Gestiones comunales para que se levante una toma

NEUQUEN (AN).- La intendenta a cargo Marta Buffolo requirió ayer la intervención «urgente» de la policía, de la justicia y de la Defensoría del Niño y del Adolescente ante la toma ilegal de un área potencialmente peligrosa, pero hasta ayer «la única respuesta fue el silencio», afirmó.

También indicó que se contactó telefónicamente por esta misma situación con el ministro de Trabajo y Seguridad, Luis Manganaro, que «me dijo que está evaluando la situación con el comisario general Wálter Cofre».

La funcionaria está esperanzada que Manganaro actúe con prontitud pues se acuerda que a poco de asumir, garantizó que «no le iba a temblar la mano para hacer cumplir la ley».

Tampoco tuvo suerte la funcionaria con la fiscalía a cargo de Alejandro Cabral, «fue inhallable en el celular así que no tuvimos otra posibilidad que radicar la denuncia en la comisaría primera dirigida al jefe de Policía, donde nos pidieron especialmente el plano del área usurpada».

Llamativamente, la fracción ocupada fue delimitada con una cinta celeste de una lindante, perteneciente al Consejo Provincial de Educación (CPE).

Un equipo especial antimotines (Despo) guarecido al costado de una enorme antena y efectivos de la policía ubicados frente a la toma controlaban ayer que nadie pasase al lote provincial mientras observaban pasivamente cómo más familias continuaban tomando las tierras municipales.

La ocupación ilegal ocurrió en la madrugada del domingo en el terreno ubicado en Colón esquina Abraham, al sur este de Cordón Colón, identificado como remanente lote 3, destinado a espacio verde y de propiedad municipal.

El terreno está bordeado po una zanja de guarda por los posibles desbordes y derrapes que suelen ocurrir en el lugar. Integra el circuito de tránsito veloz y de derivación de camiones y transportes de carga. «Con una lluvia fuerte van a empezar a caer esas casitas como un castillo de naipes, es peligroso para esa gente y si bien es claro que queremos recuperar la tierra, pedimos que se tomen los recaudos pertinentes», insistió Buffolo.

Al principio fueron nueve las familias pero 24 horas más tarde sumaban unas 40. La mayoría son parejas jóvenes, con hijos e hijas de familias del primer asentamiento masivo ocurrido en 1986 en la ciudad Neuquén.

Los ocupantes dicen que actúan así acicateados por la necesidad y la «falta de oportunidades que nos ofrece la provincia y el municipio. Lo único que queremos es la pura tierra, somos pacíficos, después nos arreglamos», dice Luis Salgado, de 21, a punto de ser padre.

El municipio «pretende que volvamos a nuestras casas paternas pero después va a pasar lo de siempre, se olvidan de nosotros», agrega Patricia Reyes, de 26, madre de Daniela y de Florencia, de 6 y 3 años, que corretean por el lugar. Una mujer acota que «la provincia está construyendo viviendas a gente de una toma que está fuera de regla, así que no vemos por qué no podemos nosotros».

Sea como sea parecen sinceros, están organizados, empezaron a mensurar los terrenos y ayer presentaron notas a la provincia y al municipio pidiendo apoyo.

Duro contra la Policía

NEUQUEN (AN).- En la historia del municipio de Neuquén, las denuncias por tomas ilegales son una rareza. Hubo tres, y de ellas dos fueron encaradas por la administración del intendente Horacio Quiroga. La reciente va más allá haciendo elípticamente responsables de lo que pueda sucederle a los ocupantes a la Policía, a la justicia y al gobierno de la provincia.

Buffolo dijo ayer a «Río Negro» que la policía tiene la obligación de preservar la vida y los bienes de toda la comunidad, pero no lo hace correctamente».

Las características topográficas del terreno «ponen en riesgo la vida de las personas que se encuentran usurpando y en especial la de los menores que se encuentran con ellos». A continuación identificó a varios chiquitos con nombre y apellido en función de un listado precario elaborado por la policía. A la fiscalía le advirtió «en especial» el riesgo de desmembramiento del lote. En otra nota, pidió al comisario general Wálter Cofré, que proceda al desalojo y a «la protección de la integridad física de los usurpadores y de los menores de edad».

A la Defensoría del Menor y el Adolescente, le advirtió que la cifra de niños en riesgo es precaria «porque en el sector usurpado continúan asentándose familias con menores de edad».