Gobierno ordenó este año sumario a policías sospechados

Recién cuando el STJ le pidió informes de las acciones sumarísimas iniciadas a los policías involucrados en la causa de proxenetismo y corrupción de menores, el ministro de Gobierno, José Luis Rodríguez, se anotició de que no se había iniciado ninguna causa interna. La policía sólo investigaba al oficial comisionado por la jueza para colaborar en esa investigación. Eso sucedió ya iniciado 2009. Ahora, el ministro dio instrucciones al jefe de Policía, Víctor Cufré, para que las inicie de inmediato.

El tema quedó revelado en el expediente que lleva adelante el Consejo de la Magistratura a instancias del propio ministro Rodríguez, quien pidió investigar si la jueza Bosco había violado el secreto de sumario, luego de que este diario publicó una escucha en la cual el entonces comisario de la Tercera, de Roca, le avisaba al dueño de un cabaret local de una inminente inspección policial pidiendo, a cambio, servicios sexuales de una alternadora.

Si bien la preocupación manifestada por el ministro consistía en que la difusión de los hechos pudiera evitar que los culpables fueran sancionados, hasta enero nada había hecho ni él ni la Policía en procura de esa sanción. El comisario en cuestión, Roberto García, fue primero trasladado a la Regional Segunda y designado hace semanas jefe de seguridad del edificio de Tribunales, en Roca.

Recibido el pedido de investigación, el Consejo lo giró al auditor Martínez, quien pidió informes a la jueza Bosco. La magistrada respondió al día siguiente, revelando que la causa que involucra a varios policías por colaboración en corrupción de menores y proxenetismo no estaba bajo secreto de sumario. Aun así, negaba haber dado información a la Defensora del Pueblo o a medios periodísticos. Ratificaba en cambio que la Policía conocía -por comunicárselo ella misma- los hechos que involucraban a policías en corrupción de menores, facilitación y promoción de la prostitución de menores de 18 años, promoción y facilitación de la prostitución o corrupción de mayores de edad, proxenetismo, rufianería, trata de menores de 18 años e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Luego de hablar con la jueza Bosco, el ministro Rodríguez consideró innecesario que el Consejo de la Magistratura continuara con la indagación, pero a pesar de ello el trámite siguió porque el STJ consideró de interés público transparentar el caso. El presidente del STJ reclamó al Consejo que intimara al jefe de Policía a informar las acciones administrativas iniciadas en 2007 y 2008, y los ascensos y traslados de los policías involucrados en la investigación. También pedía datos sobre el oficial principal Gabriel Ormeño, sancionado y sumariado por la Policía luego de que la jueza Bosco lo comisionara para colaborar con ella en la investigación de la causa de trata de jóvenes para ejercer la prostitución.

Según trascendió, Martínez consideró necesario sugerir al gobernador y a la Legislatura que se modifiquen los reglamentos policiales, a fin de evitar que, a través de actuaciones «sumarísimas» se deje sin percibir salario durante largo tiempo a un empleado judicial, por entender que ese mecanismo resulta «repugnante al sistema democrático». En el caso de Ormeño, el ex auditor Martínez entendió que la «sumarísima» que le inició la Jefatura implica «un increíble abuso de autoridad», ya que las autoridades conocían la decisión de la jueza de comisionarlo, y estimó que cabría un reproche penal. «No es posible que el Jefe de la Policía no tenga en claro que un funcionario policial no puede oponerse a una decisión jurisdiccional y, que de hacerlo, no tiene otra vía que la de cuestionarla en el ámbito correspondiente», expresó el auditor.

Mencionó también que el fiscal de Choele Choel, Gustavo Bodratto, declaró que su relación con las autoridades policiales empeoró después de los allanamientos a los cabarets y que advertía reticencia de los policías a declarar, aun con reserva de identidad «por temor a represalias».

La actuación de Gustavo Martínez fue una de las últimas de su gestión de tres años como auditor general del Poder Judicial, cargo que dejó el último día de enero -pese a que la ley prevé la posibilidad de que fuera prorrogado por otro período- debido a que no hubo acuerdo en los jueces del STJ para ratificarle el apoyo necesario para ello. En el ejercicio del cargo, Martínez varias veces objetó el accionar de magistrados o funcionarios judiciales.