Fruticultura: mirando el mediano y largo plazos

Los nuevos desafíos de la administración weretilneck

El gobernador Alberto Weretilneck logró un triunfo contundente el domingo pasado. Logra de esta manera consolidar peso político propio, lo que también se traduce en mayores responsabilidades ante sus electores para los próximos cuatro años de gobierno.

Habiendo logrado un equilibrio sobre las cuentas fiscales, con un superávit corriente importante este último año (ver infograma adjunto), la administración provincial debería orientarse a establecer un programa de desarrollo para atemperar así las recurrentes crisis que atraviesan muchas de las actividades productivas de las economías regionales.

Analizando las distintas estadísticas oficiales y privadas, claramente se observa un retroceso en los principales indicadores de crecimiento de la mayor parte de ellas (ver infogramas adjuntos).

La fruticultura es tal vez el caso más emblemático y el de mayor importancia. Mientras que en el resto del mundo esta industria crece a pasos agigantados, en nuestras tierras sufre un progresivo deterioro que profundiza la expulsión de productores y empresarios del sistema.

Para poder lograr un cambio de rumbo en una actividad tan importante para el Valle de Río Negro y Neuquén se necesita, como primer paso, la decisión política del gobernador de querer salir de este atolladero; entender dónde estamos parados y hacia dónde queremos ir. Debe involucrarse y liderar el cambio. Cualquier otra alternativa lleva esta luz de esperanza al fracaso. Está claro que a la Nación no le interesa tener un rol activo en este cambio estructural. Su relación con el campo está centrada en los granos, fuente de una parte importante de sus ingresos. Para el resto de las actividades, su lógica se traduce sólo en la entrega de subsidios para compensar los efectos colaterales del modelo.

La mayor parte de la bibliografía especializada y los principales analistas del sector aseguran que hoy para poder modernizar la fruticultura del Valle se debe contar con una fuerte inyección de inversiones en los distintos niveles de la cadena de la actividad. A partir de allí, otras variables secundarias que acompañen este proceso.

Esta masa de dinero debe buscar renovar las actuales explotaciones en un plazo inferior a los próximos diez años. Como mencionamos párrafos arriba, primero debemos intentar comprender dónde estamos parados con nuestro sistema productivo. Un sencillo ejemplo nos ayuda a resumir este interrogante. Este año el Valle terminará comercializando en fresco algo más de 700.000 toneladas de fruta. Trabajando con las medias internacionales esta oferta se debería producir en algo más de 17.000 hectáreas. Hoy el Valle cuenta con alrededor de 35.000 hectáreas, que son las que dan este volumen para comercializar en fresco. Primer dato a tener en cuenta: la subutilización del capital tierra.

¿De qué dinero se habla? Si se piensa rescatar 30.000 hectáreas para hacer una fruticultura competitiva antes de los próximos diez años, se debería pensar en unos 75 millones de dólares por año.

Estos importantes fondos pueden salir de la conformación de un fideicomiso, alimentados por los activos de las mismas empresas que están trabajando en la región, siendo garantizado por el Tesoro provincial. Esta parte del proyecto estaría sustentada en tres bases: el Estado, el sector privado y el sistema financiero. Está claro que cada uno de estos sectores tendrá un grado de responsabilidad en la toma de este nuevo endeudamiento y asume un riesgo de mediano y largo plazos que debe ser compatible con los resultados comerciales que obtenga la actividad. Los bancos, tanto del sector privado como público, además deberían ‘encapsular’ los pasivos que tiene hoy la actividad, pasándolos a una órbita residual que sería cancelada en un tiempo posterior prudencial al inicio de este proyecto.

Hay que señalar, como para tener una referencia del respaldo que pueda tener la actividad, que el sistema frutícola en su integridad maneja anualmente alrededor de 900 millones de dólares. El proyecto presentado en pocos párrafos aquí eleva esta cifra en su año número cinco de ejecución a más de 1.000 millones de dólares y en su año número diez proyecta casi duplicar su nivel de facturación actual.

La mayor parte de estos 75 millones de dólares debería ser orientada, en los primeros años, al sector primario y, en menor medida, al de servicios.

Desde el primer año del proyecto se buscará, entre otros puntos:

• Colocar en las explotaciones predefinidas variedades de manzana y otras especies que demandan los nuevos mercados internacionales.

• Incorporar tecnología en el campo para lograr una producción arriba de las 50 toneladas por hectárea de fruta embalada (pomáceas).

• Invertir en la productividad de los servicios tanto en el empaque como en el frío, lo que permitirá sumar competitividad al sistema.

Otro de los factores a tener en cuenta es el tipo de cambio. El éxito de la industria frutícola depende también de una paridad competitiva para poder posicionar su oferta exportable en el exterior. Esto, por lo general, es potestad de la política que implementa el gobierno nacional.

Para poder hacer sostenible estas variantes se necesitará un tipo de cambio predecible en el tiempo. Teniendo en cuenta que sólo una devaluación no es la salida para la economía argentina, la paridad puede ajustarse a través de una ecuación econométrica que permita relacionar salarios, monedas de países hacia donde se dirigen nuestras exportaciones, índice de precios y devaluación, entre otros puntos.

El gobierno nacional debería garantizar por ley este nuevo mecanismo de actualización y transferir los recursos adicionales que se necesitan para sostener la moneda. Este nuevo ‘dólar fruta’ se ubicaría hoy en un valor tentativo del orden de los 12 pesos. Por lo tanto, los tres pesos de diferencia que existen con la paridad oficial –tomando la foto actual del mercado cambiario– deberían ser aportados por el Tesoro Nacional. ¿De qué número hablamos? De unos 1.500 millones de pesos anuales. Este esquema se tiene que mantener por diez años.

Las explotaciones que ingresen en este sistema (que contempla cambios en unas 30.000 hectáreas) cerrarían acuerdos comerciales con las empresas que participen del fideicomiso a través del cual se obtendrá financiamiento. Por otra parte, técnicos del Estado provincial, privados y del INTA serán los que monitorearán todo el sistema de reconversión parcial en cada una de estas explotaciones y llevarán registros de cada una de ellas. Esta matriz técnica sería la encargada de definir cuántas serían las hectáreas a reconvertir y qué especies y variedades plantar en la explotación preseleccionada.

A su vez, tanto la parte productiva como comercial que participe de este recambio estructural de la actividad estará supervisada por un ente autárquico que englobe a exportadores, productores y el sector público, el que será auditado por algún tipo de organismo internacional a definir.

Este esquema prevé disolver las organizaciones actuales y haría una de mayor envergadura que incorpore no sólo a los empresarios y productores frutícolas de la región. Sería un concepto mucho más amplio que el actual.

El otro tema es el recupero de la inversión. Teniendo en cuenta el esquema planteado sería a partir del quinto año de aplicación del proyecto cuando la actividad comience a devolver las primeras partidas de fondos al sistema financiero.

Obviamente esto es tan sólo una idea, un aporte para comenzar a pensar sobre la base de los cuatro años que tiene por delante el gobernador Alberto Weretilneck.

javier lojo

jlojo@rionegro.com.ar