Grave imputación a los atacantes de la Legislatura

La jueza de instrucción Silvia Ramond procesó ayer con prisión preventiva a 15 personas a las que acusó de haber participado de los violentos disturbios que tuvieron lugar el último 16 de julio frente a la Legislatura porteña, y les imputó un delito no excarcelable.

Con fuertes consideraciones políticas, la magistrada resolvió procesar a los manifestantes por los delitos de «coacción agravada, privación ilegal de la libertad y daño», trabó embargos sobre sus bienes de hasta 10 mil pesos y se declaró incompetente, por lo que envió la causa a la Justicia Federal.

La figura de «coacción agravada» establece penas de entre cinco y diez años de prisión, por lo que no es excarcelable. «Los sucesos tuvieron la entidad suficiente como para atentar, dañar y poner en peligro directo e indirecto la seguridad del Estado o de alguna de sus instituciones, lo cual de modo alguno puede ser soslayado», enfatizó la jueza en una extensa resolución de 90 carillas.

A raíz de este fallo deberán permanecer en prisión Carlos Santamaría, Héctor Gómez, Eduardo Suriano, Jesús Fortuny Calderon, Adolfo Sánchez, Javier Scaramella, Margarita Meira, Horacio Ojeda, Jorge Nieva, Pablo Amitrano, Eduardo Ruiz, Marcela San, César Gerez, Antonio Medina y María Insfrán.

En la misma resolución, la jueza dispuso el procesamiento -sin prisión preventiva- por el delito de «resistencia a la autoridad» de Daniel Fuentes, Francisco Barbi, Angela Martínez Porro; y dictó la «falta de mérito» para Mauro Martino.

La jueza estimó que los hechos «intimidatorios» investigados en la causa «tuvieron por objeto que la Legislatura no sesionara a fin de tratar de modificar el Código de Convivencia» Urbano.

La magistrada basó su resolución en las filmaciones de los canales televisivos y en declaraciones de policías y testigos a quienes atribuyó «veracidad», según indicaron fuentes judiciales.

Ramond estimó que «la violencia nunca puede ser el medio para reclamar» y agregó que los hechos ocurridos frente al edificio de la Legislatura «demostraron absoluto desprecio por el marco institucional y una alteración de la paz social».

«Por cinco horas y a consecuencia de tales actos intimidatorios, tanto los legisladores como empleados administrativos vieron restringida s libertad ambulatoria impidiendo desarrollar libremente su actividad corporal, es decir salir de edificio de la Legislatura», escribió la jueza.

También aclaró que su resolución «no trata de buscar chivos expiatorios, sino que es el eslabón primario en la cadena de responsabilidades y el umbral de una investigación que debe continuar».

La investigación continuará en el fuero federal, donde la Cámara de Apelaciones deberá sortear un nuevo juez para la causa. «La inmensa mayoría de la ciudadanía reivindica el ejercicio de sus derechos constitucionales, al tiempo que observa con asombro, consternación, preocupación e indignación cómo algún sector de la sociedad, apelando a la violencia, el incumplimiento de la Ley y el desconocimiento de los derechos de los demás, pretende justificar actitudes so pretexto de defender los propios», agregó la jueza.

La voluminosa resolución de la juez, de más de 70 carillas, está fechada el día viernes y hoy Ramond cumplió con el trámite de remitir el sumario a la Cámara

Federal porteña.

Ramond, por otra parte, reivindicó el derecho de los ciudadanos a reclamar ante las autoridades en «demanda de trabajo, educación, salud o alimentación». Pero aclaró que las peticiones «deben hacerse en forma pacífica, con profundo apego a la ley y sin colisionar con los derechos de terceros». Más de 20 personas fueron detenidas el 16 de julio tras los disturbios que obligaron a aplazar la sesión para las modificaciones al Código de Convivencia, que entre otros asuntos reglamenta el ejercicio de la prostitución en la vía pública, la venta callejera y las protestas en la Capital Federal. El entonces secretario de Seguridad, Norberto Quantin, dijo tras el ataque a la Legislatura que la jornada constituyó una «derrota de los violentos», posiblemente porque no hubo muertes que lamentar. (DyN y Télam)

La toma de la comisaría, en la nebulosa

El juez Oyarbide se inhibió ayer de seguir actuando en la causa sobre la toma de la comisaría de La Boca y remitió ese expediente a su par Jorge Urso.

El envío de la causa caratulada «D'Elia, Luis y otros sobre atentado y resistencia a la autoridad» al juzgado federal número 8 se debe a que allí tramita la causa número 9810 y ambas «son conexas puesto que están íntimamente vinculadas a un único suceso ocurrido el 26 de junio», según estableció el magistrado. Además de decretar la conexidad de ambos expedientes, Oyarbide resolvió «inhibirme de seguir investigando por haber sido testigo de algunos hechos», en referencia a que prestó declaración como testigo ante la Cámara del Crímen en el marco de una sumario interno a la jueza María Angélica Crotto por este caso.

Oyarbide no se privó de insinuar que él «habría sido engañado al darle la intervención del hecho» por parte de los ya desplazados comisario Cayetano Grecco y subsecretario de Seguridad José María Campagnoli, que estaban en la comisaría 24, y concluyó que «no puede descartarse algún interés en dicha investigación».