Fuera de la ley

Escribe Julio Rajneri

De acuerdo con los fundamentos del proyecto de ley de expropiación de YPF, la razón de tal extrema medida se funda en la falta de inversiones por parte de esa empresa para asegurar el autoabastecimiento nacional. El presidente de Repsol, sin embargo, acaba de sugerir otra hipótesis que a nuestro juicio contiene la verdadera causa o, en todo caso, la motivación concurrente por la que el gobierno nacional ha decidido apropiarse por métodos contundentes del 51 por ciento de las acciones de YPF. Las dificultades, señala Brufau, comenzaron a partir del momento en que adquirió cierto grado de certidumbre la existencia de grandes reservas de arenas y arcillas compactas en Neuquén, explotables por métodos no convencionales que, según expertos, convertían a YPF en la segunda empresa en el mundo por el volumen de sus reservas, cuyo hipotético valor ascendería a más de 200.000 millones de dólares. Cifras de esa magnitud son capaces de provocar estímulos imaginativos y toda clase de especulaciones en cualquier gobierno, que consideraría un regalo desproporcionado a una empresa extranjera que ya obtenía importantes dividendos con la explotación convencional y cuyo valor patrimonial, en el mejor de los casos, no llegaría siquiera al 10 por ciento de aquella cifra. No por nada uno de los inversores más conspicuos de YPF es el gurú de las finanzas, George Soros. Sin duda, un problema de Estado de una magnitud que requiere medidas excepcionales, que no significa por supuesto que cualquier medio sea lícito y conveniente para el país. La confiscación de YPF mediante el DNU que autorizó su intervención es abrumadoramente inconstitucional. La propiedad, reza el artículo 17 de la Constitución nacional, es inviolable y nadie puede ser privada de ella sino en virtud de sentencia fundada en ley. Por otra parte, la expropiación por causa de utilidad pública debe ser calificada por ley y previamente indemnizada. En el caso de una empresa que cotiza en la principal bolsa del mundo, el valor de sus acciones es una referencia ineludible, aunque no sea definitiva, para una estimación provisional. Pero en todo caso la legitimidad de la apropiación depende de la ley que sancione el Congreso y del depósito de la suma que el gobierno considere como valor probable de la empresa. Si la ley se sanciona como en el proyecto, supeditando la indemnización a lo que estime el tribunal de tasación -que puede demorar años-, habría otra flagrante inconstitucionalidad, porque la indemnización debe ser previa a la toma de posesión. Es probable que el gobierno considere que las graves repercusiones de una decisión que salta sobre garantías constitucionales como si fueran chatarra inservible, ahuyenta a potenciales inversores y coloca a la Argentina una vez más en la situación de paria internacional en el mundo de las finanzas, sean inferiores a las ventajas de apropiarse de una colosal fortuna. Pero donde hacía falta un fino dedo quirúrgico, el gobierno ha hecho una carnicería truculenta. Y es imposible minimizar sus propias negligencias. El gobierno es co-responsable en la remisión de las utilidades, que fueron parte de la negociación con los Eskenazi. Pero lo más inquietante e inexplicable es la omisión en la expropiación de las acciones del denominado grupo Petersen. Estos amigos de Kirchner fueron beneficiados con un regalo del 25% de las acciones, en una decisión que no debe tener precedentes en el mundo. La operación fue concertada en una forma que Repsol rechazaría indignada si se utilizara para pagar la expropiación. El precio fue fijado a valores de mercado, pero en plazos calculados para abonar los vencimientos con las utilidades de las acciones transferidas, en algunos ejercicios liquidadas por sobre las reales. La parte al contado fue solventada con préstamos bancarios garantizados por las propias acciones. Repsol, que justificó públicamente la medida en la conveniencia de incorporar a personas “habituadas a operar en mercados regulados”, no pudo dar mejor explicación para tamaño desatino salvo transparentar las presiones que sin duda tuvo del gobierno o admitir que fue para comprar “buena voluntad” -es una forma de decir- de los funcionarios que pudieran incidir en su destino. Tampoco el gobierno puede explicar por qué ejerció esa presión para favorecer a un particular en lugar de incorporar esas acciones al patrimonio público. O sea, contribuyó a regalar a un particular el equivalente a la mitad de lo que ahora expropia, y debe pagar por lo que un particular obtuvo en forma literalmente gratuita, gracias a sus buenos oficios. Las consecuencias financieras de la operación presagian días turbulentos para el gobierno y, lamentablemente, para el país. Las acciones de YPF ayer perdieron en Nueva York el 32,7% de su valor, que sumado a los anteriores derrumbes, convierten su tenencia en una catástrofe para los inversionistas, en su mayoría norteamericanos. La bolsa neoyorquina y el gobierno de aquel país es difícil que se queden con los brazos cruzados frente a tal despojo. La decisión de no pagar más dividendos en el futuro haría también caer la operación con los Eskenazi y los bancos acreedores ejecutarían las acciones dadas como garantía. Si el gobierno nacional se hiciera cargo de esa deuda para quedarse con las acciones, debería afrontar un pago de alrededor de 1.500 millones de dólares. Es posible que todas estas alternativas no inquieten al gobierno porque sus peores efectos probablemente se produzcan en otro período de gobierno. La mala noticia es que también el autoabastecimiento deberá esperar un largo plazo. Una actuación semejante, que se agrega al default más grande de la historia, no hace el clima muy propicio para nuevos inversores. La explotación de “shale oil” de las reservas no tradicionales requiere una tecnología bastante exclusiva y recursos que implican decenas de miles de millones de dólares de inversión. Si existen alternativas en el mundo, es posible que la Argentina sea el último país que contemplarían como opción las grandes empresas. Y en cualquier caso exigirían garantías excepcionales. La euforia por la expropiación hace recordar la invasión de las Malvinas. Por el momento, y como entonces, no vemos la razón para compartir tanto optimismo.

Por Julio Rajneri