Frenan demanda por daños de ATEN a la Gobernación

NEUQUEN (AN).- La Justicia rechazó una demanda por daños y perjuicios que la provincia planteó contra el gremio de los docentes (ATEN) por los daños registrados en la Gobernación durante el acampe de los maestros, en el último conflicto salarial.

La cifra que le exigía el gobierno al sindicato era de 291.379, 60 pesos para reparar los daños que tuvieron lugar tras la muerte del maestro Carlos Fuentealba.

El fallo, emitido por el Juzgado Civil 4, a cargo de Julia Buisson de Baggio, le atribuye al gobierno parte de la responsabilidad, al sostener que el planteo del Estado no se condice con la conducta que mantuvo durante el conflicto.

«Pretende la parte actora el resarcimiento cuando no adoptó con la prudencia que el caso ameritaba los recaudos necesarios para lograr un acuerdo y solución al conflicto», consigna el texto en uno de sus párrafos más críticos.

La denuncia que hace el gobierno es por las pintadas y averías ocurridas entre el 4 y 24 de abril, que también habrían ocurrido en una oficina de la subsecretaría de Turismo, ubicada en la ruta 22.

El dictamen sostiene que el gobierno, en su denuncia, «no señala (…) que el conflicto colectivo comenzó con mucha antelación al que indica como período en el que acontecieron los daños (…), y fue en dicha oportunidad donde tuvo que buscar el diálogo, sin embargo se vislumbró una inercia administrativa».

 

«La doctrina de los propios actos»

 

Más adelante la jueza cree que en este contexto cabe aplicar aplicar «la doctrina de los propios actos» ya que «se pide una indemnización por presuntos daños infringidos a la Casa de Gobierno, cuando la parte actora hizo abandono del inmueble».

Añade la magistrada que el sistema republicano exige de quienes gobiernan que preserven «el bien común público y la consecución de la paz social».

En este sentido, agrega, «la actitud asumida por la demandante es violatoria del principio de buena fe», y citando jurisprudencia en la materia sostiene que es inadmisible que un litigante «pretenda fundamentar su accionar aportando hechos que contravengan sus propios actos».

El secretario general de ATEN, Marcelo Guagliardo, afirmó ayer que la resolución «es un tope a las intenciones del gobierno de criminalizar la protesta social de la que ya ha muchos precedentes en la provincia».

Y agregó que es auspicioso que «haya fallos judiciales que hablen de nichos de independencia dentro del Poder Judicial».


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