Golpe de timón

ALEARDO F. LARÍA (*)

Cuando en octubre del 2008 el gobierno anunció una ley que ponía fin al régimen privado de jubilaciones, se produjo una fuerte caída de las acciones en la Bolsa de Buenos Aires. La explicación que se dio en aquel momento fue que esa caída obedecía a la incertidumbre que se cernía sobre las empresas que cotizaban en bolsa y cuyas acciones habían pasado súbitamente a poder del Estado. Por consiguiente, el primer dato que debe ser retenido es que estamos ante un tema enormemente delicado que, con independencia de la opinión que cada uno se forme, el mercado considera que afecta sensiblemente el sistema de propiedad de las empresas. Justamente, para aplacar esa intranquilidad, el bloque mayoritario oficialista estableció una cláusula en la ley de estatización, en virtud de la cual se limitaban los derechos políticos que al Estado le correspondían por la tenencia de los paquetes de acciones que recibía de las AFJP. Conscientes de la trascendencia de la medida, se limitó el derecho de participación política al 5%, con independencia del monto del paquete accionario traspasado al Estado. Ahora súbitamente, y sin motivo aparente que justifique el golpe de timón, el gobierno dicta un decreto de “necesidad y urgencia” para modificar una ley aprobada por el Congreso, con el apoyo de su propio bloque de legisladores. La única explicación que se ha ensayado es señalar lo obvio: que se trata de dar al Estado los derechos políticos proporcionales al volumen del paquete de acciones que detenta. Como esa situación era exactamente la que existía cuando se dictó la ley, queda sin explicar el repentino cambio de opinión. La impresión que se extrae de esta actuación contradictoria es que se toman decisiones políticas de enorme trascendencia sin medir las consecuencias últimas de estas actuaciones. Lo que en octubre del 2008 se consideraba un tema delicado, aparentemente ha dejado de serlo dos años y medio después. De este modo seguimos asistiendo al juego de los conejos que, por razones coyunturales, se sacan de la galera presidencial sin atender a los delicados equilibrios que se rompen. Una de las recomendaciones de todos los organismos internacionales que se han ocupado de las cuestiones vinculadas al desarrollo señala la necesidad de dotar de seguridad jurídica a las empresas para favorecer las inversiones a largo plazo, que son las que crean empleo. Cuando no existen reglas de juego claras y estables, los inversores no acuden y los países afectados no generan suficiente empleo. Las diferencias en el flujo de capitales, que en América Latina se dirigen fundamentalmente a Brasil, son la consecuencia inevitable de tanto diletantismo jurídico. Por otra parte, estamos ante una medida poco meditada y que hubiera merecido ser trasladada a un texto legal para su discusión parlamentaria. Por ejemplo, si esas acciones fueron adquiridas con los ahorros previsionales, lo razonable sería en que los directorios de esas empresas se sentaran –como sugiere Osvaldo Bayer– representantes de los trabajadores de esas mismas empresas que las conocen y pueden defender intereses compartidos. Ostentan, sin duda, más derechos que los integrantes de La Cámpora, del Estado o de las burocracias sindicales. Lo cierto es que medidas de esta índole, que marcan una presencia forzada del Estado en empresas privadas, no se han implementado en ningún país del mundo. Excepcionalmente, con la conformidad de los accionistas privados, se han constituido empresas mixtas. También en empresas que antes eran del Estado, éste se ha reservado una participación luego de su privatización. Pero siempre existe una conformidad previa de los inversores, que saben a qué reglas atenerse y con quién se están asociando. En nuestro país, desatamos con toda tranquilidad los alambres jurídicos que pusimos hace dos años y medio y, además, lo hacemos convencidos de que la medida carece de trascendencia. Esta supina ignorancia de las relevantes cuestiones que están en juego es lo que sorprende. Para añadir un ingrediente épico, tras unas declaraciones presidenciales “Página 12” titula con letras catástrofe: “Las corporaciones no entrarán en la Casa Rosada”. Se ha levantado otro rutilante molino de viento y el infatigable Don Quijote se prepara, lanza en ristre, a emprenderla contra el nuevo enemigo. (*) Abogado y periodista


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