Hambreados se sientan a la mesa



Dos gobiernos de la región llegan a la XVII Cumbre Iberoamericana de Chile con la misión de acercar al desarrollo a los 200 millones de pobres que pululan en Latinoamérica, de los cuales 30 millones son niños hambreados.

A diferencia de antaño, contarán con el mayor crecimiento económico desde 1960, una reducción de su deuda externa en 120.000 millones de dólares y una cercanía ideológica, que asoma como clave para impulsar la cooperación en energía, comercio y cohesión social.

Sin embargo, la Cumbre Iberoamericana no es una instancia vinculante. No emergerá de ella un plan de acción y sólo habrá acuerdos iniciales, en especial en el ámbito de protección a migrantes, el tema de la anterior cita, en Uruguay, en el 2006. No obstante, la presidenta chilena, la anfitriona Michelle Bachelet, fiel a su estilo y necesidades internas, tratará de mostrar logros concretos o al menos caminos que conduzcan a ellos.

En definitiva, que acerquen a los países latinoamericanos a los niveles de bienestar de España y Portugal, como admitió el canciller chileno Alejandro Foxley, ideólogo del modelo de desarrollo de su país, que combina libre mercado con protección a grupos vulnerables.

En cifras, el reto no es menor. Tras alcanzar la mayor alza del producto per cápita en 40 años, en América Latina aún un 40% de la población es pobre, al igual que en 1980, antes de la crisis de la deuda externa. O sea, todavía 200 millones de pobres y 80 millones de indigentes sobreviven en sus calles, según cifras de los propios gobiernos.

De ellos, 52 millones son niños.

Por ello, asegurar la expansión económica es clave. En especial para Panamá, Argentina, Perú, Venezuela y Colombia, países que liderarán el crecimiento regional a futuro, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). En ese plano, la cooperación energética y la integración física son vitales. Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo estimó que sólo la menor inversión en infraestructura arrastra a la pobreza a 40 millones de personas en la región.

También es importante mantener la mayor fortaleza financiera, reflejada hoy en superávit en la cuenta corriente y el saldo fiscal, que permiten más libertad a las políticas monetarias para actuar de forma contracíclica, promoviendo más estabilidad en el crecimiento.

Por ejemplo, Guatemala, Honduras y Nicaragua tienen problemas para reducir la pobreza, debido a sus compromisos de pagos externos. En ellos, aun hoy una gran proporción es pobre.

Pero las complejidades de la pobreza regional no son uniformes, sino que poseen particularidades por cada segmento etáreo, social o étnico, lo que obliga a los gobiernos a impulsar políticas sociales específicas, tema de la actual Cumbre. Particularmente compleja es la existencia de 52 millones de niños pobres en América Latina, región que produce tres veces los alimentos que necesita, según informes internacionales.

La situación de la infancia es especialmente crítica en la Argentina, Honduras, Nicaragua, Colombia, Panamá, Bolivia y Ecuador. En ellos, hasta uno de cada cuatro niños carece de alimentación adecuada. Por contraste, Costa Rica, Chile y Uruguay presentan estándares cercanos a países desarrollados, con menos de un diez por ciento de indigencia entre los menores de 18 años.

Pero lo más grave es que los niños pobres son hoy más que en 1980, según estudios de la CEPAL.

De hecho, los únicos países que redujeron la pobreza infantil en ese lapso fueron Nicaragua, Perú, Paraguay y Chile. La mayor paradoja es que el alza de la pobreza infantil se mantiene desde 1990, período que coincide con una fase de recuperación económica de la región, acompañada por mayores coberturas de salud y educación.

En otras palabras, lo que está en cuestión son los modelos de protección social, tema de la actual Cumbre Iberoamericana.

Otro plato fuerte será la situación de los 30 millones de indígenas, que aumentarán en los próximos años su influencia política y social, gracias tanto a una creciente visibilidad de sus movilizaciones como a un mayor peso demográfico relativo. Si bien la situación difiere entre países, los gobiernos deberán impulsar políticas que respondan a las demandas individuales y colectivas de estos pueblos originarios, las que apuntan tanto a un cambio total del Estado como a reconocimientos autonómicos. Por ejemplo, Bolivia y Guatemala, con poblaciones indígenas que equivalen a un 66 y 39% del total de habitantes, enfrentarán decisiones radicales.

En cambio, en Chile, México, Ecuador o Panamá, donde menos de una décima parte de la población es originaria, el debate se centrará probablemente en políticas que reconozcan autonomía e incentiven participación política. Otro tema de creciente preocupación es el del envejecimiento poblacional.

De hecho, uno de los pocos acuerdos concretos que se firmarán en la Cumbre Iberoamericana se relaciona con la posibilidad de trasladar fondos previsionales entre países.

En cifras, al 2050 unos 200 millones de latinoamericanos tendrán más de 60 años, lo que equivale a la población actual del Brasil. El brusco envejecimiento de la región tendrá un “boom” de mediano plazo entre el 2010 y el 2020, con el ingreso de 20 millones de personas mayores de 60 años al escenario demográfico regional. Hoy sólo 40 millones de personas superan los 65 años, según los censos oficiales. En la Argentina, Colombia, Uruguay, Brasil, Costa Rica, Cuba y Chile los mayores de 60 años equivaldrán entre un 10 y un 17% de la población al año 2020. Por ello, desde esta Cumbre los gobiernos requieren construir espacios de cooperación e intercambio de buenas prácticas.

No en vano, a mediados de siglo, uno de cada cuatro habitantes será un trabajador pasivo.

La situación supondrá una presión inédita sobre los sistemas de salud y pensiones. Según Naciones Unidas, la situación puede derivar en una expansión del número de pobres en Latinoamérica, el que cayó en 15 millones de personas entre el 2002 y el 2006.

En definitiva, la Cumbre Iberoamericana, independientemente de que no genere un plan de acción, marcará un punto de partida para una acción regional contra la desigualdad, como planteó Foxley.

 

MAURICIO WEIBEL (*)

DPA


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