Gas Natural retira también su denuncia ante el Ciadi

BUENOS AIRES (DyN).- La empresa española Gas Natural SDG, controlante y operadora en la Argentina de la distribuidora Gas Natural BAN, formalizó ayer en Madrid sus «desestimiento del reclamo presentado ante el CIADI» contra el Estado Nacional.

Se trata de la acción judicial presentada ante el tribunal arbitral del Banco Mundial por presuntos perjuicios económicos acarreados a la compañía con el cambio de las condiciones del contratro de concesión del servicio a su cargo, como consecuencia de la devaluación, y la pesificación de tarifas dispuesta en el marco de la Ley de Emergencia dicatada en enero del 2002.

La formalización de la renuncia a compensaciones económicas tuvo lugar en una reunión mantenida por el presidente del grupo empresario español, Salvador Gabarró, con el ministro de Planificación Federal, Julio de Vido. Durante el encuentro bilateral en la sede empresaria en Madrid, los directivos de Gas Natural SDG, firmaron un convenio por el cual la empresa oficializó su desestimiento ante el CIADI.

Por el gobierno argentino firmaron el acuerdo el secretario de Energía, Daniel Cameron, y el representante de Planificación en la UNIREN, Lisandro Salas, y por la empresa lo hizo el gerente general de GasBan, Pedro Sáenz de Santamarina, detalló a DyN el vocero de Planificación. De esta manera, queda despejado el camino para que próximamente ambas partes anuncien un acuerdo transitorio para 2005 en materia de tarifas e inversiones en el servicio, y el inicio de conversaciones hacia un acuerdo integral y definitivo, con vigencia desde 2006.

Ya a mediados de marzo Gas Natural de España, había comunicado al gobierno argentino su «firme decisión» de retirar el reclamo que presentara ante el CIADI en el 2003, al tiempo que expresó su «plena confianza» en que la compañía «arribe en breve a un acuerdo justo y razonable de renegociación de su contrato».

Cabe consignar que Kirchner fijó como pauta ineludible para una renegociación de los contratos con todas las empresas de servicios públicos privatizados, primero la suspensión y luego el desestimiento de cualquier reclamo de compensación económica formulada ante el CIADI. De esta manera, queda despejado el camino para que ambas partes anuncien un acuerdo transitorio para el 2005 en materia de tarifas e inversiones en el servicio, y el inicio de conversaciones hacia un acuerdo integral y definitivo, con vigencia desde el 2006.