Hay 150 puestos de trabajo que esperan una solución

El proyecto de inversión del grupo Catena en Paso Córdoba ha sido señalado como una fuente imprescindible de puestos de trabajo. En el año que se perdió, 150 personas podrían haberse incorporado al mercado laboral y no pudieron hacerlo por la lentitud en el accionar de la Municipalidad de Roca. Esta cantidad de obreros es la que se calcula para el inicio de los trabajos de movimientos de suelo y la plantación de las viñas.

La inversión salarial para un año entre obreros y técnicos sería de unos 700.000 pesos.

Las hectáreas cultivadas serán 300 y al final del cronograma de trabajo producirán 12.000 kilos cada una. Se estima en 8.500.000 pesos la cifra que se terminará invirtiendo en los primeros cuatro años de trabajo.

La idea de los empresarios era comenzar los trabajos en mayo de este año, pero el cronograma se correrá doce meses. Comenzarán plantando 200 hectáreas, y en los dos años siguientes se cubrirá la totalidad de la superficie con uvas blancas y negras de las variedades Malbec, Merlot, Cabernet y Pinot.

Se colocarán 4.000 plantas por hectárea y los inversores estiman que rendirán al 60 por ciento al tercer año, en el cuarto año de trabajo se producirá al 80 por ciento y al quinto en un 100 por ciento.

En su visita del mes pasado, el ingeniero Patricio Santos indicó que también se comprará uva a los productores regionales, hasta que la bodega se pueda abastecer con producción propia. También planteó la posibilidad de desarrollar el «turismo enológico», que se practica en Mendoza y para el cual ellos tendrían sus puertas abiertas.

La bodega planificada por el grupo Catena se construirá en los dos primeros años del programa de inversión y tendrá una capacidad de 2.000.000 de litros. El año siguiente se ampliará en 500.000 litros el volumen de trabajo.

El viernes buscarán conciliar

Los empresarios esperan que la insólita causa judicial que iniciaron los crianceros mapuches de Paso Córdoba se destrabe este viernes. El juez civil Víctor Camperi llamó a una audiencia de conciliación entre las partes, para que tanto los crianceros como la municipalidad intenten llegar a un acuerdo.

Los crianceros piden que se declare la inconstitucionalidad de la ordenanza 3.064, que aprobó el llamado a la licitación porque no les permite desarrollar la ganadería extensiva en la zona y les impide la bajada al río a sus animales. El municipio argumenta que se cumplió con todos los pasos legales necesarios para el llamado a licitación, y que los crianceros que protestan no figuran en expedientes de la Dirección de Agrimensura de la comuna, es decir que no presentan un título que los habilite a un reclamo judicial.

El juez Camperi solicitó, el 28 de octubre, que el municipio respondiera 5 preguntas referidas a lo que plantea la ordenanza. Luego de la respuesta de la Municipalidad el magistrado dispuso llamar a una audiencia en la que las dos partes manifiesten sus posturas.

En una primera etapa, la presentación legal se había hecho ante la Justicia Federal, pero la declaración de incompetencia de la jueza obligó a que sea la Cámara Federal la que determine quién tenía competencia. Finalmente la Justicia provincial fue la elegida y el juez Víctor Camperi es el encargado de decidir.