Historia y delito

Ley. Conflicto. Delito. Autoridad. Poder. Trasgresión. Estado disciplinador. Al menos éstas son algunas de las vías que conducen el trabajo de quien escoge la fuente judicial como principal medio de reconstrucción del pasado. El historiador encuentra en ella millares de huellas, aquellas de vidas de hombres y mujeres que pudieron expresar por la palabra o por la acción cómo vivían, cómo sentían, cómo reaccionaban, cómo generaban comportamientos. Esas huellas son indicios, pistas.

Frente a esas pistas, el historiador siente que se encuentra con la gente corriente y asume casi inconscientemente una postura de ansiosa reconstrucción. Esas huellas que aparecen por millares lo invaden, lo abruman.    

Entre la gran diversidad de fuentes judiciales, quizá las más ricas para el conocimiento de los sectores populares sean los expedientes de causas penales y las fuentes policiales y penitenciarias. En este tipo de fuentes está presente el hombre común. En general no el gran político, el conocido comerciante ni el intelectual sobresaliente, sino quien a través de la comisión de un delito se ha transformado en uno de los protagonistas centrales de ese gran cuerpo de papel que adquiere casi la forma de un tesoro. A partir de ese momento el estudio del delito se convierte en un medio, aunque parcial, de conocer la forma de ejercitar el poder y correlativamente la resistencia a ese ejercicio.

Porque la fuente judicial pone de manifiesto el conflicto, el antagonismo y la discordia. Es un medio de explicitación de lo social que se expresa desde los márgenes, desde los que son castigados por transgredir lo legalmente instituido y lo socialmente aceptado. La información que provee permite ingresar desde ángulos no habituales a la vida cotidiana y a la mentalidad de los sujetos históricos. La historia comienza a escribirse a partir de esas señales del conflicto.

A la vez, como materia prima del historiador, la fuente judicial configura un mundo del cual pueden inferirse las formas y los fundamentos ideológicos del Estado como disciplinador de la sociedad, como creador de dispositivos de control que sirven para vigilar y castigar.

En el gran cuerpo de papel que es cada expediente aparecen declaraciones, testimonios, sentencias, comunicaciones entre distintas dependencias judiciales y policiales, cartas del imputado o castigado, planillas … y planillas. En esa superproducción burocrática pueden ser exploradas –en primera instancia- la tecnología del soporte papel, las caligrafías, las firmas con sus ornamentos, los nombres y sus características, los sellos. Esos son signos externos que no son menores y que por sí mismos presentan ya un signo de época. Corriendo ese primer velo, pueden conocerse palabras, usos lingüísticos, ámbitos de sociabilidad y comportamiento de los actores sociales. Y mas atrás aun, aparecen los modos de concebir el derecho y su administración, las formas de llevar a cabo los juicios y los procedimientos por los que la autoridad se conduce.

Acusaciones, defensas, sentencias aluden a formas de concebir e interpretar las reglas y también las formas de ponerlas en tensión o legitimarlas. Por lo tanto, el relato, las palabras dichas permiten inferir identidades sociales y formas de representación de sí mismas y de los demás. A partir de él pueden reconstruirse las lógicas y la pluralidad de los contextos de acción de los protagonistas.

Quiere decir entonces que tanto como para reconstruir y explicar los comportamientos delictivos, la fuente judicial es útil al historiador social para la recreación de las estrategias y prácticas disciplinarias asumidas por el Estado frente al conflicto. El sistema puni

tivo implementado por el Estado aparece en general como eco o reproducción del imaginario social acerca del delito. Pero también, en la mayoría de los casos está asociado a cierta necesidad de los sectores dominantes de imponer disciplinas que sean reaseguro de los factores de su dominación.

Sea cual fuera el sistema punitivo -una forma adquirió con la criminología positivista y otra distinta con la reforma carcelaria del peronismo, por ejemplo-, el Estado siempre reconoce su derecho a privar de la libertad y a aprovechar ese lapso para someter al penado a un régimen coercitivo de disciplina, trabajo y educación.

La visión del mundo del delito y las estrategias y prácticas disciplinarias que en ella aparecen, han llevado a una revaloración creciente de la fuente judicial por parte del historiador.

Esta fuente no tradicional se transforma así en una especie de observatorio de la sociedad, en el que lejos de aparecer como algo unívoco, el pasado se tiñe de cierto tono caleidoscópico, de diversidad. Y al aparecer como expresión del conflicto, esta diversidad se torna más palmaria y útil.   

La estimación de la utilidad de la fuente judicial encuentra su enclave en las características que en los últimos años ha tomado la historia social. Desde mediados de la década del 70, nuevos aires de renovación llegaron a la disciplina desde Gran Bretaña, Francia e Italia. Un aspecto al menos uniría esos aires: quedaba en segundos planos la intención de la historia de llevar a cabo explicaciones comprensivas de la totalidad de los procesos históricos. Una de las viejas preocupaciones, pero con criterio renovado, era la vida de los sectores populares en el pasado, la historia de la gente corriente. Hubo una reconsideración de los sujetos históricos y, más que de abstracciones o colectivos, la historia social se ocupó de sujetos individuales, de la familia, de los comportamientos, de la vida cotidiana. Se centró en la reconstrucción de la experiencia de un conjunto de personas antes anónimas, que fueron puestas en escena, y se transformaron en nuevos protagonistas de una historia desde abajo.

Sin partir de las abstracciones que habían caracterizado formas anteriores de conocer a los sectores populares, el historiador infiere el contexto a partir de una reducción de escala y del análisis de casos, de individuos o grupos particulares con sus variantes estrategias de relación y los diversos modos de conformar sus prácticas.

El cambio de perspectiva desde donde mira su objeto y los modos de análisis y exposición escrita de lo que recrea, hicieron que el historiador social necesitara corpus documentales alternativos a los tradicionales. A lo largo de sus más de diez años de vida, el Gehiso (Grupo de Estudios de Historia Social, UNCo) ha tomado influencia de estas corrientes y en este contexto del estado actual de la disciplina inscribe parte de sus prácticas historiográficas. Por eso actualmente está en proceso de recuperación de fuentes penitenciarias.

 

Un proyecto de extensión

Dentro del marco institucional de la Universidad del Comahue, los proyectos de extensión pretenden vincular a la universidad con el medio. Las vías posibles de esa vinculación son diversas. En este caso, en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales se tiende a la recuperación, protección y clasificación de fuentes penitenciarias de la época de Río Negro como territorio nacional. Se trata de más de 4.500 prontuarios de reclusos de la Unidad Penitenciaria Nº 5 de nuestra ciudad, que fueron cedidos en préstamo y custodia a la facultad. Para el tratamiento de un corpus documental tan numeroso se hizo necesaria una fuerte vinculación interinstitucional, que contó con el apoyo del subprefecto Grobli -ex director de la U5-. No faltaron también colaboraciones del personal y en alguna ocasión de ciertos internos.

Los documentos han sido trasladados a la sede de la facultad. Una vez clasificados los prontuarios, y en tanto continúe su cesión en custodia, se creará un centro documental de interés para historiadores, cientistas sociales o público en general.

De esta manera, contribuimos desde nuestra tarea a no sepultar por segunda vez las vidas hundidas en el archivo y a facilitar la reconstrucción de algunos de los modos de infringir la ley y del disciplinamiento por parte de la autoridad en el ámbito local.

 

(*) Gehiso-Fadecs, UNCo