Hecha la ley, falta modificar costumbres



 

El 25 de noviembre de 1961 fueron brutalmente asesinadas en la República Dominicana las tres hermanas Mirabal (foto), militantes opositoras al régimen dictatorial que por 30 años ejerció Leónidas Trujillo.

En 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la definió como “todo acto de violencia basado en la pertenencia al género femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada”.

En diciembre de 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró esta fecha “Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer”, instando a los gobiernos, organizaciones internacionales y ongs a reconocer la violencia contra la mujer como un delito y solicitando, a la vez, la implementación de leyes protectoras que castiguen a los victimarios, junto con políticas y campañas dirigidas a crear conciencia pública sobre la gravedad de este flagelo social.

Durante el siglo XX América Latina soportó sangrientas dictaduras a lo largo y a lo ancho de su geografía, que castigaron violentamente a las mujeres en forma muy especial. Los casos de asesinatos y tortura, sistemáticamente silenciados y ocultados, minimizados y/o naturalizados, son tantos que sin duda podríamos decir que cada uno de los días del año es “el día de la no violencia contra las mujeres” en recordación de todas y cada una de aquellas víctimas de la violencia.

Hoy en día, ya en democracia, recorriendo la realidad encontramos que a diario las mujeres seguimos siendo víctimas de la violencia, tanto en el ámbito privado como en el público y en relaciones familiares o laborales, por razones político-ideológicas o económicas. Vemos cómo crímenes y desapariciones permanecen en el tiempo sin ser esclarecidos, cómo los victimarios gozan de impunidad, cómo las víctimas son condenadas con la sospecha.

Los gobiernos nacional, provinciales y municipales todavía no tienen en cuenta políticas de género realmente comprometidas.

Nuestra provincia es pionera en materia de leyes con perspectiva de género, pero aún falta modificar usos, costumbres, actitudes, el lenguaje, formas de trato digno, etcétera, que evidencien conocimiento y respeto por los derechos humanos, especialmente en funcionarios policiales, gubernamentales y judiciales.

La vulnerabilidad, aun cuando se hayan logrado avances en distintas áreas de la vida cotidiana, se explica por el solo hecho de ser mujeres en una sociedad patriarcal, cuyas relaciones de poder son desiguales, jerárquicas y violentas. La violencia hacia las mujeres en sus distintas formas asesinatos, tortura, castigos físicos, violaciones, acoso y abuso sexuales, maltrato psicológico y económico, tráfico y secuestro, entre otras básicamente tiene anclaje en razones de género; es decir, en la histórica construcción social de los estereotipos femenino y masculino, que se caracteriza por la subordinación, la dominación y la desvalorización de la mujer por parte del varón.

Aún es común apreciar cómo estas conductas son avaladas y/o refrendadas por el entorno social del victimario, en evidente perjuicio de la víctima.

La violencia hacia las mujeres niñas, jóvenes, adultas o ancianas es un fenómeno social delictivo de graves consecuencias, más frecuente de lo que se cree y se dice y de profundos y casi siempre irreversibles efectos sobre la vida, las relaciones y la salud.

No existen perfiles estándar de mujeres víctimas de violencia, ni sectores sociales más vulnerables que otros ni nivel cultural que caracterice los porcentajes de este delito. Cualquiera de nosotras puede ser o haber sido, en algún momento, víctima de violencia.

El miedo, la vergüenza y el tiempo transcurrido no deben ser impedimento para la denuncia.

Pretender justicia castigando a los culpables es comenzar a reparar en algo signos enfermos de una sociedad desigual.

Éste no es un día de la mujer; es un día para que la sociedad en su conjunto reflexione e intente el cambio cultural necesario para lograr entre todos y todas la construcción de una sociedad más justa que garantice el respeto de los derechos humanos, la equidad entre los géneros y la igualdad de oportunidades.

 

 

 

 

(*) Consejo Municipal de la Mujer.

Observatorio de Derechos Humanos

Viedma


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