Hay 9 proyectos para modificar la Magistratura

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NEUQUÉN (AN)- El Consejo de la Magistratura aún no cumplió seis años de funcionamiento y ya se presentaron nueve proyectos para reformarlo. Hasta ahora ninguno prosperó aunque el gobernador Jorge Sapag, que tiene mayoría en la Legislatura a través del bloque del MPN y sus aliados, mencionó en las últimas horas la necesidad de introducir cambios en el organismo encargado de la selección de magistrados y funcionarios judiciales. De los nueve proyectos, algunos ya perdieron estado parlamentario por el paso del tiempo. Tres de ellos nunca estuvieron en la consideración de la mayoría oficialista porque implicaban una enmienda constitucional: eran de la Asociación de Magistrados, de Convocatoria Neuquina y de Alternativa Neuquina. Los demás sólo proponen maquillar la ley que reglamenta el funcionamiento del Consejo. Los últimos dos proyectos conocidos son de este año, de autoría de Daniel Baum (Unión Popular, quien ya había presentado otro en 2008) y Beatriz Kreitman (ARI). El MPN también presentó dos proyectos en 2008 (lo firmaban sólo los integrantes del llamado “bloque petrolero”) y en 2009 (el resto de los diputados oficialistas). La Concertación, una bancada integrada por radicales y peronistas kirchneristas, también presentó el suyo por esos años. Dos aspectos son los más cuestionados: la integración (cuatro representantes de la Legislatura, dos de los abogados, uno del Tribunal Superior) y el mecanismo de evaluación (40 puntos por antecedentes, 40 por la etapa técnica, 20 por la entrevista personal). Para abordar el primero hay que reformar la Constitución. En cuanto al segundo, los proyectos apuntan a quitarle la mayor discrecionalidad posible a los consejeros, tabulando específicamente cuántos puntos pueden otorgar por cada rubro. Otras reformas que se proponen es a la duración del mandato (actualmente de cuatro años, pasaría a renovarse por mitades cada dos años), a las remuneraciones (los consejeros cobran como un juez de Cámara, algunos propician que sea ad honórem y sólo perciban viáticos) y al mecanismo de remoción. Un tema recurrente de debate es la ponderación de los antecedentes de quienes se postulan. El eje gira sobre si debe privilegiarse la trayectoria (en el Poder Judicial o la actividad privada) o los cursos de capacitación realizados por el interesado (en el caso de los magistrados, están constitucionalmente obligados a capacitarse). En cuanto a la entrevista personal, puede ser clave para el orden de mérito definitivo. Y está en discusión si los consejeros deben o no fundamentar el puntaje que asignan. Quienes compiten por un cargo y ganan el concurso después deben afrontar otra etapa discrecional en la Legislatura. Los diputados le hacen su propia entrevista, luego votan para dar acuerdo o no y tampoco necesitan justificarlo. El debate de fondo que subyace es cuál es el perfil de juez, fiscal o defensor que se quiere para la provincia. De eso poco y nada se habla.