Idoneidad y periodicidad

El Poder Ejecutivo rionegrino registra algo más de 320 funcionarios. Muchos de ellos labraron o consolidaron su formación técnica y profesional en funciones estatales a las que llegaron por su original pertenencia política.

A esto es necesario sumar que la crisis del Estado derivó en una devaluación de los cuadros técnicos de la Administración: las restricciones a los ingresos normales por concurso, las masivas incorporaciones a planta permanente de personal temporario poco calificado, los retiros previsionales de los cuadros profesionales y algunas desvinculaciones fueron las razones centrales.

Muchos funcionarios políticos se formaron técnicamente, y actualmente se da una situación paradójica: como políticos, es innegable su influencia sobre la Administración en su conjunto. Como técnicos, son producto de una fuerte inversión del Estado en ellos, mayor a la que suele realizarse en los profesionales de planta. El crecimiento técnico del equipo de Hacienda y Rentas es muestra evidente.

Lamentablemente estos casos no son mayoría en el Estado provincial. Hay ejemplos de funcionarios que no han aportado para el mejoramiento del Estado o de sus fines, es decir, para un mejor servicio a los contribuyentes. Esto, cuando no constituyen un vergonzoso error político.

Este relevamiento no incluye a quienes continúan en el Estado por un cargo electivo provincial o municipal. Esto responde a una elección de la ciudadanía, que -en todo caso- merece un análisis especial.

La Constitución señala que la idoneidad y la eficiencia son condiciones para el ingreso y permanencia de los empleados públicos. Si bien no obliga para la designación de los funcionarios públicos, se afirma a nivel doctrinario que igual requisito debe regir para quienes son designados por el poder discrecional de quien ocupa un cargo electivo o una función delegada por éste.

Este criterio llega incluso a que la «idoneidad moral» haya sido invocada recientemente -en forma por cierto discutible- para evitar el ingreso al Parlamento de un dirigente elegido por el voto popular.

Y el tema es inseparable de una aseveración: la periodicidad de los mandatos es uno de los requisitos esenciales para la organización de una república, y esto implica no sólo a los cargos electivos. La permanencia durante muchos años en una misma función tiende a confundir la función con una propiedad personal, acentúa las rutinas y tiende a relajar los controles.

En definitiva, muchos de los que -beneficiados por la sucesión de gobiernos radicales- ocupan desde hace diez, quince o más de 20 años un cargo en el Estado no pueden invocar ser irreemplazables. Ni tampoco ser los mejores. Sólo quedan.