Habemus cerro, Por Alicia Miller 01-02-04



Por Alicia Miller

La concesión de la Ladera Sur del Cerro Catedral a la empresa Catedral Alta Patagonia, del empresario barilochense Alberto Lamota, se constituyó virtualmente en el primer acto trascendente del actual gobierno provincial.

Y, aun desprolijo y con problemas, parece haber encauzado al menos una situación de indefinición que amenazaba con afectar en forma considerable la temporada en el principal centro de deportes invernales de la provincia.

¿Por qué desprolijo? Muy simple. Porque la ley que rige las contrataciones que realiza el Estado impide al gobierno provincial otorgar la administración de servicios o actividades a empresas que estén en concurso o convocatoria de acreedores. Y es precisamente ésa la situación en la que se encuentra la firma que, en los próximos días, será la titular de la infraestructura de medios de elevación, pistas de esquí y servicios derivados de todo el cerro Catedral.

“Hecha la ley, hecha la excepción” se ha dicho. Y tal parece que para obviar el “detalle”, el gobernador está dispuesto a enviar a la Legislatura lisa y llanamente un proyecto para derogar esa cláusula modificando la ley en lo que sea necesario.

Es decir, de lo particular se afectará a lo general. Y mejor no pensar en todas las otras excepciones que podrán pasar, como elefantes, por el ojo de la aguja que se agigantará con la reforma de la ley.

Contrariamente a lo que se suponía en un principio, esa modificación será lo único que llegue al conocimiento de los legisladores. El contrato en sí a firmar con la empresa Catedral Alta Patagonia, al parecer, ni siquiera recorrerá las dos cuadras que median entre la Casa de Gobierno y la Legislatura. Esto sería todo un dato respecto de la importancia -escasa- que el gobierno asigna al Poder Legislativo, ya que pese a tratarse de una contratación directa que no tuvo los pasos de una licitación, tampoco estaría así sometida a otras revisiones.

La cuestión es que las partes -y aun los empresarios y ciudadanos barilochenses ajenos a la negociación en sí- coinciden en que la decisión adoptada garantiza al menos una mejora relativa de la situación de desorden y descontrol en que el cerro ha ido operando en los últimos años.

El hecho de que haya estado administrado desde la capital provincial ubicada a 1.000 kilómetros de distancia, por funcionarios políticos, en ocasiones con escasa formación específica, con dependencia de otros funcionarios con menos conocimiento aún de la cuestión, y en una provincia donde no funcionan ni siquiera los más elementales organismos de fiscalización y control de la gestión de gobierno, son explicación suficiente: el Catedral ha estado dividido en dos, “medios de elevación obsoletos, falta de baños públicos, confiterías y refugios destruidos y pistas de esquí en deplorable estado, que ocasionan un impacto muy negativo sobre el medio ambiente” (la cita es de la elocuente descripción que el periodista Toncek Arko escribió en este mismo diario días atrás).

Sobre la base de tal desmanejo, cualquier definición resulta mejor que la nada.

Por ahora, el gobierno busca contentar las voces críticas surgidas en la propia Bariloche anunciando que en los próximos dos años finalmente el poder concedente referido al cerro Catedral será traspasado al municipio. Un reclamo que cuenta sus años por decenas, pero que siempre encontró resistencia en la administración central. Tanto, que ni siquiera pudieron o supieron llevarlo a buen puerto los barilochenses que ocuparon cargos de conducción en Turismo provincial. Y el escandaloso uso y abuso de los pases libres de esquí que hicieron las sucesivas cohortes de funcionarios, amigos, esposas y parientes es sólo un ejemplo de lo lejos que la provincia estuvo de comprender su función frente al Catedral.

Claro que este tema de la municipalización tampoco es tan así ni tan sencillo, porque todavía resta definir la transferencia a la comuna de la propiedad de las tierras sobre las que está asentado el centro de esquí. Y lo más importante: Bariloche tendrá dentro de dos años el poder concedente sobre un bien que estará concesionado por otras dos décadas. Lo que podrá hacer, en todo caso, será fiscalizar de cerca los posibles incumplimientos y corregir fallas y carencias.

Desde el punto de vista político, el acuerdo que destraba la situación del cerro confirma la alianza entre el gobernador Miguel Saiz y el intendente Alberto Icare, quien confía en que los dos años le permitan terminar de encauzar el resto de los servicios públicos esenciales y conformar una estructura acorde a las necesidades que plantea la supervisión de una montaña y la relación con empresarios y problemas de infraestructura que tienen sus propias y complejas particularidades.

En lo demás, febrero será un mes de definiciones para el gobierno provincial.

• El gobernador ha anunciado que hasta ayer recibiría de los organismos los respectivos proyectos de presupuesto, para enviar el texto unificado a la Legislatura a mediados de mes. Recién entonces se conocerán los grandes números previstos para el año, el plan de obras y de acciones en las distintas áreas, ya que el discurso de asunción postergó anuncios y detalles.

• Durante este mes deberán repararse las escuelas de la provincia, tarea que, en una primera etapa, estará en manos del Estado provincial y, desde marzo y con las excepciones de Roca, Cipolletti y Bariloche, a cargo de los municipios. Pero las obras aún no han comenzado, y febrero es un mes corto.

• La semana próxima el gobierno deberá presentar al gremio docente Unter la propuesta salarial, para que sea puesta a consideración con el sistema de asambleas locales y congreso provincial. Todo hace suponer que el “incentivo docente provincial”, no remunerativo ni permanente, será lo más que el Ejecutivo esté dispuesto a ofrecer, alternativa que está muy lejos del descongelamiento de la antigüedad que pide la Unter.

Febrero comienza.

Alicia Miller

amiller@rionegro.com.ar


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Habemus cerro, Por Alicia Miller 01-02-04