Fruta veleidosa

La sociedad rionegrina pue-de transformarse en una «sociedad de riesgo».

Y su gobierno, en un «gobierno de los accidentes».

¿De qué se trata?

«Sociedad de riesgo» y «gobierno de los accidentes» son conceptos acuñados por el alemán Ulrich Beck.

Son categorías que sirven para reflexionar sobre las vicisitudes que atraviesan países de economías e instituciones precarias.

Argentina, por caso.

Por «sociedad de riesgo» se definen los efectos que conlleva -por ejemplo- la marginación y exclusión que implica el desempleo.

O los problemas que emanan de una actividad productiva erosionada por problemas estructurales sin resolver.

Así, «sociedad de riesgo» es casi un sinónimo de surgimiento y extensión del conflicto social.

Por «gobierno de los accidentes» se conoce un Poder Ejecutivo limitado en sus posibilidades de forjar políticas de largo plazo, debido a la necesidad de operar sobre «los accidentes»: las expresiones concretas de la crisis.

En otros términos: un presuroso ir de aquí para allá con el consabido desgaste de poder que esto implica.

Ante la crisis que vive la fruticultura, está abierta la posibilidad de que en la temporada en curso la franja más dinámica de la economía rionegrina -el Alto Valle- se transforme en una «sociedad de riesgo».

La administración Verani lo sabe.

Y no quiere transformarse más de lo que ya es en un «gobierno de los accidentes».

Pero no tiene confianza en poder lograr ese objetivo.

Ni siquiera está en condiciones de alimentar alguna esperanza que en aquel sentido le otorgue la ley que esta semana creó el Sistema Básico de Información Orientativa del Complejo Frutícola.

Es un instrumento que para ser útil requiere de condiciones y voluntades muy distantes de los intereses objetivos que tironean a la actividad frutícola.

Una ecuación que, referenciada con la ley en cuestión, recuerda a Juan Carlos Pugliese en los fieros días de la hiperinflación: «Les hablé con el corazón y me respondieron con el bolsillo». (Todo este tema es analizado exhaustivamente en el suplemento Económico de esta edición).

Podada toda posibilidad de que la ley suavice en parte la crisis del sector frutícola, desde lo político emergen preguntas:

¿Habrá costos por poner en escena una ley de rol insustancial para trabajar sobre el problema? ¿Quién los pagará?

Es tan intensa la interna que con diferente dosis de énfasis serpentea en el poder, que ante los interrogantes hay respuestas.

Hombres con poder que pululan muy cerca del ministro de Economía José Luis Rodríguez apuntan en una única dirección: el Poder Legislativo. Y dentro de él, a los diputados de la Alianza más afines al vicegobernador Bautista Mendioroz.

-Fueron ellos los que insistieron en sacar una ley -sentencian, aun sabiendo que la norma surgió con acuerdo del gabinete.

Una sentencia fundada en celos de protagonismo ante la crisis frutícola. Especial mente con la Subcomisión de Fruticultura de la Legislatura.

Mendioroz mismo salió al cruce de tanto lavado de manos. El jueves, cuando ya todos los sectores vinculados con la actividad frutícola sentenciaban que la ley nacía muerta, desayunó con Verani.

-¡Mirá, Pablo, si el problema radica en el rol que tuvo el Legislativo para sacar la ley, no hay problema: le dejamos todo el tema al Poder Ejecutivo y a otra cosa Robirosa -dijo el vicegobernador.

Y Verani estiró una mano, palmeó a Mendioroz y desalentó el repliegue.

¡Que primen celos en el tratamiento de una cuestión que genera el grueso de la actividad económica de la provincia es, como mínimo, una actitud miserable!

Pero ante la crisis frutícola, el gobierno también cierra por momentos los ojos y quiere pensar en positivo.

Procura no sumarse a los negros diagnósticos que con rigor se forjan sobre la repercusión social del problema.

Quizá en esta determinación se encuentre la razón por la cual suavizó los fundamentos que sustentaban la necesidad de la mentada ley.

Un primer proyecto de fundamento contemplaba un sintético pero pormenorizado relato sobre los condicionamientos que las recurrentes crisis del sector imponen al proceso de desarrollo regional.

Se decía por caso que la Encuesta Permanente de Hogares del Alto Valle denuncia que entre el «91 y el año en curso, la población de los trece municipios que conforman la región disminuyó elocuentemente.

El documento brindó incluso un dato: en términos absolutos, la pérdida de crecimiento poblacional se remontaría a más de 50.000 habitantes.

Información a la que se sumó un dato más: siempre según la misma encuesta, a consecuencia de la mala performance que arrastra la fruticultura, entre marzo del «99 y el mismo mes de este año, se perdieron cerca de 10.000 puestos de trabajo.

Y por estos días, el gobierno tendrá otro dato para la reflexión.

Un censo poblacional hecho por el Estado dice que en Cinco Saltos la emigración tiene una tendencia que quizá no sea aventurado definir de uniformemente acelerada.

En fin, los días de gloria de la fruticultura son materia para la nostalgia.

Pero la nostalgia nunca nutre de soluciones a las crisis.