Habrá que pagar para hacer un trámite judicial
Desde agosto, el STJ rionegrino implementará una experiencia piloto en Bariloche que podría ampliarse a todos los fueros de las otras dos circunscripciones de la provincia. Se trata de un bono que fijará aranceles para notificaciones y mandamientos. Lo recaudado será destinado a informatización y al personal. Se sumará a lo obtenido en juzgados de Paz.
VIEDMA (AV).- Buscando un nuevo esquema de financiamiento, el Poder Judicial de Río Negro implementará en Bariloche un programa que fija aranceles para la mayoría de las notificaciones. A partir de los resultados que obtenga, podría trasladarse a todos los fueros de las otras circunscripciones.
Se trata de un sistema de agilización de trámites pagos que regirá con carácter experimental a partir de agosto. El mecanismo coincide con la reciente imposición de aranceles en diligencias en Juzgados de Paz, que oficializó la acordada 35 del Superior Tribunal de Justicia (STJ) pero se aplica desde mediados de febrero.
Desde agosto se instrumentará en la tercera circunscripción un «bono judicial», por el cual quedarán aranceladas una serie de tramitaciones, según la acordada 36 del STJ.
Ese bono de diligencia judicial servirá para movilizar cédulas de notificaciones, mandamientos de intimación de pago, de constatación o de posesión, y podrá ser adquirido en el Colegio de Abogados, Caja Forense o en las oficinas del agente financiero oficial.
De acuerdo al texto de la acordada, lo recaudado a partir del bono de diligencia judicial será destinado a los planes de inversiones para el proceso de informatización de la oficina de mandamientos y notificaciones, a gastos funcionales del sistema y al personal.
Este proyecto de racionalización, modernización y ampliación del sistema operativo de diligencia de cédulas y mandamientos de la tercera circunscripción judicial, se pondrá en marcha en conjunto con el Colegio de Abogados Andino.
El plan experimental establece que se designarán oficiales de Justicia «ad hoc».
En este marco, el STJ ya había dado vía libre al proceso de reordenamiento parcial con modernización, actualización y optimización de la función jurisdiccional de los Juzgados de Paz.
Lo hizo en febrero cuando se impuso el arancelamiento de servicios.
Entre los fundamentos de la acordada 35 se indicó que se hace preciso deslindar con precisión las funciones específicas y declarar no operativas aquellas que a la actualidad resultan impropias.
Estas limitaciones regirán desde el 1 de agosto cuando se trate de aquellos aspectos de carácter ajeno al servicio de Justicia como las actividades del Registro Civil y Capacidad de las personas que serán remitidas al Ministerio de Gobierno.
También se limitarán los actos notariales de naturaleza contractual y otros de contenido patrimonial que son propios de la incumbencia de los artículos 112 a 165 de la Ley 1.340, incluyendo las certificaciones de firma.
Serán exceptuados aquellos casos en que el requirente goza de «carta de pobreza» o invoque y acredite indigencia o exista causal suficiente que lo amerite a criterio del Juez de Paz o cuando no existiese registro notarial en la jurisdicción del mencionado juzgado.
Por otra parte quedarán prohibidos los trámites de informaciones sumarias de naturaleza administrativa y declaraciones juradas.
Serán exceptuados aquellos casos en que tengan correspondencia directa con el servicio de Justicia o cuando el requirente goce de «carta de pobreza» o invoque y acredite indigencia o exista causal suficiente que lo merezca a criterio del Juez de Paz o cuando no existiese registro notarial en la jurisdicción.
El MPP formalizó su oposición
El arancelamiento en los juzgados de paz generó algunas quejas, al punto tal que el bloque de legisladores del Movimiento Patagónico Popular (MPP) presentó un proyecto de declaración rechazando sus términos.
A raíz de esto, el legislador Guillermo Grosvald impulsó una iniciativa de rechazo como consecuencia de la aplicación de aranceles «desmedidos», que constituyen una restricción al acceso a la Justicia de menor cuantía.
Insistió en que esta decisión constituye «un desconocimiento de la realidad y de las necesidades de los que menos tienen» agregando que «los intereses de la comunidad se ven afectados en un área tan sensible como es el accionar que tienen los Juzgados de Paz en la comunidad a la cual sirven». (AV)
VIEDMA (AV).- Buscando un nuevo esquema de financiamiento, el Poder Judicial de Río Negro implementará en Bariloche un programa que fija aranceles para la mayoría de las notificaciones. A partir de los resultados que obtenga, podría trasladarse a todos los fueros de las otras circunscripciones.
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