Ideas para un proyecto de desarrollo frutícola

Hace algún tiempo nos referimos en estas páginas a las diversas situaciones que atraviesa la fruticultura regional (“El fin de la fruticultura”, 6/1/2011) dibujando un cuadro general. Hoy, asumidas las nuevas autoridades de Río Negro, a poco de tomar su cargo, comunicaron la elaboración de un plan frutícola integral para el sector. Para pasar el trance, se anunciaron subsidios por 30 millones de pesos y la creación de una secretaría de Comercio Exterior. Integrantes del nuevo gobierno provincial, al alba de su asunción, llegaron a preguntarse si tenía algún sentido seguir intentando rescatar la actividad, la cual parecía perdida. Ya no hay subsidio que valga. Por más millones que se inyecten anualmente para paliar en una temporada la compra de insumos, el pago del canon de riego o las tareas culturales, si no se abordan cuestiones matrices que hacen a su funcionamiento, no hay viabilidad alguna de mantenimiento del statu quo conocido. La rentabilidad tiene una incidencia directa con el valor del tipo de cambio, en tanto se trata de una actividad vinculada fundamentalmente al comercio exterior. La Argentina, encuadrada aún en el patrón dólar, define de esa forma su política importadora y exportadora y transa en esa moneda la gran mayoría de sus productos. Hoy atravesamos un período de tipo de cambio administrado que viene perdiendo competitividad desde hace unos cuatro años, y la fruticultura no ha sido inmune a ello. Dado el alto valor agregado del producto (mano de obra, embalaje, fletes, que alcanza casi el 72% del costo), el retraso cambiario –que impacta sobre el valor recibido por la fruta– afecta directamente en los sectores más débiles del negocio, que no se hallan integrados. La acelerada concentración (tanto en superficie implantada como en empaque y comercialización) resulta el fiel reflejo de “la mano invisible del mercado”, que ha ido reacomodando el sector de acuerdo a la fuerza de que puedan disponer los actores involucrados. El más chico, el que no se halla integrado, el que no dispone de tecnología y recursos de capital adicional, desaparece irremediablemente. Este concepto de competencia resulta absolutamente disfuncional a un mercado en equilibrio y desarrollo. Un plan integral frutícola debería por lo menos involucrar a la provincia del Neuquén –que se diferencia solamente del cuadro expuesto por la magnitud de sus subsidios a la actividad–. Ambas Legislaturas provinciales deben encarar la creación de una junta interprovincial de la fruticultura para abordar íntegramente la problemática del sector. Ya no se trata de preconceptuar que por resultar un organismo con participación de los Estados provinciales fracasará por su burocracia y corrupción. Debemos partir sobre la idea de múltiples actores vinculados y de Estados responsables que, a través de sus representantes, articulen un funcionamiento regular y sujeto a la finalidad de creación de la junta. En Chile, la mesa frutícola y la Fundación Pro Chile, las juntas frutícola de Sudáfrica, los planes gubernamentales con aranceles y costos diferenciados en Australia y Nueva Zelanda, el plan frutícola integral de Brasil son algunos de los ejemplos que demuestran la fuerte planificación en países que tienen un desarrollo exitoso de la actividad. Recordemos que la crisis del treinta y las guerras intermedias originaron una serie de juntas y comisiones reguladores de las distintas actividades productivas del país, a los fines de protegerlas de las políticas arancelarias extranjeras en el marco de una depresión mundial. La junta interprovincial frutícola del Alto Valle de Río Negro y Neuquén deberá integrarse como un organismo mixto de derecho público, autárquico, incorporando a los actores principales del negocio. El sector gubernamental, productor, empacador, obrero y de la industria juguera, acompañados por el INTA Alto Valle y la Universidad Nacional del Comahue, deberán integrarse con una presidencia rotativa y un comité ejecutivo que llevará a la práctica las políticas comerciales de la junta y gerencias por sector de actividad. Las subsecretarías y organismos provinciales del sector deberán ser reestructurados y parcialmente integrados a la junta interprovincial para eficientizar costos de funcionamiento. La junta tendrá por funciones otorgar permisos de exportación de frutas frescas y jugos concentrados, fijará precios mínimos por temporada teniendo en cuenta costos de producción y promedios de mercado, pudiendo en períodos excepcionales nivelar la oferta adquiriendo los excedentes para luego comercializarlos con los exportadores del sector o en el mercado interno. La junta deberá promover el asociativismo del sector (cooperativas, productores integrados, grupos de empacadores y exportadores, etc.), fijar acciones de sanidad productiva, coordinar políticas de promoción y comercialización interna y externa, impulsar planes de financiamiento para la implantación productiva, tecnología e infraestructura con bancos públicos y privados otorgando subsidios sobre tasa de interés. Cada año, conjuntamente con los ministerios de Trabajo de la Nación y de ambas provincias, convocara a partir del 30 de septiembre las paritarias de los diversos sindicatos de la actividad, a los fines de consensuar salarios de temporada hasta el 30 de noviembre, pudiendo en caso de controversia emitir un laudo laboral de carácter obligatorio. La junta deberá consensuar junto con el Ministerio de Economía de la Nación la fijación de un tipo de cambio administrado (dólar-fruta, divisa-administrada, etc.) que permita la competitividad externa, posibilitando niveles de rentabilidad al sector. Evaluará junto al Ministerio de Economía la aplicación o eliminación de retenciones a la exportación de acuerdo al ciclo económico que evidencie el sector, a los fines de no obstruir su desarrollo. Los reembolsos por puertos patagónicos deberán adjudicarse a los exportadores y productores en orden a la participación de cada uno en la mercadería exportada. Es imprescindible la recuperación e inversiones necesarias en el puerto de aguas profundas de San Antonio, donde deberá tener participación activa la provincia del Neuquén. La concesión otorgada a una empresa privada ha significado la motorización de un proyecto de concentración comercial externa, debiendo el Estado recuperar ese instrumento. La renegociación de sus condiciones, incluyendo la coadministración y uso del puerto (intentando respetar los contratos vigentes), es vital para abordar cualquier proyecto de fruticultura. La junta debe intervenir en una negociación global de los fletes marítimos para democratizar la exportación no sólo en grandes volúmenes sino también con frecuencias permanentes donde pequeños y medianos exportadores puedan desarrollar la continuidad de una política exportadora. La junta deberá ser la principal base de información de la actividad frutícola regional, elaborando proyecciones de producción, industrialización y comercialización interna y externa. La unificación de una marca común para la exportación, como “producción de la Patagonia argentina”, y la certificación de calidad por la junta darán valor agregado en origen al producto y marca país. La financiación de la junta se constituirá con aportes iniciales de ambas provincias, avaladas por las leyes correspectivas de creación, las que fijarán una tasa o contribución de hasta un 5% de todas las transacciones de venta del sector (incluidas las del productor primario, comercialización interna y externa), con un sistema de recaudación estricto y sancionatorio para el caso de incumplimiento. Se constituirá asimismo un “fondo anticiclo” con excedentes operativos para acentuar y financiar los subsidios de tasa de interés bancaria antes explicados. Asimismo deberá regularse la registración de los contratos en forma obligatoria para cada operador –bajo sanciones de multa o pérdida de beneficios– para todas las transacciones de compra-venta de fruta al productor primario, o de comercialización interna o externa, con exhibición de facturas y liquidaciones finales que deberán ser registradas por el organismo. Para finalizar, sólo diremos que estas breves ideas no son un salto de voluntad, ni menos aún un regreso al pasado, sino un intento de ubicarnos en el contexto y situación de una actividad a la deriva. Es necesario defender las economías regionales que tengan cualidades competitivas, dado que el mundo se ensombrece en una carrera de proteccionismo y crisis que lejos está de amainar. (*) Abogado. Docente de la UNC, Facultad de Economía

DARÍO TROPEANO (*)