Gobierno e Iglesia intercambian gestos

Actualizado a las 19:50

BUENOS AIRES (DyN).- El gobierno de Néstor Kirchner y la Iglesia Católica cruzaron hoy gestos mutuos para distender la polémica suscitada por los dichos de monseñor Antonio Baseotto, y el posterior desconocimiento oficial del prelado como obispo castrense.

Mientras que el ministro del Interior, Aníbal Fernández, negó que exista una «convulsión política» con la Santa Sede y dio por superado el diferendo porque «no da para más», el titular del Episcopado, monseñor Eduardo Mirás (Rosario), pidió echar un «manto de olvido sobre todo esto».

Por su parte, el secretario de Culto, Guillermo Oliveri, llevó hoy al nuncio apostólico, monseñor Adriano Bernardini, el decreto por el cual el presidente Néstor Kirchner quita las atribuciones a monseñor Baseotto, acompañado por una carta del canciller Rafael Bielsa.

Simultáneamente, el Obispado Castrense informó que se suspendió la misa crismal que monseñor Baseotto tenía previsto presidir mañana en la catedral Stella Maris, del barrio porteño de Retiro. «No está prevista la celebración de la santa misa en la iglesia catedral», subraya un comunicado firmado por el vicario general, monseñor Pedro Candia, en la que también se destaca que los capellanes siguen cumpliendo sus funciones.

Tanto voceros eclesiásticos como gubernamental evaluaron la medida como «todo un gesto» para descomprimir la efervescencia de este entredicho en el que también intervino el vocero papal, Joaquín Navarro-Valls, quien el sábado advirtió que se podría violar la libertad religiosa en la Argentina. Más allá de esta puesta a cero en las relaciones bilaterales, algunos pronunciamientos individuales, tanto de funcionarios como de obispos, demostraron que aún subsisten las susceptibilidades.

«Las razones sanitarias de algunas cosas que yo he dicho, las mantengo», sentenció el ministro de Salud, Ginés González García, al ratificar su postura en favor de las políticas de control de la natalidad y la despenalización del aborto. El ministro del Interior, Aníbal Fernández, destacó que frente a «una situación no deseada y unas expresiones que no son felices, el Presidente hizo lo que tenía que hacer: llevó a cabo una decisión de las características que todos conocemos».

En tanto, el arzobispo de Resistencia, monseñor Carmelo Giaquinta, lamentó que con el «caso Baseotto» el Gobierno haya hecho «de un vaso de agua, un mar turbulento», y le sugirió al presidente Néstor Kirchner que «cultive la virtud de la prudencia». Si bien opinó que la Casa Rosada pudo «haber conducido la cuestión muy de otra manera, con más sabiduría y moderación, sin tanta desmesura», Giaquinta consideró que «siempre se está a tiempo para reencauzar un conflicto y buscarle solución».

Pero las declaraciones más fuertes fueron las del obispo de San Luis, monseñor Jorge Lona, quien sostuvo que al suspender los acuerdos de Estado que datan de 1957 «Kirchner se transforma en una especie de dictador que hace lo que quiere independientemente de las leyes». La crisis entre el Gobierno y la Iglesia se desató luego de que monseñor Baseotto sugiriera, mediante una cita evangélica, que González García merecía ser «tirado al mar» por repartir preservativos y propiciar el aborto. Situación que llevó al Gobierno a pedir a la Santa Sede la renuncia del obispo castrense, luego rechazada, y a quitarle posteriormente todas las atribuciones. Por su parte, el Episcopado calificó de «apresurada y unilateral» la decisión oficial y alentó a buscar una solución por la vía del diálogo.