Historia repetida





Por Carlos Torrengo

La política rionegrina sigue signada, entre otras cosas, por una característica.

Podría sintetizarse como la vigencia de lo bárbaro.

No lo bárbaro en términos sarmientinos. No es un barbarismo de montonera y cuchillo, o sea de "violín y violón". Método en el que por otra parte no estuvo ausente la llamada "civilización".

Sino lo bárbaro como manifestación de decadencia del pensamiento, acción, protagonismo. Lo bárbaro como carencia de mejora en las decisiones.

En fin, bárbaro como indicador de impunidad. También de omisión.

Lo sucedido a lo largo de la semana en relación con la polémica concesión por parte de la provincia del cerro Catedral a la empresa CAPSA es una manifestación de la mencionada impunidad.

Veamos.

Hay impunidad en mucho del manejo del discurso que llevó a la toma de posiciones sobre el controvertido tema.

En esta materia, el caso de Bariloche es por demás significativo. Es una vidriera de la provincia de la cual sólo desde una psiquis desquiciada un rionegrino puede dejar de sentir orgullo. Es nuestra "linda Bariloche".

Y los barilochenses, claro está, los primeros interesados en una eficiente explotación del magnífico recurso turístico que los rodea.

Sin embargo, y fundamentalmente los sectores decisivos en la dinámica de esa actividad, recién ahora parecen decididamente interesados en tomar cartas en la cuestión del Catedral.

Y lo hacen desde una solidez y legitimidad de argumentos inobjetables. Se fundan -entre otros aspectos no menores- en la desigual calidad de prestación de servicios que en el cerro tuvo durante una década la empresa CAPSA. Y suman a esto los incumplimientos contractuales que jalonan ese paso.

Incumplimientos que van desde la no realización de obras al plano impositivo.

Incumplimientos que al transformarse en conducta permanente por parte en este caso de CAPSA, ratifican la escasa voluntad de contralor por parte del Estado provincial.

Pero no es menos cierto que a lo largo de una década el grueso de aquellos sectores fue, desde el silencio, cómplice de la gestión de CAPSA. Por acción u omisión.

Esto es así más allá de ésta o aquella conducta particular que en un momento dado se haya dado sobre la cuestión.

En síntesis: aquel silencio alentó los incumplimientos con que operó CAPSA a lo largo de diez años.

Lo bárbaro por un lado, lo bárbaro por el otro.

Ese silencio se proyecta como inquietante cuando se lo relaciona con todo lo que permitió.

Tanto que no parece aventurado sostener que ese silencio podría identificarse como desinterés en el manejo de los recursos turísticos de Bariloche.

En este marco hay en Bariloche algo que vuelve a llamar la atención.

Se trata de la escasa predisposición que muestran amplias franjas con singular gravitación en la vida de Bariloche por cohesionarse en función de intereses que hacen al conjunto.

Toda una historia donde prima más la acción individual o corporativa que una dimensión más generosa, amplia.

Un déficit que sin embargo parecía saludablemente desterrado.

Especialmente desde hace tres años, cuando con desigual fervor per todos en un mismo rumbo, el conjunto de los barilochenses derrocó al intendente radical Atilio Feudal.

En poco tiempo más el Catedral será de la comuna de Bariloche. De ahí en más, no habrá tutía para los barilochenses en lo que hace al cuidado de ese bien.

Y en ese tiempo lo seguirá explotando CAPSA. El viernes, operando desde su abrumadora mayoría legislativa, el radicalismo impuso el convenio.

¿Caso cerrado para el tema Catedral?

Complejo saberlo.

Por lo pronto, no hay dudas de que, a dos meses de gestión, la administración Saiz construyó con la concesión un paquete de críticos nada desdeñable.

Porque el conjunto de la oposición política y una amplia franja de barilochenses se movieron contra la concesión.

La impunidad con que operó el gobierno para lograr su designio es visualizada en esas tiendas como un resquicio por donde filtrar el cuestionamiento.

Ya no se trata de las razones por las cuales -se sostiene- no correspondía la concesión. Se trata de la ley que, horas antes de aprobarse la concesión, se sancionó para permitir que el Estado contratara con empresa bajo concurso de quiebra. Porque ésa es la situación de CAPSA.

Desde el gobierno se machaca que la norma se justifica en función del interés social: dar una oportunidad a la empresa para que siga trabajando.

Pero el silencio sepulcral invade al gobierno cuando de analizar las prácticas y conductas de CAPSA a lo largo de una década se trata. La administración Saiz quiere mirar el Catedral desde los días por venir. Pero para hacerlo opta por un compañero sospechado de poco amor por el cerro.

Recordando mucho de la vida institucional de la Década Infame, la oposición denuncia la norma. Lo hace desde un convencimiento certero: por donde se la mire, la ley está destinada a favorecer a CAPSA. Va dirigida a superar el obstáculo legal que le impedía a la provincia contratarla: la convocatoria de quiebra.

Desde lo que se interpreta "violación" del principio de "generalidad" exigido por la doctrina para que una ley sea considerada como tal.

-En los hechos, bajo el aspecto formal de dictar una legislación que beneficie a todos los que se encuentran en circunstancias comprendidas en la norma, encubre el objetivo de beneficiar a una sola empresa -sostuvo en la sesión del viernes el presidente del bloque de Encuentro de los Rionegrinos Fabián Gatti.

-Está lesionado el principio de igualdad -se escucha desde el peronismo.

A partir de estas conclusiones, ayer tres grupos de abogados de la oposición comenzaron a trabajar en Viedma, Cipolletti y Bariloche en un pedido de inconstitucionalidad de la norma.

Pero no se proyectará a tribunales sólo desde la política. Se buscará sumar a las entidades de Bariloche disgustadas con la concesión y a todo aquel sector que esté en la misma línea de convencimiento.

Anoche, uno de esos grupos realizaba consultas con juristas de proyección nacional para sistematizar ideas sobre el tema.

Independientemente de la suerte que corra esa iniciativa, muy difícilmente la administración Saiz supere la sensación de impunidad con que se vertebró la ley.

En esta decisión, el gobierno fue "régimen" por primera vez. Se movió merituando sólo la aplicación de su poder. Una voluntad tan elocuente de imponerse sí o sí que daña la calidad de sus decisiones.

Mucha impunidad.

Tanta como para tener ahora un secretario de bloque radical que un año atrás, como fiscal de Estado, argumentó sólidamente por qué no convenía seguir concesionando a CAPSA.

Se llama Sergio Ceci.

En la sesión legislativa del viernes Ceci se encontraba en una bandeja de la Legislatura. Cada vez que se apelaba a su informe como fiscal, se ponía lentes oscuros.

Todo un símbolo de "tierra tragame".

 

Carlos Torrengo

ctorrengo@rionegro.com.ar


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