Fuertes condenas a la superbanda de Valor

BUENOS AIRES (DyN).- Luis «El Gordo» Valor, líder de una superbanda delictiva, y sus lugartenientes Hugo «La Garza» Sosa y Emilio Nielsen fueron condenados ayer a 20 años de prisión por el sangriento intento de asalto a un camión de caudales ocurrido en 1994 en la localidad bonaerense de La Reja, en el que murieron un policía y dos asaltantes.

Al mismo tiempo, recibieron la pena de 18 años de cárcel Rodolfo «Rudy» Cardozo, Daniel Hidalgo y Juan Pastor Monzón, 17 años Claudio Luján Gutiérrez y 14 años de prisión Claudio Chávez, el único que no tenía antecedentes.

La Sala II de la Cámara de Apelación de San Martín, que sustanció el juicio oral y público desde el 12 de octubre, halló a Valor y sus cómplices culpables de los delitos de «homicidio en ocasión de tentativa de robo con tenencia ilegal de armas y municiones de guerra, en concurso real».

Las penas dictadas por el tribunal son inferiores a las solicitadas por el fiscal Luis María Chichizola, quien había reclamado entre 20 y 23 años y medio de cárcel.

El tribunal ordenó además que se investigue la presunta comisión de delitos por parte de los responsables de las tareas de inteligencia realizadas antes y después del golpe al camión blindado, medida que involucra al ex titular de la Brigada de Investigaciones de La Matanza, el comisario retirado Mario «Chorizo» Rodríguez, y al ex juez de Morón y de Zárate-Campana y ex ministro de Justicia y Seguridad Bonaerense, Osvaldo Lorenzo.

Los abogados de los acusados adelantaron que apelarán al tribunal de Casación y criticaron con dureza a los jueces, particularmente por no considerar las pruebas aportadas por ellos en las audiencias.

La lectura del fallo tuvo que ser interrumpida momentáneamente a raíz de un escándalo generado por los familiares de los condenados, que comenzaron a lanzar gritos contra el tribunal justo en el momento que se daban a conocer las penas.

Vuelta la calma, los jueces autorizaron a retornar a la sala sólo a los periodistas, hasta que finalmente dio por concluida la lectura de las 155 páginas del fallo.

«Quizás como en una película faltan algunos protagonistas, pero hay elementos suficientes que prueban» que los acusados estuvieron en el lugar donde ocurrió el intento de robo y que «conformaban una banda», consideró el tribunal en uno de los párrafos de la sentencia.

De ese modo, dio por probado la participación de cada uno de los acusados de en el intento de robo al camión de caudales de Tab-Torres, el 19 de setiembre de 1994 a las 19, a la altura del puente de La Reja.

El camión -custodiado por un automóvil Torino con dos agentes privados- había retirado dinero de la planta de La Serenísima, en General Rodríguez, y al pasar por la ex avenida Gaona (actual Autopista del Oeste), sobre el puente de La Reja, fue obligado a reducir la marcha por los conos plásticos y clavos «miguelito» que había en el camino.

Allí fue interceptado por una camioneta y una grúa, en cuyos alrededores se encontraba una docena de hombres vestidos como personal de vialidad nacional.

Mientras el camión escapó del lugar girando de contramano por la avenida, los asaltantes se tirotearon primero con los custodios y después con efectivos policiales de la Brigada de La Matanza que iban en un colectivo sin identificación. Pero los jueces consideraron que esa situación no implica que el micro estuviera esperando, sino que llegó al lugar al recibir una denuncia por radio.

En el enfrentamiento murieron el sargento Claudio Calabrese y dos de los delincuentes, Dionel Fariña y Alfredo Borda. El resto de los asaltantes escapó.

En el extenso fallo basaron su veredicto a partir del testimonio de 29 de los testigos que se presentaron en el juicio, en su mayoría efectivos policiales de la Brigada de La Matanza que participaron en el enfrentamiento y que dijeron haber reconocido a los delincuentes en el lugar.

En el caso de Valor dijeron los jueces que cinco policías lo vieron portando un fusil FAL entre la grúa y la camioneta y que tenía colocado un casco plástico, similar a los que utilizan operarios viales.

Los jueces también dejaron trascender presuntas irregularidades cometidas antes y después del hecho a partir de una la causa 37.551 por «averiguación de delito» iniciada por Lorenzo cuando se desempeñaba en el juzgado número 4 de Morón.

La lectura del veredicto desató un escándalo con presos y familiares

BUENOS AIRES (DyN)- El juicio a Luis Valor y siete cómplices terminó en escándalo, cuando los familiares de los acusados repudiaron a los jueces mientras se leía la condena y fueron expulsados de la sala a los empujones por efectivos de la Policía Bonaerense.

Al mismo tiempo los condenados se exaltaron e incluso con vehementes gestos increparon a los magistrados, rodeados por una marea de policías.

Los desmanes se iniciaron a las 13.25, cuando se comenzó a leer la condena a los acusados, momento en el cual varios de sus familiares se levantaron de sus asientos y comenzaron a repudiar el fallo de la Sala II de la Cámara de Apelación de San Martín.

En el mismo momento, Emilio Nielsen, con sus casi dos metros de altura, se paró de su asiento y señaló con su dedo índice a los integrantes del tribunal, acompañado por otro de los acusados, Juan Monzón.

De pronto, la amplia sala situada en el primer entrepiso de los tribunales de San Martín, en la avenida Balbín 1723, se convirtió en un campo de batalla, con una gruesa columna de policías que avanzaron hacia los familiares y comenzaron a echarlos del lugar a empujones.

Ya al comenzar la audiencia, el presidente del tribunal, Martín Moreno, había advertido que ante el menor síntoma de disturbio iba a ordenar el desalojo de la sala.

En medio de la caótica situación, los familiares de los condenados denunciaron que el hijo varón de Daniel Hidalgo, quien junto a dos de sus hermanitas, todos menores, presenciaban el juicio, fue golpeado por los policías.

La madre de Gutiérrez -otro de los detenidos- se desvaneció, cayó en el piso de la sala y debió ser atendida por sus allegados. Después denunció que el ex titular de la Brigada de La Matanza, comisario retirado Mario «Chorizo» Rodríguez le pidió 50 mil dólares, y mostrando la foto de su hijo golpeado dijo que fue torturado.

La marea generada en el contraataque policial arrastró también a los numerosos periodistas que se encontraban en la atestada sala cubriendo las circunstancias del juicio, los que fueron obligados a desalojar el lugar con métodos poco delicados por los agentes de la Bonaerense. Incluso la cronista de Radio Rivadavia cayó al piso.

«Esto es una cosa patética, mi hermano es inocente y no participó en ese hecho», dijo a DyN Estela Hidalgo, y agregó que el juicio estuvo «armado por la Policía, «Chorizo» Rodríguez y (el fiscal Luis) Chichizola».

Los jueces, «asqueados» por la actuación de la Bonaerense

BUENOS AIRES (Télam).- «Me resulta asqueante intervenir en procesos donde los jueces tenemos que determinar quiénes son delincuentes y quiénes policías», resumió el camarista Martín Moreno al dar la visión del tribunal sobre el rol de la cúpula de la Brigada de La Matanza en el robo al blindado, por el que se condenó a Luis Valor y su superbanda.

En los fundamentos del veredicto, el camarista fue más lejos: «Hay muchos que deberían hacer fila para ocupar los asientos de los acusados y hago votos para que esto se siga investigando y se llegue a buen puerto».

El Tribunal hizo lugar a todos los pedidos de investigación del fiscal Luis Chichizola contra la cúpula policial que presidió el hoy comisario retirado Mario «Chorizo» Rodríguez y la causa judicial que abrió el entonces juez de Morón, Osvaldo Lorenzo, luego ministro del gobernador Duhalde.

Chichizola considera que los policías podrían ser acusados de «omisión en grado de participación necesaria en el robo agravado seguido de homicidio» por el que ayer se condenó a Valor a 20 años de prisión.

Para dejar en claro su postura el tribunal prescindió a la hora de las condenas de los testimonios de los jefes más cuestionados, entre ellos el hoy comisario retirado José Alberto Jofré, Ramón Orestes Verón y el comisario inspector Juan Saiz.

Según se puso en evidencia durante un mes de juicio oral, los policías efectuaron seguimientos de camiones blindados de la empresa TAB desde 53 días antes del robo, a raíz de la recepción de un dudoso llamado anónimo que advertía del ilícito.

Estas tareas estuvieron amparadas por una causa que abrió el entonces juez Lorenzo, algo que se considera irregular ya que los magistrados intervienen cuando los delitos se cometieron, no antes.

«No es la primera vez que esta sala interviene en procesos donde el actuar policial no es del todo transparente, pero el delito es un fenómeno desgraciadamente ineludible y no se puede prescindir de la constancia policial, que son los encargados de reprimir», expresó el fallo.

Porque, continuaron los camaristas, «los que reprimen son los policías, no los jueces, que aplican la ley, mal que le pese al ex juez Lorenzo que en esta audiencia dijo lo contrario».

Moreno recalcó que «hay oscuros mecanismos policiales que llegan a ser delictuales y que a veces hasta vuelven imposible la tarea judicial».

En concreto, se ordenó investigar si el personal jerárquico de la Brigada de La Matanza -que después se trasladó a Lanús- «estaba en condiciones de evitar el hecho en vez de enfrentarse y tuvo conducta omisiva».