Gobernar es administrar

Antes de ser elegida presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner se comprometió a mejorar la calidad institucional del país, una empresa ambiciosa que debería suponer no sólo un esfuerzo por atenuar las deficiencias más notorias del sistema político sino también medidas para asegurar que la administración pública fuera lo más eficiente posible. Es innecesario decir que la mandataria ni siquiera ha intentado cumplir con sus promesas electoralistas. Puesto que a juicio tanto de ella como de su marido, el ex presidente Néstor Kirchner, hay que subordinar absolutamente todo a sus propios intereses políticos, lo demás carece de interés. Cuando les toca llenar cargos clave, lo único que toman en cuenta es la presunta «lealtad» de los personajes seleccionados. Que un ministro, secretario u otro funcionario haya descollado por su eficacia les parece un detalle menor si creen que reemplazarlo por alguien cercano a un sindicalista poderoso o un cacique político influyente les traería algunos beneficios inmediatos, de ahí las purgas frecuentes motivadas por el deseo de alejar a hombres y mujeres apadrinados por un ex colaborador caído en desgracia. Asimismo, la pareja maneja la economía pensando sólo en las eventuales ventajas y desventajas políticas que podrían suponerle sus decisiones, lo que, como ha ocurrido de resultas de su yihad contra el campo, ha tenido consecuencias nefastas para el país en su conjunto.

A partir de las elecciones legislativas del 28 de junio, la propensión de los Kirchner a privilegiar la política tal y como ellos la entienden por encima de todo se ha hecho todavía más evidente. Obsesionados con la lucha por sobrevivir, aunque sólo fuere por algunos meses más, en una situación que les es adversa, parecen haber olvidado que su tarea principal debería consistir en administrar el país con eficacia. Siguen sacando de la galera programas, como el supuesto por la liberación de los goles dominicales secuestrados, que si bien ocasionan sorpresa tienen muy poco que ver con los problemas nacionales más importantes. Por el contrario, suelen significar el desvío de recursos que en buena lógica deberían emplearse para procurar eliminar las lacras sociales más denigrantes. Asimismo, aunque desde el inicio de la gestión conjunta de los Kirchner el país ha asistido a un auténtico festival de anuncios esperanzadores, entre éstos los relacionados con la construcción de una cantidad imponente de viviendas económicas, muy pocos se han visto seguidos por cambios concretos. Es como si la presidenta y su marido creyeran que anunciar, por preferencia a través de la cadena nacional de radio y televisión, que se han propuesto hacer algo positivo los libra de la necesidad de llevarlo a cabo porque en su opinión lo único que cuenta es el impacto político.

Las consecuencias del cortoplacismo enfermizo así supuesto son patentes. Ha aumentado drásticamente la cantidad de personas que viven en pobreza extrema, pero debido a que el Indec no lo registra el gobierno no se ha sentido obligado a intentar revertir un proceso nefasto que está debilitando la sociedad. La educación está en crisis desde hace mucho tiempo pero, lejos de impulsar un programa de reformas profundas destinadas a mejorarla para que el país pueda enfrentar el futuro con cierta confianza, el gobierno nacional ha permitido que continúe el deterioro. Tampoco ha manifestado mucho interés en los problemas angustiantes supuestos por la inseguridad ciudadana, acaso por calcular que les corresponderá a los gobernadores provinciales e intendentes, es decir a personas que quisiera mantener en un lugar subordinado, pagar los costos políticos. A juzgar por las muchas denuncias que se han formulado, las obras públicas -de las que casi todas están paralizadas- que se han emprendido fueron ideadas con el propósito de ayudar a gobernadores determinados y castigar a otros o con el de repartir oportunidades para lucrar entre integrantes de lo que los Kirchner llamarían la «burguesía nacional», es decir entre empresarios cortesanos que podrían resultarles muy útiles en los años difíciles que se avecinan. No extraña, pues, que se haya difundido por el país una sensación de desconcierto, ya que la pareja locuaz que lo gobierna no parece tener mucho interés en lo que en otras latitudes se entiende por gobernar.


Antes de ser elegida presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner se comprometió a mejorar la calidad institucional del país, una empresa ambiciosa que debería suponer no sólo un esfuerzo por atenuar las deficiencias más notorias del sistema político sino también medidas para asegurar que la administración pública fuera lo más eficiente posible. Es innecesario decir que la mandataria ni siquiera ha intentado cumplir con sus promesas electoralistas. Puesto que a juicio tanto de ella como de su marido, el ex presidente Néstor Kirchner, hay que subordinar absolutamente todo a sus propios intereses políticos, lo demás carece de interés. Cuando les toca llenar cargos clave, lo único que toman en cuenta es la presunta "lealtad" de los personajes seleccionados. Que un ministro, secretario u otro funcionario haya descollado por su eficacia les parece un detalle menor si creen que reemplazarlo por alguien cercano a un sindicalista poderoso o un cacique político influyente les traería algunos beneficios inmediatos, de ahí las purgas frecuentes motivadas por el deseo de alejar a hombres y mujeres apadrinados por un ex colaborador caído en desgracia. Asimismo, la pareja maneja la economía pensando sólo en las eventuales ventajas y desventajas políticas que podrían suponerle sus decisiones, lo que, como ha ocurrido de resultas de su yihad contra el campo, ha tenido consecuencias nefastas para el país en su conjunto.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora