Gobierno espera que se suspenda orden de Griesa a favor de fondos buitre

TRAS APELAR

El Gobierno espera que una Cámara de Apelaciones de Nueva York suspenda la orden del juez Thomas Griesa que dispuso la semana pasada que el Gobierno pague a bonistas que no entraron en los canjes de 2005 y 2010, tras apelar ayer la decisión del magistrado.

La apelación, sobre la que informó anoche el Ministerio de Economía, está fundada en razones de “equidad”, ya que la orden de Griesa implica pagar a quienes no entraron en los canjes el total de lo que reclaman, unos 1.330 millones de dólares, en una sola cuota el 15 de diciembre, mientras que los bonistas que sí entraron en los canjes “sufrieron quitas importantes y se les aplicó plazos de pago que van hasta el año 2038”.

El escrito presentado por los abogados contratados por el Gobierno en Nueva York pidió el “tratamiento urgente para que se suspendan los efectos de la orden que Griesa otorgó el pasado miércoles”.

La apelación apunta a atrasar la ejecución del fallo de Griesa y evitar que se embarguen los fondos que el país envía al Bank of New York para pagar a los bonistas que sí aceptaron la reestructuración de la deuda.

“La presentación hace eje en las deficiencias de la orden de Griesa y, en particular, en el hecho de que éste carecía de las competencias necesarias para disponer la suspensión de la medida de no innovar que regía el procedimiento y, por ende, en este punto el fallo carece de efectos”, dijo el Ministerio de Economía.

Los argumentos “se basan en la inequidad manifiesta de la fórmula propuesta por Griesa para llevar a la práctica la cláusula de pari passu”, dijeron los abogados, que plantearon ante la Cámara que se mantenga “la medida cautelar de no innovar hasta tanto el proceso de apelaciones se pueda completar”.

La posición argentina resaltó que “la suspensión de la orden hasta que la Cámara resuelva es la única forma en la cual se protege la continuidad operativa del sistema financiero de Nueva York y a sus agentes financieros, al igual que a los tenedores de deuda soberana en general”.

Por otra parte, denunció “el intento de amenazar el cumplimiento por parte de Argentina de su deuda performing (la que la Casa Rosada paga regularmente) que se deriva de la aplicación de la orden de Griesa” e hizo hincapié en el “ataque a la soberanía que representa el desconocimiento de las leyes sancionadas por nuestro Congreso con el consenso de una amplia mayoría de las fuerzas con representación parlamentaria”.

El escrito aseguró que “si Griesa hubiera dispuesto una fórmula de pago pro rata que tratara a los actores (los fondos que litigan contra el Gobierno) y a aquellos que estuvieran en la misma posición en los mismos términos que la Argentina ofreció en 2010, éste hubiera sido un remedio consistente con los antecedentes amparados por la ley argentina y podría ser una propuesta que el Congreso argentino podría debatir”. (DyN)