Huentelaf y Acosta: están los votos para el juicio

RÍO NEGRO

La Sala Acusadora recibirá el pedido de enjuiciamiento contra los vocales del Tribunal de Cuentas, Juan Huentelaf y Erika Acosta, en la primera quincena de marzo. Su Comisión avalará la denuncia original del exlegislador Daniel Cortés y el oficialismo tiene votos suficientes para la suspensión preventiva de los miembros del órgano de control, que puede extenderse hasta 30 días hábiles.

Ayer, la presidente de la Comisión Acusadora, Tania Lastra confirmó que «el 1 de marzo, con el nuevo Período Ordinario, se inicia la cuenta de 10 días (hábiles) pendientes (de los 40 iniciales) para formalizar un dictamen ante la Sala». De esta manera, ese informe y el consecuente análisis para abrir el juicio político contra Huentelaf y Acosta será en la segunda semana de marzo.

Lastra entendió que «inicialmente hay elementos suficientes para avalar las acusaciones de Cortés», lo cual determinaría las suspensiones automáticas de Huentelaf y Acosta.

Ese aval de la Comisión estaría garantizado por su integración, con Lastra y los legisladores Roxana Fernández, Leandro Tozzi y Adrián Casadei.

La Sala Acusadora también se inclinaría por avanzar en el juicio político, considerando el voto coincidente de oficialistas y radicales, reunidos por las ofensivas del Tribunal, entre ellas, las resoluciones condenatorias por los gastos reservados de la Legislatura. Estos fallos determinaron que los vocales denunciados plantearan las recusaciones de varios legisladores integrantes de las salas, pero esa pretensión no prosperó porque los involucrados rechazaron esos planteos.

Además de los miembros de la Comisión, la Sala Acusadora está conformada por los oficialistas Ricardo Ledo, Arabela Carreras, Rubén López, Beatriz Contreras, Miguel Vidal, Norma Dellapitima y María Geminagni. Acompañarían, además, el arriaguista Matias Gómez Rica y la mayoría de los miembros del radicalismo, integrada por Bautista Mendioroz, Daniela Agostino, Francisco González, Leonardo Ballester y Marta Milesi.

La defensa se limitaría a los diputados alineados con el justicialismo orgánico, como Luis Esquivel, Susana Dieguez, Martín Doñate, Silvia Horne y, también, Ana Piccinini.

Así, el oficialismo lograría los 16 votos para suspender a Huentelaf y Acosta durante el proceso de juicio. Aceptada la denuncia por la Acusadora, el «acusado queda suspendido en sus funciones, sin goce de sueldo» (artículo 155 de la CP) pero la Sala Juzgadora debe fallar «antes de los 30 días» (art. 157), siempre considerándose como hábiles.

El oficialismo, en principio, no tienen mayoría en la Sala Juzgadora entonces el fallo final se estima será favorable para los miembros del Tribunal.

El año pasado, los vocales Huentelaf y Acosta procuraron la intervención del Superior Tribunal de Justicia con las recusaciones de legisladores investigados por el órgano de control y, actualmente, partícipes del proceso de investigación. En diciembre, el cuerpo judicial rechazó el amparo de los imputados porque no existe todavía ninguna resolución definitiva que merezca la intervención judicial con esa figura excepcional.

La denuncia de Cortes, otro de los investigados por gastos reservados, está centrado que Huentelaf y Acosta violentaron las normas para percibir remuneraciones indebidas a partir del «dictado de resoluciones internas que violentan las disposiciones constitucionales y legales». Consdieró que se «violentó el límite de la Constitución Provincial y la ley 2747. Al imponer este nuevo e ingenioso método de liquidación, un miembro del TC, con escasa antigüedad, percibe una remuneración muy superior a legislador». (AV)