pero respaldó de forma absoluta el reclamo de los vecinos del barrio.
Desde hace seis años la parroquia San Cayetano, de la que está a cargo Juan San Sebastián, le da de comer a las personas más humildes del barrio. La cifra de familias que asisten se incrementó día a día en los últimos tiempos.
«Actualmente yo tengo a 700 familias comiendo en el comedor todos los días», aseguró. «Para mi sería una gran satisfacción poder cerrarlo y que las familias tengan los medios para almorzar en sus casas», agregó. «Pero mientras siga siendo el asistencialismo la forma de ayudar a la gente difícilmente pueda cerrar el comedor», concluyó.
La CTA denuncia el clientelismo político
NEUQUEN (AN).- La Central de Trabajadores Argentinos denunció que al finalizar este año habrá 226 mil pobres en la provincia, de los cuales 78.500 estarán en la indigencia. Esa franja, que representará más del 40% de la población, será la mayor, proporcionalmente, de la Patagonia, pese a que Neuquén es la provincia de mayores ingresos en al región.
Simultáneamente, la central obrera criticó los manejos clientelísticos de la política provincial y ratificó sus denuncias de corrupción por parte de los funcionarios políticos del gobierno. Nuevamente apuntó contra el equipo de conducción del Banco Provincia de Neuquén -Luis Manganaro, José Oser-, que «concretaron la adquisición de bienes a los que no hubiesen accedido con sus ingresos legítimos». La CTA difundió ayer un texto que, firmado por Julio Fuentes y Sergio Fernández Novoa, enumera casos presentados en la justicia y que, asegura, constituyen «un sistema de corrupción que ha dado vida a un gigantesco clientelismo». Esa situación es la que «permitió al partido gobernante perpetuarse en el poder». El documento de CTA une los hechos -sin mencionarlos específicamente- de Centenario, por el escándalo de los subsidios, y las protestas de desocupados en Parque Industrial y el centro de la capital neuquina. También se expresó esta semana -y por la filial correspondiente de la central sindical- por los acontecimientos en Loncopué.
Según datos de la propia entidad, consignados en el documento, la pobreza en Neuquén alcanza actualmente al 40% de la población, que significa casi 200 mil personas. Esa cifra aumentará antes de finalizar el año, aseguran, al tiempo que se cuentan 87.885 pobres menores de 18 años, de los cuales 17.600 no trabajan ni estudian en la capital. De los 161.400 ocupados en la provincia, la mitad tiene problemas laborales -subocupados o beneficiarios de programas sociales.Ese sistema se utiliza para «condicionar y presionar a los responsables de los poderes del Estado», y también para «comprar conciencias».
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