Frenarán el desalojo de las tierras de CALF

NEUQUEN (AN).- El Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU) intercederá ante CALF para lograr la suspensión del desalojo que pesa sobre las 43 familias que levantaron la toma «Jóvenes Sin Tierra», en el barrio Bouquet Roldán. Se trata de la chacra 103, perteneciente a la cooperativa eléctrica, que reclama el predio para realizar una obra para mejorar el suministro de energía al oeste de la ciudad.

La decisión del organismo fue tomada con mesura por los integrantes de la Coordinadora de Tomas, que durante la mañana de ayer fueron al IPVU.

Si bien obtuvieron el compromiso de que las familias no serían desalojadas, no consiguieron una solución de fondo para su problema en el mediano plazo.

El titular del IPVU, José Oser, les dijo que hará de intermediario con la cooperativa para lograr «de manera consensuada» una postergación en el desalojo, pero les aclaró que las soluciones definitivas pasan porque más temprano que tarde dejen el predio que ocupan.

Paralelamente, en rueda de prensa, el titular del IPVU afirmó que la provincia propuso proveer de servicios la zona de la meseta y constituir en esa parte de la ciudad un lugar para los tomadores de toda la ciudad.

Dijo que el mecanismo institucional que le dará forma a este proyecto será la creación de la Agencia de Desarrollo Urbano Sustentable. Y que el gobierno trabaja en una ley que llegará a la Legislatura para darle forma. Oser espera que el marco jurídico para crear la nueva repartición «esté aprobado para marzo».

El titular del IPVU dijo que la mencionada agencia será la herramienta que le permitirá al gobierno brindar una alternativa para solucionar la proliferación de asentamientos.

Según lo que manifestó, funcionará bajo la órbita del IPVU y canalizará fondos del Banco Provincia del Neuquén SA (BPN), que fomentarán el desarrollo de la meseta.

Explicó que los préstamos podrían ser individuales o grupales, mediante la constitución de cooperativas.

El intendente Horacio Quiroga lanzó un plan para transformar en un polo productivo esa parte de la capital neuquina. Fue durante la inauguración del período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante. En esa oportunidad invitó a la provincia a acompañarlo en el proyecto.

Ayer, Oser confirmó que «estamos trabajando con el muni

cipio» para darle una solución a la gente de las tomas.

No obstante, dijo de la situación actual de los usurpadores que «debe quedar muy claro que cuando intercedemos con la cooperativa no estamos validando la omisión a la ley», aseguró. Las personas que ocupen tierras de manera ilegal «van a ser tratados dentro del marco jurídico acorde», agregó.

Por su parte, los tomadores se mostraron conformes porque no serían desalojados. El 13 de este mes habían recibido un oficio judicial que los intimaba a abandonar el predio dentro de un término de 10 días hábiles.

Pero dejaron sentado su desacuerdo con la propuesta del IPVU. Nuevamente dijeron que la solución pasa por obtener la titularidad de los lotes.

Con la de ayer, la Coordinadora de Tomas sumó tres visitas a un organismo de la provincia en la última semana. El lunes había llevado un petitorio a la Casa de Gobierno y un día después volvió a marchar al edificio gubernamental de Roca y La Rioja.

La municipalidad pidió desmantelar la toma de Cordón Colón

NEUQUEN (AN).- El municipio formalizó ayer el pedido de desalojo de la familias que ocupan las tierras de la toma Awcamawyza, del barrio Cordón Colón, ocupadas desde la madrugada del 18 de enero último.

Estas tierras se encuentran en la intersección de las calles Colón y Abraham, y estaban reservadas para la constitución de un espacio verde.

A un mes del inicio del asentamiento, el número 45 de la historia de la ciudad, el municipio considera importante evitar que se termine de consolidar con construcciones «sólidas» y la llegada de más ocupantes.

El eje de la demanda planteada por el municipio en el Juzgado Civil 6 pasa por impedir que la gente que tomó el predio consolide sus viviendas, «para que en el caso de un virtual desalojo sus pérdidas no sean mayores».

El recurso en cuestión pide la tutela anticipada del terreno por el tiempo que dure el proceso judicial que determine la permanencia o el desalojo definitivo de los tomadores. Y resalta lo traumático que resultaría la efectivización de un desahucio luego del prolongado tiempo que suelen demandar este tipo de litigios.

En reiteradas oportunidades los tomadores manifestaron sus intenciones de quedarse con las tierras. Incluso señalaron que resistirían un eventual desalojo mediante la utilización de la fuerza pública. Se cree que en el predio hay más de 40 familias viviendo.

El documento presentado ayer por la municipalidad, le pide al titular del juzgado que ante un virtual caso de desalojo se garantice el uso de efectivos de las fuerzas de seguridad.

Además, el documento busca evitar que se constituya un barrio «que será marginal y peligroso para la integridad física de sus moradores» durante el lapso que demande el proceso judicial.

Por otra parte, solicita que para el supuesto de que las familias le impidan el ingreso al predio a un oficial de justicia para «efectuar la constatación», se lo autorice a requerir el auxilio de la fuerza pública.

El accionar de la policía durante situaciones de conflicto social fue una de la críticas que la municipalidad realizó a la policía provincial desde el nacimiento de la toma.