Francia, siglo XIX
Para la izquierda, se pretende “un retorno al siglo XIX”. Para la derecha, esto lo sostienen quienes quedaron “anclados en el siglo XIX”. El escenario es Francia y la confrontación entre contendientes con el mismo argumento decimonónico tiene al país al borde de la parálisis.
El rechazo de las principales centrales sindicales a la reforma laboral que quiere aplicar el gobierno socialista presidido por François Hollande entró esta semana en fase crítica con las huelgas en los transportes públicos.
Desde el otro lado del Atlántico, Washington emitió el martes una “alerta de viaje” para Europa por “el riesgo de potenciales ataques terroristas” contra “grandes eventos y sitios turísticos”. En una Francia siempre posible blanco de la yihad declarada por el fundamentalismo islámico, la inminente celebración de la Eurocopa y del mítico Tour ciclístico, esas alertas suben de tono.
Esparcidas todavía las esquirlas de los atentados que la noche del 13 de noviembre sacudieron París, uno de ellos a metros del Stade de France mientras el mismísimo Hollande era espectador del amistoso de fútbol que jugaban el local y Alemania, una cotidianidad sacudida por huelgas masivas abre a su más alta escala el nivel de alerta.
Iniciadas en marzo, las medidas de fuerza afectan desde hace semanas el normal suministro eléctrico y la carga de combustible, esta semana arrancaron en los servicios ferroviarios y se extenderán a la red de subterráneos y los autobuses parisinos y los vuelos de todo el país, con cronogramas que llegan hasta julio.
A pesar del caos, los huelguistas mantienen todavía un índice por encima del 50% de aceptación y la impopularidad que siempre generan las protestas masivas parece recaer principalmente sobre el presidente y su primer ministro, Manuel Valls.
Con el panorama de las elecciones presidenciales del año próximo, para el Partido Socialista esta “corrida por izquierda” de los sindicatos no podía resultar más inoportuna. La gran pregunta que se hacen los franceses es quién disputará el balotaje con la ultraderechista Marine Le Pen en el 2017, y entre los socialistas no aparece la menor esperanza de encontrar un candidato. Hasta Hollande baraja la posibilidad de no presentarse a la reelección.
La reforma laboral en sí presenta su meollo en el artículo 2º: allí se establece que los acuerdos que se adopten en el seno de las empresas estarán por encima de los pactos sectoriales existentes.
Aunque la nueva norma no deroga explícitamente las 35 horas semanales ni autoriza reducciones salariales ni elimina indemnizaciones por despidos, deja todos esos puntos supeditados a lo que las empresas consideren necesario para adaptarse a “cambios tecnológicos”, “descensos en pedidos o cifras de negocios” o “reorganizaciones para mantener la competitividad”.
La patronal Medef considera que la reforma “está en el buen camino”: en consonancia con el gobierno, los empresarios sostienen que las nuevas normas son la mejor garantía contra el desempleo, apoyados en un concepto que algunos ya resumen en un neologismo: la “flexiseguridad”.
Para los sindicatos, con apoyo estudiantil y hasta del gobernante socialismo (24 diputados rebeldes apoyaron una frustrada moción de censura contra Valls), la flexibilización sólo pretende arrasar derechos ya establecidos al iniciarse los 1900.
El conflicto, desde esta semana instalado en las calles, dirime el modelo social que seguirá Francia. Y su desenlace es todavía incierto. El ministro de Finanzas, Michel Sapin, lo definió así: “La meteorología social es una ciencia muy aproximativa”.
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