Golpearon a los acusados de matar al policía

NEUQUEN (AN) – La ejecución del suboficial de la policía provincial la madrugada del miércoles en el destacamento del barrio Don Bosco III, derivó en hechos que provocaron singular preocupación y parecen tenderle una sombra a la marcha de las investigaciones. Pocas horas después de que el jefe de la Policía provincial admitiera que se han recibido amenazas anónimas de nuevos atentados contra efectivos de la fuerza, el juez Eduardo Badano reconoció que los detenidos sospechados del crimen han sido golpeados y no dudó en calificar de «grave» lo ocurrido.

A esta altura de los acontecimientos la presunción de que el asesinato del sargento primero Néstor Sepúlveda fue una venganza por la muerte a manos policiales de Cristian «Patico» Hernández, el delincuente abatido cuando huía después de cometer un asalto la semana pasada, se sustenta con visos cada vez más sólidos.

El más contundente lo dio el comisario general Juan Carlos Lezcano, quien informó que en la madrugada de ayer en el Comando Radioeléctrico, un anónimo dejó un mensaje en contra los efectivos de la fuerza.

«Nos consta que se trató de una amenaza, de contenido genérico, hacia la policía», sintetizó Lezcano.

Se abstuvo de abundar en mayores detalles sobre el contenido de la comunicación, pero dijo que «lo confirmo plenamente, existió y a raíz de ello se radicó la correspondiente denuncia en la Comisaría Segunda».

Cuando se le pidieron precisiones sobre el llamado anónimo, argumentó que «por el momento es todo lo que diremos. Las investigaciones están en marcha y no queremos adelantar nada que no contribuya a las investigaciones».

Durante la jornada el juez Badano, quien dirige la investigación por la muerte del suboficial, confirmó versiones que desde la mañana habían ganado la calle: «los sospechosos del crimen presentan golpes en los rostros. No sabemos cuándo, cómo ni dónde los recibieron, por lo que se ordenó un profundo examen médico que permita definir esos puntos. Ese informe todavía no lo he recibido, pero ello al mar-gen, las lesiones existen», dijo el magistrado.

Las agresiones a los detenidos habían sido denunciadas por familiares de los detenidos, quienes en algún caso acudieron a una entidad defensora de los Derechos Humanos para plantear sus preocupaciones (Ver aparte).

La seguridad de los detenidos había sido un punto de especial preocupación de los investigadores, a partir de las versiones de que se está ante un virtual desafío entre policías y mafiosos. «Cuídenlos con algodones, porque si algo les pasa es responsabilidad de ustedes», habían advertido desde la justicia.

Ayer Lezcano se preocupó por transmitir tranquilidad a sus filas, aseguró que siguen trabajando con un alto grado de profesionalismo y descartó que el dolor que embarga a sus subordinados pudiera «provocar desborde alguno».

«Existe la lógica preocupación ante un hecho como la muerte de un efectivo, pero tenemos muy en claro que cumplimos una tarea muy delicada como es la prevención y la persecución de los delincuentes», dijo Lezcano.

Y aseguró que la investigación prosigue «en el estricto marco de la ley».

En cuanto a la golpiza que sufrieron los detenidos, dijo que «no hemos recibido ninguna denuncia en sede policial. De todos modos, será investigada en el marco de un sumario de oficio que se abrió para determinar si existieron excesos en los operativos que se han llevado a cabo y que fueron denunciados por medios periodísticos.

«De haber existido se actuará siguiendo lo que indica las reglas internas y la ley», añadió.

A los detenidos tras el hecho, Walter Sandoval y David Roa, se le sumó Marcos «Caco» Figueroa, el inquilino de la casa donde se supone fue planificado el ataque al destacamento policial. Ayer se negó a declarar ante el juez.

El resto de los arrestados recuperó la libertad.

La investigación por el crimen del suboficial ayer no tuvo avances significativos. En un allanamiento se secuestraron elementos que se consideran útiles, pero que habrá que someterlos a pericias.

«No me opongo a que lo investiguen, pero no acepto que lo estropeen»

NEUQUEN (AN) – «Desde que detuvieron a mi hijo no he podido verlo y amigos de él me han dicho que los están sometiendo a golpizas en su lugar de encierro», dijo en to-no dramático Jorge Sandoval, padre de Walter, uno de los sospechosos del crimen del suboficial Néstor Sepúlveda.

Reconoció que su hijo andaba con «malas juntas» y que tal vez eso se debió a que en los últimos tiempos «había perdido el horizonte», pero sostuvo que «una cosa es eso y otra vincularlo con un crimen y encima que estén dando golpizas. Lo otro no da derecho a que me lo estén golpeando», añadió Sepúlveda.

Dijo que como no tuvo éxito en su intención de ver a su hijo recurrió a los dirigentes de Zainuco, la organización de Derechos Humanos que trabajo con detenidos en las cárceles y comisarías de la provincia.

«Me dijeron que para entrar a la U-11, donde está el chico, tengo que llevar una orden del juez. Ahora la subsecretaria de Seguridad (Alicia) Comelli me aseguró que vaya y me dejarán entrar», relató.

El juez Badano confirmó que los detenidos no pueden ser privados de la visita en donde están detenidos y señaló que al menos dos de los detenidos están golpeados.

Sepúlveda comentó que «como dos o tres amigos de mi chico me están avisando que a todos los han golpeado. No puede ser y quiero verlo para asegurarme si eso es verdad». Relató que ultimamente su hijo estaba algún tiempo con él y luego desaparecía. «Iba y venía, pero yo no me opongo a que la justicia investigue si tuvo algo ver. Así tiene que ser, lo que no puedo aceptar es que lo estropeen…», añadió.

«Todos los familiares de los detenidos están aterrorizados, porque las versiones de que los están golpeando son muchas y como no se los ha podido ver, la incertidumbre es mayor», dijo por su parte Gladys Rodríguez, presidenta de Zainuco.

Añadió que las versiones que les han llegado hablan de «golpizas brutales» a manos de los policías

Los dirigentes de la organización tienen previsto acceder a la unidades donde están los detenidos el lunes. Se sabe que otro de los sospechosos fue alojado en la comisaría 19 y el restante en otra que no fue señalada.

Las quejas sobre la presunta violencia policial fueron conocidas el día del hecho, como publicó «Río Negro», a través de dirigentes vecinales. En ese caso aludieron a los procedimientos en la detención de los sospechosos durante los allanamientos. Uno de los detenidos en esa ocasión fue «Caco» Figueroa, a quien algunas fuentes le atribuyen un rol principal en el hecho.