Hay 546 procesados por protestas sociales
Son militantes de la CTA de Neuquén, obreros de Cerámica Stefani e integrantes de comunidades mapuches. Los estatales comprenden el sector con más encausados con un total de 270. En segundo lugar se ubican los conflictos por las tierras. Ninguna causa tiene sentencia firme, algunas están en etapa de instrucción y otras fueron apeladas.
Una de las razones de los juicios son los cortes de ruta. La causa de los ceramistas de Stefani está apelada ante la Cámara de Roca.
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NEUQUÉN (AN).- El número de procesados por participar en una protesta social llega en toda la provincia a 546.
La cifra incluye a las causas abiertas por la justicia federal y la provincial contra personas que obstruyeron el tránsito, ocuparon algún edificio público, o integran las comunidades mapuches que buscan el reconocimiento de derechos sobre tierras en manos de particulares.
Ninguna de estas causas tiene sentencia firme. Parte de ellas está en etapa de instrucción y otras en instancia de apelación, como la presentada por el Observatorio de los Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (ODHPI), que reclama pericias para que los jueces puedan contar con una perspectiva más amplia para medir los conflictos de tierras.
Entre los mapuches hay 250 procesados en 37 expedientes.
Sin embargo, el mayor número de casos se encuentra entre los militantes de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA). Los docentes de ATEN y los estatales de ATE tienen 270 dirigentes y delegados encausados.
Los datos suministrados por la conducción de la CTA dan cuenta de que desde 1997 a la fecha se dictó el sobreseimiento de 1.450 militantes que participaron de protestas sociales. Es decir, los jueces, por prescripción, o porque no probaron o consideraron no acreditado delito alguno, sobreseyeron.
Los obreros de la cerámica Stefani conforman el tercer grupo con más militantes procesados, con 26 trabajadores.
El caso de los obreros de la fábrica de Cutral Co se encuentra apelado en la Cámara Federal de General Roca. Los ceramistas denuncian la utilización de la DIE, un organismo de inteligencia provincial supuestamente desmantelado por una ley, para la presunta identificación de quienes cortaban la ruta (ver aparte).
Pese a las consultas, para esta nota fue imposible obtener el testimonio del fiscal de Estado, Raúl Gaitán y del secretario de Seguridad, Guillermo Pellini.
A los mapuches se les imputan delitos tales como la coacción agravada, usurpación, daño y lesiones leves. El contexto: los reclamos de tierras de 2009 y 2010, principalmente en Villa Pehuenia y Villa La Angostura. Para sus abogados, las causas muestran el alineamiento entre el Poder Judicial y el político, y reclaman la aplicación del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo.
FERNANDO CASTRO
fcastro@rionegro.com.ar
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