Griesa aceptó la demanda de Repsol contra YPF

El juez Thomas Griesa, el mismo que tiene el caso de la Argentina contra los holdouts, volvió a darle un golpe al país el viernes pasado. El magistrado aceptó tramitar una demanda de Repsol contra el país por la expropiación y nacionalización de YPF, informó ayer Infobae.com Griesa, en su último dictamen del 6 de septiembre, se negó a desestimar una demanda colectiva (conocida en la jerga legal anglosajona como class action o “acción de clase”) donde se la acusa a la Argentina de violar acuerdos de los accionistas de la compañía petrolera ante la Securities and Exchange Commission (SEC), o sea el regulador del mercado de capitales de los EE. UU. Repsol inició esta demanda en mayo del 2012. En su primer escrito, que curiosamente recayó en el juez Griesa, dijo que el Gobierno incumplió las obligaciones contractuales que se establecieron en el IPO (la oferta pública de acciones) de YPF en 1993. En ese momento, se emitieron acciones listadas en la plaza de Nueva York mediante ADRs de YPF que recaudaron u$s 1.100 millones. “Para inducir a los inversores a comprar acciones de la empresa en los EE. UU., la Argentina asumió la obligación contractual de poner en marcha una oferta pública para todos los tenedores de acciones Clase D de YPF si alguna vez en el futuro tratara de retomar el control de la compañía. Repsol y Texas Yale Capital Corp., un asesor financiero, representan a un grupo de inversores de YPF que compraron acciones, pero que no recibieron una oferta de compensación adecuada después de que el Gobierno nacionalizó YPF. De ahí que lanzaron esta acción de clase, o sea una demanda con efecto generalizado para todos los damnificados. La intención era que el gobierno lanzara una oferta de recompra de acciones por todo el capital de YPF, llamado en la jerga financiera como “tender offer”, para que exista una válvula de escape para los accionistas que quedaron en una empresa bajo control público. De hecho, en el escrito original, pedían que la valuación de las acciones sean calculadas por la Corte, ya que señalaron que “ha habido una campaña del gobierno para reducir la valuación de la compañía”. La postura de la Argentina ha sido la de rechazar esta demanda, señalando que la expropiación fue un acto “soberano” y no “comercial” con lo cual no se aplicaría esa cláusula que piden los accionistas. “La petición de la demanda es denegada”, dice la resolución firmada por Griesa.