Fuero laboral: ¿concursos viciados?

El control sobre las designaciones de los jueces por parte del oficialismo es una poco republicana tendencia que parece fortalecerse en todos los fueros, en especial en aquellos que funcionalmente son muy gravitantes para su esquema de poder. Tal es, entre otros, concretamente el caso de la Justicia del trabajo.

La provisión por el concurso Nº 157 de cinco vacantes para las salas III, V, VI, VIII y IX de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ha motivado la insólita presentación de sendos petitorios de apoyo a la jueza de primera instancia de este fuero Nº 74, Diana Regina Cañal, tanto por parte del cuestionado líder camionero Hugo Moyano, hoy secretario general de la CGT, como del judicial, Julio Piumato, secretario general de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación. Ambos dirigentes concuerdan en que el principal pergamino de la jueza en cuestión es que ella siempre falla a favor de la parte asalariada, como método. Curiosamente, esta insólita causal de recomendación de por sí debería derivar -en todo caso- en una denuncia formal contra la aludida jueza, que debería ser investigada por aparente prevaricato, en el Consejo de la Magistratura.

En la competencia por obtener el ascenso a la categoría de camarista, Cañal, que es además profesora de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, resultó ubicada en la posición número doce del respectivo orden de mérito, es decir, nada menos que siete puestos afuera de las cinco vacantes a ser analizadas por la Comisión de Selección del Consejo de la Magistratura, presidido por la diputada kirchnerista Diana Conti e integrada mayoritariamente por miembros de la misma extracción política que condicionan su andar lesionando la independencia del Poder Judicial a la vista de propios y ajenos.

Pero, cuando la referida postulante fue entrevistada por los consejeros actuantes, éstos cambiaron repentina y drásticamente de opinión y la reposicionaron en el tercer puesto, que hasta entonces le había correspondido al abogado laboralista Mario Zuretti. Lógicamente, los consejeros de la minoría se sintieron agraviados por lo sucedido y, peor, por la irrupción en el cónclave de manifestantes sindicales que habían concurrido en apoyo de la jueza. Por ello garantizaron al doctor Zuretti que no votarían a su súbita competidora. Desde que estos consejeros cumplieron con su compromiso el trámite entero de selección cayó, por lo que reglamentariamente correspondería iniciarlo de nuevo, dado que se han vencido -por varios meses- las prórrogas solicitadas para dictar resolución.

Por si a este trámite le faltaran «ingredientes políticos», también hay -en la misma competencia- otra jueza de primera instancia laboral con muy fuertes vinculaciones con el poder político. Se trata nada menos que de Graciela Craig, titular del Juzgado Nº 55 y, además, esposa del activo diputado kirchnerista Héctor Recalde, el abogado de la CGT.

En tiempos de la presidencia de Carlos Menem se acusaba constantemente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación de contar con el voto de una pretendida «mayoría automática», entonces «afín» al gobierno. Esa situación concluyó, recordemos, con la remoción de los ministros de la Corte más cercanos al menemismo conducida con actuada indignación desde el atril flamígero de Kirchner, en los inicios de su gobierno.

La referida defenestración kirchnerista de los altos magistrados del máximo tribunal judicial de nuestro país fue acompañada por la designación de los relevos del caso que, siendo ideológicamente afines a las convicciones presidenciales, resultaron asimismo políticamente independientes en varias cuestiones.

Resulta preocupante que ese criterio, adoptado a comienzos de la era kirchnerista, se abandone ahora en beneficio de la conveniencia política de nombrar jueces cuyo notorio perfil decisorio satisface a amigos y aliados del poder.

Actuar de esa forma es todo lo contrario a garantizar, como corresponde, la total independencia e imparcialidad de nuestros juzgadores, garantía última de la forma republicana en la que todos queremos vivir.

EMILIO J. CÁRDENAS

Abogado, ex embajador argentino en Naciones Unidas

EMILIO J. CÁRDENAS