Gendarmería desalojó terreno de la armada en Santa Cruz

El predio de la Armada que estaba ocupado por unas 500 personas en Río Gallegos fue desalojado por efectivos de Gendarmería Nacional, que tomaron control del lugar pese a que algunos ocupantes les arrojaron piedras y palos, mientras el director de la ANSES, Diego Bossio, presentó una denuncia penal contra funcionarios locales por la usurpación.

HUBO INCIDENTES

Luego de que esta mañana llegarán a esta ciudad patagónica un refuerzo de 100 gendarmes, finalmente se logró desalojar los terrenos que estaban ocupados desde el jueves.

Por su parte, el diputado radical Julio César Martínez dijo a la agencia DyN que solicitará un pedido de informes a las autoridades nacionales para saber sobre el uso del Ejército el viernes en el desalojo de los ocupantes del predio, ya que las Fuerzas Armadas “tienen prohibido participar en seguridad interior”.

De esta manera, el conflicto por la usurpación escaló en el plano político nacional, donde además persiste el enfrentamiento entre el gobierno de Daniel Peralta y la Casa Rosada.

En ese marco, el director ejecutivo de ANSES, Diego Bossio, reveló hoy que había presentado una denuncia penal contra el subsecretario de Planeamiento santacruceño, José Luis Garrido, y a otros funcionarios como posibles “autores, cómplices o encubridores” de usurpación, instigación a cometer delitos y abuso de autoridad e incumplimiento de sus deberes.

“Esto supera lo irracional porque no tiene explicación, justo además en frente de un proceso electoral”, advirtió Bossio en esta ciudad encabezó un acto del programa PROCREAR y señaló que “una cosa es diferir en los modos de ver la realidad pero otra cosa distinta es poner de rehenes a las expectativas de quienes ya se han inscripto para tener sus casas”.

El funcionario cuestionó al gobernador Peralta al indicar que “es un fabricador serial de crisis institucionales” y lo definió como “un gobernador caprichoso” que desea “crear climas electorales enrarecidos para su propio beneficio”.

Un numeroso grupo de efectivos de Gendarmería, Prefectura y Ejército, que se apostaron con camionetas, camiones y cuatriciclos en el sector sur se movilizó ayer para impedir el acceso a terrenos que serán urbanizados con fondos nacionales.

Ese despliegue fue cuestionado por el diputado Martínez, secretario de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, quien analiza realizar “una presentación judicial” porque “no hubo un ataque grave referido a la Defensa para que se movilice al Ejército”.

Los ocupantes de los terrenos son “personas comunes y no terroristas, guerrilleros o ciudadanos extranjeros que ocuparon una unidad militar”, indicó a esta agencia.

En tanto, el gobernador Peralta aseguró anoche que la solución de esta problemática “no es militarizando las zonas usurpadas”.

“Lo que paso es producto de la incapacidad de gestión del intendente de Río Gallegos, Raúl Cantín, y del diputado por el Pueblo de la capital, Mauricio Gómez Bull”, analizó Peralta.

Para el gobernador “lo que sucedió es producto de la desesperación a la que fue llevada la gente, que no encuentra respuesta en la administración de Cantín”.

Durante el desalojo, algunos de los ocupantes arrojaron palos y piedras a los gendarmes que avanzaron quitando estacas, carpas, precarias edificaciones y apagaron algunas fogatas que los ocupantes prendieron durante la noche en el predio.

Las ocupaciones de terrenos se extendieron en el sur de Río Gallegos, desde que el miércoles un millar de personas demarcó improvisados loteos en tierras provinciales conocidas como Bicentenario 3, 4 y 5, a 10 kilómetros del centro urbano.

El juez de Instrucción Carlos Arenillas dispuso ayer la medida de no innovar sobre la ilegalidad de la toma de tierras y emitió un interdicto tras la denuncia de Cantín y argumentó que se encontraba “probado que las personas que allí” estaban “en calidad de ocupantes ilegales, perturbando la posesión de dichas tierras mediante la construcción de viviendas precarias con chapas, maderas, plásticos y cartones”.

Fuente: DYN


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