Habrá custodia para empleados de Edesur



BUENOS AIRES (DyN).- La Policía Bonaerense custodiará a empleados de la empresa de energía eléctrica Edesur que concurran a realizar cortes en los domicilios de morosos de zonas críticas de la provincia, se informó ayer.

La decisión fue tomada por el ministro de Seguridad, León Arslanián, a raíz del crimen de un operario de una firma contratista de Edesur que fue baleado el martes por el propietario de una casa del partido bonaerense de Avellaneda, adonde había ido a interrumpir el servicio.

La medida se adoptó al cabo de una reunión de Arslanián y funcionarios del ministerio de Seguridad con el Gerente General de Edesur, José María Hidalgo, y de Comunicaciones de la compañía, Daniel Martini. En el encuentro se acordó la implementación de un servicio de custodia policial para el personal de esa firma que será coordinado entre la empresa y las Jefaturas Departamentales, cuando Edesur considere de riesgo la zona en la que deban realizar sus tareas.

Además, el ministerio bonaerense se comprometió a intensificar las tareas destinadas a combatir a piratas del asfalto para detectar el tráfico ilegal de materiales no ferrosos, que tiene como damnificadas a las firmas de energía eléctrica a raíz del robo de los cables de redes.

El encuentro se realizó un día después del crimen de Arnaldo Carvallo, un operario asesinado por el dueño de una vivienda a la que había concurrido a cortar la luz por falta de pago.

El comisario Sergio Raúl Sudaire, titular de la comisaría sexta de Avellaneda, donde ocurrió el episodio, informó que el acusado, Omar Jorge Mazella, de 63 años, tenía antecedentes policiales por haber baleado a un vecino durante un partido de fútbol en enero de 2003 en la localidad bonaerense de Adrogué, donde vivía.

A raíz de ese episodio, el hombre debió mudarse de barrio luego de que el resto del vecindario le incendiara la vivienda, y además se le abrió una causa por abuso de arma y lesiones a cargo de la UFI 8 de Lomas de Zamora, aunque estaba libre porque no tenía pedido de captura pues el delito que se le imputaba es excarcelable.

El episodio provocó la indignación de los familiares de la víctima y la preocupación por este tipo de casos. Martini había reclamado públicamente la necesidad de que los operarios destinados a realizar cortes a morosos fueran “acompañados por la policía” y reveló que los empleados de la empresa sufrieron “más de 1.300 hechos delictivos” en los últimos años.

“Lo que aquí está en juego es la posibilidad de que el servicio se preste. Es un área de concesión que se ha vuelto muy difícil desde el punto de vista de la inseguridad”, indicó en declaraciones a radio La Red.


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