Fuerte rechazo al control que quiere imponer 'K'

Una andanada de críticas desde la oposición y desde sectores judiciales sólo logró que el oficialismo postergue una semana la polémica reforma del Consejo de la Magistratura, que planeaba aprobar en la sesión de ayer.

El jefe del bloque justicialista, Miguel Angel Pichetto, anticipó que la iniciativa será debatida «la próxima semana», cuando el dictamen de la comisión de Asuntos Constitucionales, que firmaron en la tarde de ayer, «cumpla los plazos y esté publicado».

Así desactivó toda especulación sobre un posible congelamiento del proyecto que reconoce como principal impulsora a la senadora electa Cristina Fernández de Kirchner, quien ayer no pudo estar presente porque aún no juró en representación de Buenos Aires.

En la reunión de labor parlamentaria del mediodía los representantes oficialistas habían argumentado que «no es conveniente que en la misma sesión en la que participa el presidente (Néstor Kirchner estará hoy en la jura de los tres senadores por Buenos Aires) se trate un tema de alto voltaje político».

Un senador que participó de ese encuentro relató que «vinieron a la reunión con la decisión tomada por la oposición pública que generó la propuesta».

El proyecto que busca reducir de 20 a 13 el número de integrantes del Consejo, provocó un coro de protesta desde sectores políticos y judiciales.

Los diputados de la UCR y del ARI, representantes de propio Consejo de la Magistratura y de distintas organizaciones no gubernamentales (ong) criticaron los alcance de la norma ante la insistencia del oficialismo por seguir adelante pese a los cuestionamientos que recibió la inicia

tiva.

El jefe de bloque de senadores radicales, Ernesto Sanz, advirtió que «la postura de la UCR es de rechazo» a la iniciativa, porque el gobierno pretende «controlar» el Consejo.

La diputada Elisa Carrió, que ofreció una conferencia de prensa con otros legisladores del ARI, calificó al proyecto como «un intento grosero y brutal del Gobierno, encabezado por la senadora Cristina Fernández de Kirchner, de garantizar la omertá, es decir, el viejo código mafioso».

El esquema que impulsa el justicialismo le atribuye 3 asientos a los jueces, 2 a los abogados de la matrícula, 1 a los representantes académicos, 1 al Poder Ejecutivo, y 6 al Poder Legislativo (el proyecto elimina la participación del presidente de la Corte Suprema como titular del Consejo).

Según el vicepresidente del Consejo de la Magistratura, Eduardo Orio, de esta manera «el sector político va a tener un poder hegemónico con 7 sobre 13 miembros». (DyN)

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