Garzón batalló hasta el último minuto y lo tiene en la mira

Madrid (dpa-Reuters) – Baltasar Garzón luchó hasta el final. Pero el recurso que envió por fax a la fiscalía británica en Londres para evitar en el último minuto que el ex dictador chileno Augusto Pinochet quedara en libertad, no surtió efecto.

Pese a todo, el juez instructor español no se siente como un perdedor. Tampoco lo entienden así las víctimas del régimen militar chileno (1973-1990), que consideran que se ha sentado un importante precedente en la lucha por los derechos humanos.

Garzón prometió volver a pedir el arresto de Pinochet si el ex dictador, intenta salir de su país, dijeron fuentes judiciales. «No estoy enfadado aunque siento tristeza y dolor por las víctimas» (del régimen de Pinochet), declaró el juez.

Garzón se propone mantener su orden internacional de arresto contra Pinochet y seguir adelante por ahora con el caso.

El magistrado fue ridiculizado la primera vez que pidió procesar a militares latinoamericanos por la «guerra sucia» de la década de 1970. Pero cuatro años después, abrió una página de la historia al hacer un poco menos confortable la estancia en el planeta para todo ex dictador.

El 16 de octubre de 1998, logró que Pinochet fuese detenido en Londres.

A sus 44 años, Garzón es titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 del alto tribunal español y está a cargo de las investigaciones relacionadas con delitos contra la seguridad del Estado. Por ello le ha tocado llevar algunas de las causas más sonadas de corrupción, terrorismo o narcotráfico que ha conocido la Justicia española.

Ninguna de éstas, sin embargo, tuvo un eco internacional tan importante como el «caso Pinochet», que tiene sus orígenes en las investigaciones iniciadas por este juez hace más de tres años por los cientos de españoles desaparecidos durante la dictadura en Argentina (1976-1983) y que, por la «Operación Cóndor», guardan relación con el régimen militar chileno (1973-1990).

Nacido el 26 de octubre de 1955 en el seno de una familia sencilla en el pequeño pueblo de Torres, en Jaén, en el sur de España, Garzón es el segundo de cinco hermanos. De joven pensó en convertirse en cura, pero finalmente optó por la abogacía.A los 23 ya era juez.

En una de sus escasísimas entrevistas, reveló a una revista que lo más importante para él como persona son «la dignidad, el compromiso, el esfuerzo, el trabajo; todo lo que implique luchar por las ideas en las que uno cree».

Un hito en el derecho internacional

Londres (EFE).- El Caso Pinochet, cerrado hoy tras el regreso del ex dictador a Chile, ha cambiado para siempre el Derecho Internacional y, al mismo tiempo, ha dejado una huella imborrable en el sistema judicial británico.

O, como afirmó ayer en la Cámara de los Comunes el ministro del Interior británico, Jack Straw, el caso «ha establecido, más allá de cualquier duda, el principio de que los violadores de los derechos humanos en un país ya no pueden asumir que estarán a salvo en otro».

«Este será el legado eterno de este caso» enrevesado y sin precedentes que comenzó con la detención del general en Londres el 16 de octubre de 1998.

El gran hito en el proceso se produjo el 24 de marzo de 1999, cuando un comité judicial de la Cámara de los Lores estableció por mayoría de seis a uno que los antiguos jefes de Estado no pueden alegar inmunidad por los delitos perpetrados mientras se encontraban en el poder.

Esta sentencia, que contará como precedente en posibles casos similares en otros países del mundo, representa un giro en los principios del Derecho Internacional, que han cambiado gradualmente de la no injerencia en los asuntos internos a la primacía de los derechos humanos por encima de las fronteras nacionales.

El caso era especialmente difícil por cuanto carecía de antecedentes, como reconoció Straw al recordar en los Comunes que «tanto los tribunales como yo hemos tenido que navegar por territorio inexplorado». El caso se centró en la cuestión de si Pinochet tenía inmunidad como antiguo jefe de Estado ante las violaciones de los derechos humanos perpetrados durante su dictadura (1973-1990). Finalmente, los lores decidieron que el general no gozaba de inmunidad y podía ser procesado, pero sólo por los delitos perpetrados después del 8 de diciembre de 1988, fecha en la que la Convención Internacional contra la Tortura se convirtió en vinculante para Chile, España y el Reino Unido.

El caso puso de relieve las dificultades que hay en el ámbito internacional para enjuiciar a dictadores ante la ausencia de una institución adecuada para hacer efectiva la responsabilidad penal. Aunque el Tribunal Penal Internacional se creó en Roma en 1998 para juzgar a acusados de delitos contra la humanidad, el tratado sólo ha sido ratificado por seis países y no podrá entrar en vigor hasta que sea aceptado por sesenta Estados.

Un probable avance hacia la Corte mundial

Buenos Aires (Télam).- Abogados constitucionalistas coincidieron en que el regreso de Augusto Pinochet a Chile debería acelerar la formación de un Tribunal Internacional que juzgue delitos de lesa humanidad, aunque discreparon sobre la decisión de británica de negar la extradición del ex dictador.

«Para que no se repitan situaciones como ésta, que van a conducir a la impunidad de Pinochet, hay que acelerar cuanto antes la entrada en vigencia del Tribunal Internacional», afirmó Jorge Vanossi en declaraciones a Télam.

El abogado consideró «muy difícil» que en Chile se encuentre una solución a la situación del ex dictador, donde «deberá enfrentar los 50 pedidos de juicio que se le siguen, pero a la vez tiene inmunidad» como senador vitalicio.

En tanto, el constitucionalista Daniel Sabsay respaldó la decisión de no extraditar a Pinochet, al considerarla como «una lección en materia de debido proceso y de garantías personales, que ha tenido una enorme labor pedagógica a nivel internacional».

Sabsay también coincidió en la importancia de crear una corte internacional que se encargue de estos temas. «Dadas la serias dificultades que existen en el mundo precisamente para poder juzgar este tipo de delitos, el caso Pinochet debe servir como serio impulsor para la creación y definitiva consolidación de una corte penal internacional», dijo a Télam.

Desde la vereda opuesta, el abogado Héctor Masnatta rechazó la medida británica y consideró que es el juez español Baltasar Garzón quien debe decir si Pinochet está o no en condiciones físicas y mentales de afrontar un proceso judicial.

«La lógica va en el otro sentido», afirmó al ser consultado sobre la decisión de dejar en libertad al ex dictador y no extraditarlo a España u otro país. «Objetivamente tendría que haber sido Garzón el que lo someta a un examen médico», opinó.